Tras las declaraciones desafortunadas de la socia fundadora de Cambiemos Elisa Carrió, que pidió “revisar los juicios contra los militares que no tuvieron nada que ver”, los organismos de derechos humanos cruzaron a la dirigente. “Ha pedido la liberación de genocidas, pero hay una ley que marca que los delitos de lesa humanidad no tienen beneficio de nada. Ya combatimos el 2X1, también las cárceles domiciliarias y estas personas insisten en tener un país lleno de conflictos y el cruce la de las víctimas con victimarios", aseveró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Duró pocas semanas el silencio de la diputada oficialista. Con las alianzas y las listas de Juntos Somos el Cambio definidas, en la noche del lunes, cómoda con las declaraciones provocadoras, Carrió volvió al piso de TN y se despachó con una defensa de los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. "Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver", disparó. Inmediatamente, la chaqueña aclaró que los represores a los que pretende liberar eran jóvenes durante su participación en la dictadura: "Los que tenían 18 años y están condenados sin pruebas. ¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a (Cristino) Nicolaides?", dijo sin dar demasiados detalles, en referencia al último jefe del Ejército de la dictadura, y más tarde completó: "En la tortura excluyo totalmente, pero los derechos humanos son para todos. No creo en la venganza, no puede ser que haya gente tan grande en la cárcel".
“Cada vez que Carrió abre la boca lo hace para profundizar un tipo de pensamiento que está cada vez más alejado del cumplimiento del Estado de derecho; todo el tiempo trata de correr los límites”, consideró Gabriela Alegre, ex directora de derechos humanos del Gobierno de la Ciudad e integrante de la asociación Buena Memoria, al tiempo que desarmó el argumento de la dirigente oficialista. “Todos queremos que este proceso de justicia sea cada vez más efectivo y más rápido, y si hay una justicia tardía y los genocidas tienen las edades que tienen, tiene que ver con que hubo un proceso político de impunidad en nuestro país que se revirtió recién en 2003 con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final”, explicó a Página|12 la ex legisladora, y sentenció: “Si hay alguna revisión que hacer es para acelerar los juicios y para darle al Poder Judicial todos los recursos necesarios para que estos juicios puedan ser llevados a cabo. Las propias víctimas también son personas que nos van dejando sin obtener la justicia que necesitamos”.
Por su parte, el diputado nacional y nieto restituido Horacio Pietragalla calificó de “disparate” las frases de Carrió y expresó que “sorprende mucho que se siga haciendo referencia a la obediencia debida cuando se trata de una discusión saldada hace tiempo”. “El proceso de Memoria, Verdad y Justicia hay que continuarlo y, más allá de las declaraciones de ella, lo que demuestra que los juicios se hicieron con todas las garantías es la cantidad de genocidas o de militares sospechados que fueron absueltos”, dijo a este diario el legislador, que además subrayó que “no hubo una caza de brujas como está haciendo el macrismo con muchos dirigentes que fueron parte de la gestión anterior”.
Ambos referentes advirtieron sobre la gravedad de que estos dichos formen parte del escenario preelectoral. "Estamos hablando de delitos atroces, que humillan a la condición humana. La verdad es que hay que tener decoro para decir lo que dijo de esa forma tan liviana", consideró Pietragalla. En tanto, Alegre manifestó: "Espero que con esto no se juegue en la campaña electoral, porque nos costó mucho tiempo y esfuerzo llegar a que nuestro país sea un ejemplo en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y retroceder en esto sería gravísimo".
El repudio al negacionismo de Carrió llegó también de parte de los sobrevivientes de la ex Esma, que publicaron un comunicado en el que señalaron que la dirigente "pretende una amnistía encubierta para quienes secuestraron, torturaron, cometieron delitos de índole sexual, redujeron a la servidumbre, robaron bienes, se apropiaron de bebés y asesinaron a miles de compañeras y compañeros”. “Esto es así porque quienes desde hace casi cuatro años nos gobiernan son los hijos y parientes de los civiles que apoyaron y formaron parte de la más sangrienta dictadura que registra nuestra historia”, apuntaron.