La puja con los fondos buitre condicionó el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El macrismo “resolvió” el problema accediendo a todas las demandas. Los términos del “acuerdo” fueron muy criticados por el kirchnerismo y por Roberto Lavagna. El flamante precandidato presidencial de “Consenso Federal 2030” sostuvo que “el kirchnerismo para resolver 90 mil millones de dólares, emitió 35 mil, el gobierno de Macri para resolver menos de 5 mil millones, emite 12.500 millones”.

Lo cierto es que los buitres continúan revoloteando sobre la Argentina.   Por caso, Aurelius reclamó 87 millones de dólares (más intereses, gastos y punitorios) por falta de pago del cupón PIB 2013. El fondo buitre argumenta que se modificó la base de cálculo para evitar el pago (que se gatillaba con un crecimiento del 3,22 por ciento anual). Según el Indec, el crecimiento de ese año fue del 2,8 por ciento. El periodista Carlos Burgueño explica que “según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5 por ciento, con lo que pagar el Cupón PIB hubiera sido obligatorio”.

Los buitres también están detrás de los juicios por las expropiaciones de YPF y Aerolíneas. En este último caso, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) condenó al país a pagar 320 millones de dólares en concepto indemnizatorio en 2017. El gobierno argentino solicitó la anulación del laudo pero el planteo fue rechazado en mayo de este año.

La gestión privada (Iberia, Marsans) al frente de la línea aérea fue desastrosa. A tal punto que la justicia española condenó al ex presidente de Marsans (Gerardo Díaz Ferrán) por malversación de fondos en Aerolíneas Argentinas. Al momento de la expropiación, la Auditoria General de la Nación determinó que el patrimonio de Aerolíneas-Austral era negativo en 2500 millones de pesos. Por su parte, el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó que el valor negativo patrimonial ascendía a 832 millones de dólares.

Aun así, el grupo español demandó al Estado argentino ante el Ciadi. El reclamo original era por 1036,2 millones de dólares. El representante legal de Marsans fue el Estudio Jurídico Bruchou, Fernández Madero y Lombarda. Uno de sus socios era Siro Astolfi. El vínculo de ese joven abogado con Aerolíneas Argentinas no concluiría allí. A fines de 2016, el gobierno nacional designó como presidente de la línea de bandera a Mario Dell’Acqua. El ex ejecutivo de Techint confesó que necesitaría ayuda porque “no conozco nada de una compañía aérea”. ¿Quién lo acompañó en esa tarea? Siro Astolfi. El abogado recaló como director y vicepresidente Ejecutivo de Aerolíneas Argentinas. No fue el único caso de salto al otro lado del mostrador.

Diego Fargosi (socio del estudio jurídico fundado por su padre Horacio Fargosi) también fue designado en el directorio.  ¿Quién fue Horacio Fargosi? En 2006, los sindicatos de pilotos y técnicos aeronáuticos denunciaron su corresponsabilidad en “la ominosa administración de nuestra aerolínea de bandera que culminó con su vaciamiento y presentación en concurso de acreedores en junio de 2001 por parte de la sociedad española SEPI, entidad que designó precisamente al estudio jurídico Fargosi & Asociados, como patrocinante legal de Aerolíneas Argentina en dicho concurso”.

El sitio especializado Aviación en la Argentina sostiene que “él era el verdadero Presidente de Aerolíneas en la gestión vaciadora de AirComet Marsans, siendo además el dueño de Interinvest, la sociedad instrumental tenedora de acciones a Aerolíneas Argentinas y Austral”. El laudo del Ciadi ya no beneficia a Marsans. La mayor parte de los derechos del juicio fueron comprados, por apenas 12,4 millones de dólares, por Burford Capital Limited. Lo que se dice una historia de buitres y puertas giratorias.

[email protected]

@diegorubinzal