Los obispos católicos que integran la Comisión de Pastoral Social cerraron en Mar del Plata la "Semana Social" de la Iglesia emitiendo un documento en el que señalan que "la cuestión del trabajo" es urgente y "no solo para alcanzar el salario mínimo vital y móvil, que ya en sí mismo es un asunto de justicia", sino "porque el trabajo de todas y de todos es fundamental para estructurar la vida y el desarrollo integral de cada persona, de la familia, y de la Patria". El equipo de obispos que encabeza Jorge Lugones hizo suyos diferentes diagnósticos aportados por los participantes al encuentro, criticó el "capitalismo de base extractivista" y pidió que "no nos dejemos robar la alegría del trabajo".
Los obispos recogieron de los participantes e hicieron suyas afirmaciones respecto de que "el grado de desigualdad social en que estamos sumergidos es muy grande y peligrosísimo para nuestro país", el pedido de "direccionar la economía hacia un modelo que abandone la especulación y estimule la cadena de valor y la producción", criticaron por "confiscatorio" el sistema impositivo y señalaron que "son los trabajadores quienes crean la riqueza y no la riqueza quien crea trabajadores".
Respecto de la "tecno-economía", el documento episcopal sostiene que "el nuevo paradigma debe servir a la promoción humana y la dignidad del trabajo antes que a la reproducción de nuevas formas de descarte de los trabajadores".
En la ocasión, la Comisión de Pastoral Social lanzó también "un llamado inminente a custodiar el hábitat como un legado a preservar de la acción predatoria llevada adelante por el capitalismo de base extractivista, que contamina las aguas, que promueve la tala indiscriminada de árboles sin reparar en las consecuencias climáticas, que degrada los suelos y pone la vida en peligro mediante el uso excesivo de agrotóxicos".
En la misma línea, los obispos dijeron: "Nos unimos fraternalmente a los esfuerzos que está haciendo la Iglesia Particular de Neuquén que, junto a su obispo (Fernando Croxatto), en estos días ha emprendido una fuerte defensa de los bienes de la tierra, especialmente del agua".
En el texto se resalta el aporte de los jóvenes porque "reconocemos en ellos que no son sólo el futuro, ya son el presente y tienen palabras que debemos escuchar y una enorme generosidad para transformar la realidad". Por eso, dicen, "necesitan que les demos más espacio real tanto en los lugares de reflexión como así también en aquellos donde se decide, planifica y actúa".
En su intervención en uno de los paneles de la última jornada, el dirigente de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky denunció que el Gobierno "no escuchó a los trabajadores cuando se votó una ley contra los despidos y dejó el desempleo en manos del mercado logrando así que aumenten la desocupación, la pobreza y la desigualdad en forma dramática, con porcentajes que ya superan los dos dígitos". El legislador aprovechó la ocasión para sostener que el Congreso "difícilmente avalará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea firmado por el Gobierno". Dijo además que "un gobierno popular que resulte de las próximas elecciones deberá tomar nota de una situación dramática en lo social, con caída del empleo y de un país muy difícil de gobernar" y que será necesario un "contrato social" para "terminar con la idea de que las políticas las definen los mercados".
Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, sostuvo que la desocupación "es el motivo del grave problema de descomposición social que padecemos" y agregó que "el capitalismo destruye empleos, salarios y a las empresas a las que coloca en inferioridad frente a mercados internacionales". El dirigente social responsabilizó a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por el momento que vive el país y aseguró que "hay que volver a solidificar el mercado interno y rechazar definitivamente el manejo del Fondo Monetario Internacional sobre nuestra economía".
Julio Piumato, de la CGT, calificó como "dramática" la situación de los trabajadores, denunció la continuidad de políticas nacionales en contra del empleo y agregó que el FMI dicta las políticas del Gobierno porque "quieren nuestras riquezas naturales como garantía para cobrarse la deuda financiera".