A partir de este lunes la cuota de la medicina prepaga volverá a aumentar otro 5,5 por ciento. Es la tercera suba en lo que va del año y todavía restan dos más en agosto y septiembre de 6 por ciento cada uno. De este modo, el ajuste llegará al 34 por ciento en solo nueve meses. Un reciente informe de la Fundación de Soberanía Sanitaria advirtió que, cuando todos los aumentos ya autorizados entren en vigencia, el incremento acumulado durante la gestión de Cambiemos llegará al 255 por ciento. La cifra está en línea con la inflación, que hasta mayo acumula un 208,8 por ciento según el Indice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires, pero está muy por encima de la evolución de los salarios. La consecuencia de esta disparada de precios en un contexto de perdida generalizada de poder adquisitivo está provocando una disminución en el número de afiliados. La única respuesta oficial hasta el momento fue autorizar a las prepagas a ofrecer coberturas con menores prestaciones para retener a sus clientes.  

La suba que comienza a regir a partir de hoy fue autorizada el 29 de mayo por el secretario de gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, a través de la resolución 872/19, que también aprobó los próximos aumentos que vendrán en agosto y septiembre. La norma no explica por qué se autorizó esos porcentajes. Sólo dice que el artículo 17 de la ley 26.682 que regula a la medicina prepaga prevé que la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales y autorizará el ajuste de las mismas, “cuando dicho aumento esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgo”.

El Gobierno busca compensar a las empresas por el impacto de la inflación, pero la cuota se le aplica a miles de trabajadores que vienen registrando una pérdida significativa de su poder adquisitivo porque los aumentos salariales se ubican muy por debajo de la inflación. La Fundación Soberanía Sanitaria comparó lo ocurrido entre marzo de 2018 y marzo de 2019 y puede verse que mientras la cuota de las prepagas se disparó un 42,2 por ciento los salarios subieron 37,7 por ciento en promedio. Debido a ello, el plan de medicina privada tiene cada vez un peso más significativo dentro de la canasta de gastos de una familia hasta que ya no puede ser afrontado. 

No hay datos oficiales disponibles a nivel nacional que permitan observar la variación en la cantidad de personas con cobertura privada de salud porque el gobierno oculta la información amparándose en la ley de emergencia estadística. No obstante, de acuerdo a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citados por la Fundación Soberanía Sanitaria, la población con cobertura privada de salud cayó entre 2015 y 2018 del 32,8 28 por ciento. 

Las empresas estiman que las pérdida de afiliados del conjunto del sistema privado ronda el 15 por ciento en el último año y medio. Como respuesta a esa situación, han solicitado flexibilizar el nivel de cobertura para brindar planes más baratos y el Gobierno recientemente le dio luz verde a esa iniciativa. 

De este modo, los afiliados tendrán la posibilidad de contratar planes parciales que no cumplan con la totalidad del Programa Médico Obligatorio y por lo tanto, deberán pagar de su bolsillo por las prestaciones excluidas para poder acceder a ellas.

La Fundación Soberanía Sanitaria advirtió que la decisión es controversial porque la nueva reglamentación destaca, en su artículo 7, que “el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (ex Ministerio de Salud), podrá proponer nuevos planes de coberturas parciales a propuesta de una comisión formada, entre otros, por representantes de las empresas,  en un claro caso de conflicto de intereses”.

La Fundación Soberanía Sanitaria destacó además que el Gobierno introdujo otros cambios, todos a medida de los intereses empresarios:

  • “Simplificó” la solicitud de aumentos por parte de las prepagas al eliminar la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, responsable de la realización del análisis de la estructura de costos de las prepagas que permitía evitar aumentos abusivos.
  • Impuso un tiempo máximo de 45 días para que la Superintendencia de Servicios de Salud se expida respecto a pedidos individuales de cada Empresa de Medicina Prepaga y lo eleve al ex Ministerio de Salud para su aprobación. Ese plazo máximo antes no existía. 
  • Permitió cuotas diferenciales por enfermedades preexistentes. El decreto anterior estipulaba un plazo de 3 años dentro del cual las empresas podrían cobrar valores diferenciados por enfermedades pre existentes. Finalizado este período la cuota debería equipararse a la de los demás usuarios del servicio. En el nuevo decreto este plazo desaparece, quedando a criterio de la Superintendencia de Servicios de Salud la suspensión de esta cuota diferencial.
  • Permitió aumentos de cuota por edad de los afiliados “blanqueando” una acción que las prepagas venían realizando incumpliendo la ley vigente.