El modelo de crecimiento industrial, la posibilidad de generar empleo de calidad, la capacidad de un desarrollo regional armónico, la potencialidad de las compras públicas como reactivador de una economía en recesión, el nivel de concentración de la economía, el intercambio con Brasil. Todo, prácticamente todo el espectro de la economía real, queda comprometido en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, al cual se le dio forma y contenido este viernes en Bruselas pero aún debe recorrer varios pasos legales –incluso su aprobación parlamentaria– antes de entrar en vigencia. Las expresiones de apoyo y críticas en el frente empresario en estas primeras horas dejan ver de qué lado están las mayores expectativas (grupos concentrados y grandes corporaciones locales, muchas asociadas al capital extranjero) y dónde están los mayores temores (empresarios nacionales dependientes del mercado doméstico, pymes, a los que se suman sindicatos de trabajadores industriales y de servicios). Para el gobierno de Mauricio Macri, la firma del Tratado es una culminación de mandato coherente con la orientación y el propósito que orientó su gestión, claramente representado en su visión de cómo debía insertarse la economía argentina en el mundo. Del abrazo de Alfonso Prat-Gay con Luis Caputo de abril de 2016 al cerrar el acuerdo de pago a los fondos buitre, al de este viernes en Bruselas entre Jorge Faurie y Dante Sica, la euforia y la celebración de este gobierno de Cambiemos exuda dependencia.

 La Unión Europea le bajará los aranceles a la compra de productos del Mercosur tanto de origen agrícola como industrial. El Mercosur hará lo propio sobre los productos europeos. Los europeos debieron superar el escollo de las objeciones que hacían a la apertura países en los que el lobby de las corporaciones agrícolas es fuerte, como Francia o Irlanda. Para lograr su adhesión, le impuso al acuerdo con el Mercosur el condicionamiento de una apertura gradual (año a año) y con cupos de importación. Es decir, que el arancel cero no será inmediato ni por cantidades ilimitadas para las ventas desde esta parte del mundo. Por ejemplo, las exportaciones de carnes refrigeradas y congeladas del Mercosur deberán respetar un cupo anual de 99 mil toneladas, al que se llegará recién en seis años y pagando un arancel del 7,5 por ciento. El arroz se podrá exportar sin arancel pero con cupo, que alcanzaría las 60 mil toneladas anuales recién a los seis años de entrada en vigencia del acuerdo. Carnes de ave, 180 mil toneladas sin arancel en cinco años. El azúcar, cuota de 180 mil toneladas, pero desde el primer año y sin arancel. Miel, con un tope de 45 mil toneladas los primeros cinco años, luego libre. 

 Hay otra extensa lista de productos que podrán exportarse sin arancel ni cuota, pero recién luego de cuatro a diez años, según el rubro. Allí están incluidos los limones, naranjas, mandarinas, fruta fina (arándanos, frutillas), pesca y conservas de pescado, hortalizas y plantas y tubérculos alimenticios, entre otros. Para tranquilidad de los lobbies agrícolas europeos, la Unión le agregó al tratado una cláusula según la cual “los estándares de seguridad alimentaria europeos quedarán protegidos en el acuerdo, sin cambios, y todas las importaciones tendrán que cumplir con ellos”. Pero va más allá incluso cuando indica que “las autoridades europeas podrán actuar para proteger la salud humana, animal, vegetal o medioambiental frente a riesgos incluso si los análisis científicos no son concluyentes”. No es demasiado audaz suponer que las normas sanitarias y fitosanitarias seguirán funcionando, en Europa, como una traba extraarancelaria a las importaciones, como ha sucedido históricamente, lo cual parece haberle calmado los nervios a los lobbies agrícolas. El texto de esta cláusula se puede encontrar en la información dada por la Comisión Europea, pero no en el resumen que distribuyó la Cancillería argentina.

 En lo que respecta a productos industriales, la Comisión Europea destacó los rubros en que los que centra mayores expectativas de incrementar sus exportaciones a América del Sur. “El acuerdo impulsará la exportación de productos industriales europeos al eliminar los aranceles del 35 por ciento para los vehículos, entre 14 y 18 por ciento para los componentes de automóviles, entre 14 y 20 por ciento para la maquinaria, hasta el 18 por ciento para los químicos, hasta 14 para los productos farmacéuticos, el 35 para los textiles y calzado o el 26 para los tejidos de punto”. Además, agrega que “el sector agroalimentario de la UE se beneficiará de la reducción de los aranceles elevados del Mercosur sobre chocolates y confitería (20 por ciento), vinos (27), licores (20 a 35) y refrescos (20 a 35)”.

 Para los defensores del acuerdo, la apertura será un desafío para los sectores industriales a mejorar su productividad frente a la mayor competencia extranjera. Para especialistas en la materia consultados por este diario, como Carlos Bianco (ex funcionario en Cancillería en Relaciones Económicas Internacionales) o Paula Español (ex secretaria de Comercio Exterior), un esquema comercial como el propuesto derivaría en una ola importadora que barrería con toda chance local de seguir manteniendo una presencia protagónica en rubros como autopartes, automotor, bienes de capital y todo otro rubro con exigencias tecnológicas de mediana a elevada. Agregan, además, que la industria nacional no sólo se vería perjudicada por el ingreso de productos industriales al mercado local, sino también por su mayor participación en la plaza brasileña. Brasil es el principal mercado para las exportaciones industriales argentinas, en el que, en el marco del nuevo acuerdo con la UE, podría quedar absolutamente desplazadas. La penalización y pérdida de mercados podría suponer la desaparición de sectores industriales completos. Justamente, entre ellos algunos de los considerados más mano de obra intensiva.  

Compras públicas

Con razón y justificado entusiasmo, la Comisión Europea destaca que “el acuerdo abrirá nuevas oportunidades en el Mercosur para las empresas europeas que participan en licitaciones públicas de los gobiernos o que proveen servicios informáticos, de telecomunicaciones o transportes, entre otros”. De acuerdo a lo que trascendió, en la última etapa de negociación el Mercosur cedió también en incorporar las licitaciones de obra pública entre los rubros de contrataciones con acceso abierto al capital europeo, como para hacer más atractiva la rúbrica del tratado. Este hecho sin precedentes significaría, de concretarse, que un número significativo de proveedores locales del Estado podrán quedar desplazados por la participación en las licitaciones de firmas europeas, ya sea en la provisión de bienes o de servicios. Para una economía herida estructuralmente como la argentina, con una crisis que en los últimos años dañó el nivel de consumo hasta paralizarlo en sus capacidad de ser un motor de tracción de la economía; sin el impulso de inversiones productivas, ni el empuje de exportaciones que expandan la demanda, las compras del Estado podían representar la bala de plata. El tratado supondría resignar este último recurso.  

 La propia comunicación oficial europea señala los rubros de compras públicas que le generan mayor expectativa: servicios informáticos, de telecomunicaciones y transporte. Se trata de sectores en pleno desarrollo, en los que Argentina podría obtener importantes ventajas alentándolos por vía de la demanda estatal. También en este sentido, la apertura a la oferta extranjera debe traducirse como un retroceso. 

Otras asimetrías 

Del resto de los capítulos del tratado entre Unión Europea y Mercosur surgen toda una serie de asimetrías, relacionadas a cláusulas claramente favorables a los países que ocupan un rol dominante en Occidente. Ejemplo de ello es la extensión en la vigencia de patentes, un requerimiento recurrente de la industria farmacéutica y de agroquímicos de los países europeos; las facilidades de navegación fluvial que se le otorgará a las flotas europeas en ríos y mares internos del Mercosur, y la protección de las llamadas “indicaciones geográficas”. Dice el texto distribuido por la Comisión Europea: “Los países del Mercosur también aplicarán garantías legales para proteger 357 indicaciones geográficas” de productos europeos. Qué significa esto: que ciertas denominaciones de productos vinculadas al origen geográfico del mismo, no podrán mencionarse como tales si no son estrictamente los provenientes de ese origen. Pasará con muchas variedades de queso: muzzarella, reggianito, parmesano, y con otras especies de aceites o jamones, o bebidas (champagne), que adoptaron como nombre comercial el de origen histórico. Ahora sólo los importados podrán usar la denominación.   

Pese a su trascendencia, el acuerdo se firmó sin debate ni exposición ante los sectores interesados. Ni siquiera se conoce que se hayan hecho al menos ejercicios de riesgo de impacto sobre los sectores afectados. Todavía queda la instancia de discusión y cuestionamiento, antes de que llegue al Congreso. Ahí se jugará la suerte de más de una actividad productiva.