Diez absoluciones y una condena provocaron indignación y llantos, en el final del juicio por la explosión del edificio de calle Salta 2141, que terminó con la vida de 22 personas en agosto de 2013. "Es una vergüenza, puro teatro", repudiaron entre lágrimas los familiares de las víctimas. "El hilo se cortó por lo más delgado", sumaron los querellantes, ante la pena de cuatro años de prisión efectiva que alcanzó únicamente al gasista Carlos García, quien aquella mañana se disponía a cambiar el regulador del edificio cuando se produjo la fuga masiva de gas. Para el tribunal, se trató de "la mayor catástrofe en la historia de la ciudad", pero antes de dar a conocer la decisión advirtió "insuficiencia probatoria" para sostener todas las acusaciones. Afuera del Centro de Justicia Penal, algunos de los deudos siguieron la lectura por la pantalla gigante. Hubo gritos, reproches y en medio del dolor y la bronca surgieron cruces verbales entre algunos familiares con la familia querellante que salía de la sala.
Poco antes del mediodía, la Asociación Salta 2141 y organizaciones que acompañaron la lucha por justicia comenzaron a llenar el parque de Sarmiento y Virasoro. Por allí pasó apenas unos minutos la intendenta Mónica Fein, antes del veredicto. "Calle Salta marcó un antes y un después para la ciudad y para mi vida. Vine a saludarlos y a agradecerles que nos dieran un ejemplo de lucha y perseverancia", dijo.
Adentro los imputados ya esperaban sentados en sus lugares que entrara el tribunal. La jueza Marcela Canavesio empezó a leer el veredicto, pero antes quiso hacer aclaraciones. "Se trajo a juzgamiento una serie de hechos originados en el proceder de ciertas personas, cuyas conductas, a criterio del Ministerio Público de la Acusación y del querellante, se consideran ilícitas y productoras del resultado, por el delito de estrago culposo agravado. Se juzga si la tragedia tuvo su génesis como consecuencia de lo hecho por cada uno de los imputados u omisiones, en una supuesta cadena de responsabilidades. Se juzga un delito imprudente y no intencional. El tribunal tiene la obligación de fundar sus decisiones con argumentos jurídicos, y no de interés social", empezaron, y ya dejaban entrever su decisión. "Este tribunal carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la reiterada mención y alusión a comportamientos de personas jurídicas, como Litoral Gas o Enargas; quienes no han sido traídas a juicio resultan ajenas a toda decisión judicial", advirtieron.
También hicieron críticas a los acusadores: "Afirman que con sus conductas u omisiones, (los imputados) realizaron aportes que aumentaron el riesgo y, por lo tanto, incidieron directa o indirectamente en la producción del siniestro. Se advierte que dentro de la referida cadena de responsabilidades se prescindió de algunos de sus eslabones, como también que sus teorías del caso presentan fisuras argumentales que denotan cierta autocontradicción. Por ejemplo, se acusa a los integrantes de la administración del consorcio, por actuar junto con el gasista García a 'espaldas' de Litoral Gas, lo que hubiera permitido el acaecimiento de la tragedia: y, asimismo, se acusa al personal de la licenciataria, que desconocía los trabajos que iban a realizarse. A su vez, se acusa a un operario, cuya labor consistió en cerrar la llave de paso del edificio, (el 25 de julio de 2013); y, por el otro, a quienes rehabilitaron el servicio el día posterior". Para el tribunal, "tales puntualizaciones, debilitan la postura acusatoria". Y agregaron que se hizo una "errónea interpretación" de los testimonios de peritos, expertos y normativas de procedimientos vigentes; además de que encontraron "insuficiente o ausente justificación para validar, cierta e inequívocamente que las conductas revelan delito".
Por lo tanto, Canavesio leyó las absoluciones para la gerenta técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra; el jefe de mantenimiento de redes, Claudio Tonucci; tres inspectores de la empresa; los administradores del consorcio del edificio Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli. También desvincularon al ayudante del gasista condenado, Pablo Miño; y al gasista José Luis Allala, que hizo trabajos diez días antes del hecho.
En tanto, el tribunal aclaró que la condena contra García (que no se hará efectiva hasta que no quede firme), a cuatro años de prisión, fue una decisión mayoritaria (votada por Canavesio y Rodolfo Zvala), ya que el juez Carlos Leiva consideró que la pena debería ser de 3 años de cumplimiento condicional. Con ese argumento, entre otros, la defensa de García también apelará el fallo. "Somos optimistas para que haya una rebaja en la pena", dijo el abogado Hugo Buffarini.
Los fiscales, en tanto, aclararon que "el gasista está bien condenado"; pero manifestaron su disconformidad con las absoluciones. "Vamos a apelar y a agotar todas las instancias. Entendíamos que había elementos, una prueba contundente que avalaba la responsabilidad penal para condenar a nueve de los imputados (ellos excluyeron a Allala y a uno de los inspectores de Litoral Gas, que sí fueron acusados por los querellantes)", dijo la fiscal Graciela Argüelles. Al hablar de la prueba, agregó: "Los expertos nos hablaron del mal estado de la válvula de servicio y el mantenimiento de la misma es responsabilidad de la distribuidora. Además, la rehabilitación del servicio fue antirreglamentaria", aseguró.
El querellante Angelo Rossini también dijo que se insistirá "hasta las últimas consecuencias. Se tomó una solución fácil, porque esto es lo mismo que nada", dijo.
Repudios e impotencia. La bronca se hizo al instante. "Acá no hay ninguna sanción ejemplar, el único responsable no puede haber sido un gasista", dijo Anahí Salvatore, la sobreviviente que esperó horas en la ventana de su departamento para ser rescatada, aquella mañana. "Estamos solos, al desamparo, esto le puede pasar a cualquier ciudadano. Cayó un perejil nada más", agregó el hermano de Débora Gianángelo, querellante en el juicio. Su mamá, Sonia, sumó: "Veníamos con la expectativa de una sentencia justa y esto es una vergüenza". Eleonora López, hermana de otro de los fallecidos, lamentó que "el hilo se cortó por lo más fino"; y Marcela Nissoria, esposa de Hugo Montefusco, aseguró que "los volvieron a matar". Otros agradecieron "el respeto" a la defensa del gasista.
