El Comité Nacional del Partido Obrero reconoció la ruptura que sacude a la agrupación trotskista. Las autoridades del PO (Néstor Pitrola, Romina del Plá, Gabriel Solano) acusan a Jorge Altamira,  Marcelo Ramal “y su grupo” de haber quebrado la organización. La principal conducta que les achacan es haber resuelto hacer campaña con la consigna “Fuera Macri”, decisión que el comité nacional del PO advierte que sumará votos “al pejotismo-kirchnerismo”. La dirección del PO no dice que expulsa a Altamira y su grupo, sino que los responsabiliza de haberse ido. Como sea, la ruptura es reconocida: expresiones como “formar su propia organización” y “final y sin retorno” son empleadas abiertamente en el documento difundido, en el que les endilgan a Altamira y Ramal el tener una “acción intrigante”. Por su parte,  estos dirigentes contestan que sí fueron expulsados y acusan a la dirección del PO de haber hecho espionaje de sus correos electrónicos, haberlos censurado en el periódico partidario y de estar vinculados a cambios de cerraduras y sustracción de objetos de valor en locales partidarios.

El quiebre se produjo apenas días después de que el Frente de Izquierda presentara sus listas de candidatos, donde figuran postulantes de los dos lados, como Fernando Ramal, hijo de Marcelo y dirigente de la FUBA, y Gabriel Solano, de la dirección del PO. 

En la dirección del PO dicen que las diferencias venían desde abril, cuando se hizo un congreso del partido y Altamira y Ramal quedaron en minoría. “Ellos perdieron la conducción y decidieron no acatar las resoluciones de ese congreso. Tenemos un modelo de centralismo democrático, adentro damos todos los debates, pero nadie sale públicamente con una posición contraria a la acordada”, decían anoche en el PO.

El comunicado les achaca a los disidentes haber realizado una asamblea en la que decidieron “hacer una campaña de charlas y difusión” propias, “al margen de las resueltas por la dirección del partido”. Esto fue considerado como “una política rupturista”.

“Es falso que nos fuimos. No quieren hacerse cargo de una política expulsiva”, dijo Marcelo Ramal ante la consulta de este diario. Con la firma de 750 militantes del PO, el sector también buscó hacer públicos sus argumentos, entre ellas la de que son más que “un grupo”. Lo hicieron con un manifiesto en el que se presentaron como una “fracción pública” del PO, una corriente interna. Ayer agregaron una respuesta al comunicado de la dirección del PO, a la que calificaron como “un aparato de funcionarios que violenta la democracia partidaria” y la acusaron de establecer “un régimen de censura, más grosero naturalmente que el que aplican la clase capitalista y su Estado, incluido el espionaje a los correos electrónicos de los cuadros más y menos destacados”. También sostuvieron que las diferencias vienen desde hace por los menos dos años e insistieron en que pueden actuar con una línea no aprobada en el congreso partidario. El documento agrega que “el rechazo a que una tendencia o fracción pueda hacer pública sus posiciones malversa al centralismo democrático”.