Pablo Verna declaró ayer como testigo en el juicio oral por la Contraofensiva de militantes montoneros llevados con vida a Campo de Mayo y luego desaparecidos. Es el hijo del médico y ex capitán del Ejército Julio Alejandro Verna. Verna, el hijo, contó ante los jueces lo que su padre admitió en privado, pero nunca ante la Justicia: que partició de los vuelos de la muerte inyectando tranquilizantes a las víctimas para adormecerlas. “Mi padre fue anestesista de los vuelos de la muerte”, declaró.
Verna, el padre, le contó a un familiar que inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río dentro de un Peugeot 504, consignó El Diario del Juicio de la Contraofensiva.
“Simularon que esas cuatro personas iban a un día de camping, con una canasta con sanguchitos, cañas de pescar y cuando caen con ese auto al río o arroyo, el agua ingresa a los pulmones y pierden la vida de esa manera”, relató Pablo Verna. Su padre tambi{en le dijo que sabía cómo se interrogaba en la tortura y que no estaba de acuerdo con las desapariciones sino que a los que llamaba subversivos había que fusilarlos en Plaza de Mayo.
El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín juzga desde principios de abril a nueve oficiales retirados del Ejército acusados de participar en los secuestros, torturas y homicidios de militantes que reingresaron al país en 1979 y 1980. Los acusados –Roberto Dambrossi, Luis Firpo, Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Carlos Casuccio, Raúl Muñoz, Marcelo Cinto Courtaux y Alberto Sotomayor– son todos del área de inteligencia, ya sea del Batallón 601, el Destacamento 201 o del Comando de Institutos Militares.
Miembro del colectivo Historias Desobedientes, de hijos de genocidas dispuestos a romper el mandato de silencio impuesto en sus hogares, Verna lleva años tratando de aportar lo que logró saber y cuestionando como abogado los artículos del Código Procesal Penal que impiden hacerlo a familiares de acusados. Ofrecido como testigo por la fiscal Gabriela Sosti y el querellante Pablo Llonto, ayer pudo declarar por decisión de los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, quienes lo autorizaron porque su padre no está entre los acusados. El otro argumento, planteado en el proyecto de ley presentado en 2017 por los hijos de genocidas y que Abuelas de Plaza de Mayo invocó con éxito años atrás para que la hermana de crianza de Juan Cabandié declarara sobre su apropiador, es que ya no hay vínculo familiar (el bien que en teoría protege el Estado) cuando lo hizo trizas precisamente el conocimiento de los horrores cometidos.
“Pude declarar sobre los hechos de los que tuve conocimiento puertas adentro de mi familia y me parece un hecho muy importante que el tribunal haya querido escuchar, porque junto con las compañeras y compañeros de Historias Desobedientes y otros tantos que tomaron distancia o bien no se acercaron, estamos del mismo lado ante el genocidio. Y esta barrera que estamos intentando por todos los medios romper, para poder hacer nuestro aporte en los juicios, de alguna manera lo estamos empezando a lograr”, explicó al Diario del Juicio.
Verna agradeció “a todos los organismos, las Madres, las Abuelas, (porque) gracias a su inmenso trabajo, incansable, noso- tros tuvimos oportunidad de percibir la mentira que nos fue impuesta”. “Lo que más quisiera es que los genocidas entiendan que hay un ocultamiento, una desa- parición de personas que siguen realizando cada día que pasa y que ya no se puede sostener. Somos los propios hijos los que estamos pidiendo algo tan simple pero tan importante como (el aporte de información a) los familiares que necesitan saber cuál fue el destino de sus seres queridos”, insistió en su reclamo.
En el primer turno, en tanto, declaró Luciana Milberg, abogada y sobrina de Raúl Milberg, militante desaparecido en el marco de la Contraofensiva. “Estamos reclamando por él y por todas las víctimas. El de Raúl no fue un caso aislado, formó parte de un grupo que ingresó al país, que cayeron todos efectivamente, y hay muchas pruebas de que todos ellos fueron secuestrados, uno atrás de otro, y todos fueron llevados vivos a Campo de Mayo, donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos”, explicó tras la audiencia, en la que además aportó documentación relevante. Un informe de inteligencia del Ejército que se llama Operativo Guardamuebles, con un capítulo específico donde el Ejército reconoce su intervención en estas caídas, en estas ‘bajas’ como las llaman. “Esto se vincula con un desclasificado de la embajada norteamericana en el que expresamente se consigna que (Horacio) Campiglia, que era quien estaba a cargo de este grupo que cayó sucesivamente, fue detenido en Brasil. Esto permite asociar un documento con el otro y ver que efectivamente todos fueron llevados a Campo de Mayo y fueron llevados vivos”, destacó.
