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Por más de dos horas, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán escuchó a una delegación argentina de organismos de derechos humanos y abogados. En sus oficinas de Lima, Perú fue informado de la alarmante situación de la independencia del Poder Judicial en nuestro país.
“Fue un encuentro muy importante. Nos fue muy bien”, evaluó el abogado penalista Maximiliano Rusconi al regresar a Buenos Aires. En diálogo con PáginaI12 detalló que García Sayán les pidió un informe pormenorizado con los hechos concretos de los últimos años que hayan constituido una violación a la independencia judicial. “Con esa información luego el relator se comunicará con el gobierno argentino para eventualmente concretar un encuentro formal”, informó Rusconi.
En una carta presentada ante esa comisión de las Naciones Unidas, las organizaciones advirtieron sobre el estado general de la Justicia argentina desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y le reclamaron a la ONU la intervención. “Nuestro país atraviesa una de las peores crisis institucionales sobre el rol del Poder Judicial”, señaló el escrito.
En la reunión formalizaron además el pedido para que viaje a la Argentina e intervenga “en favor de la protección de las garantías básicas individuales y del principio orgánico de independencia judicial esencial para la subsistencia republicana” y “para comprobar in situ la gravedad de los hechos denunciados”.
La delegación que viajó a Perú estuvo compuesta por José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social de La Plata; y Maximiliano Rusconi, de la organización Iniciativa Justicia.
El relator ya recibió varios pedidos de intervención. Una de las presentaciones colectivas fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Allí calificaron al accionar del Poder Ejecutivo Nacional como “un plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura” con el objetivo de “la persecución de los jueces independientes, el armado de causas fraudulentas como método de persecución de los opositores y la digitación de los nuevos jueces”.
