Las falsas dicotomías que intenta instalar el gobierno no son buenas aliadas a la hora de discutir temas económicos, y el Acuerdo Mercosur - Unión Europea nos permite ilustrarlo. La discusión no es librecomercio vs. proteccionismo, industria vs. agro o desarrollismo vs. liberalismo. El debate debe ser sobre cuáles son los costos y beneficios que concretamente implicaría este acuerdo, teniendo en cuenta lo que efectivamente se firmará.

En toda negociación se obtienen ventajas y a cambio se hacen concesiones. La histórica dura postura de la Unión Europea (UE) y la desesperación de los actuales gobiernos de Argentina y Brasil por exhibir una “vuelta al mundo” nos permiten sospechar que, en este caso, nuestro bloque terminó cediendo más en las negociaciones finales.

Si bien el acuerdo va mucho más allá de lo estrictamente comercial, el primer punto que entra en discusión es si efectivamente puede haber ganancias desde el punto de vista de las exportaciones. Todo indica que no hay mucho para ganar en una apertura que no luce simétrica: el Mercosur liberalizará por completo el 90 por ciento de las importaciones de bienes industriales desde la UE, mientras que la UE abre completamente su mercado en el 82 por ciento de las importaciones de bienes agrícolas, en el resto mantendrá cuotas o preferencias fijas (por ejemplo, carne vacuna, carne porcina, azúcar, arroz, miel, entre otros) y una reducida lista de exclusión. 

Esto sin tener en cuenta otras medidas sanitarias y fitosanitarias que preservarán los exigentes estándares de la UE y que suelen limitar para el acceso a dicho mercado; y, además, que la producción primaria europea está fuertemente subsidiada por la PAC (Política Agrícola Común), cuyo presupuesto para el período 2014–2020 es de 408.000 millones de euros, según informa el Parlamento Europeo. 

Por otro lado, la pérdida del acceso preferencial al mercado brasileño, nuestro principal destino de exportación para productos industriales, tendrá un impacto negativo en varios sectores locales. En suma, no queda claro que el acuerdo permita, al final del día, un aumento de las ventas al exterior y en el mejor de los casos, sólo lo haría en exportaciones agro–alimentarias a costa de la producción y el comercio de bienes industriales de mayor valor agregado.

No obstante, el acuerdo incluye varios capítulos más que exceden el meramente comercial, y ahí la preocupación es aún mayor. Se destacan aquellos referidos a compras públicas, empresas estatales, propiedad intelectual e indicaciones geográficas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, mercado de servicios postales, financieros, navieros y telecomunicaciones, entre otros.

La participación de empresas europeas en licitaciones públicas en igualdad de condiciones a las empresas locales (trato nacional), limitaría la implementación del Compre Argentino como herramienta clave en el proceso de desarrollo, utilizada usualmente y en la actualidad por países como Estados Unidos, Israel o Corea del Sur, por nombrar algunos. Asimismo, se vería restringida la posibilidad de utilizar la capacidad de compra de las empresas estatales como incentivo para impulsar una red de proveedores locales en sectores estratégicos (por ejemplo, hidrocarburos, energía nuclear, tecnología satelital).

Por su parte, la negociación vinculada a la propiedad intelectual (patentes) podría afectar a la industria farmacéutica local y el reconocimiento de 355 indicaciones geográficas haría lo propio  en el sector de alimentos y bebidas. En efecto, no estaría permitido para la producción local utilizar determinados nombres (ni alusión a los mismos) que se consideran propios de localidades europeas. A modo de ejemplo, no se podrán comercializar quesos con el nombre de Roquefort, Mozzarella o Reggianito, o bebida denominada Champagne.

En tanto, la posible flexibilización de las normas de origen –aquellas que estipulan que porcentaje de contenido local debe tener un producto para ser considerado europeo y entrar sin aranceles– podría generar que varios productos se fabriquen principalmente en países de menores salarios y utilicen a Europa como puente para entrar al Mercosur. Esto afectaría a una gran diversidad de sectores que van de calzado e indumentaria a químicos o bienes de capital.

A lo enumerado hasta aquí se suma la restricción en la utilización de herramientas adicionales de política comercial e industrial, como la limitación al cobro de retenciones a la exportaciones o la prohibición de la utilización de Licencias No Automáticas de Importación, que alertan sobre la implicancias a largo plazo de este acuerdo.

En definitiva, estamos frente un acuerdo que tiende a profundizar la especialización en productos primarios y pondría en jaque a gran parte de la estructura productiva local (no solo la industria, sino varios servicios y productos de origen agropecuario). Difícilmente la “letra chica” logre torcer el rumbo de lo que traslucen los anuncios y las comunicaciones oficiales conocidas hasta el momento. Un rumbo que no hace otra cosa que exacerbar dos problemas estructurales que enfrenta nuestro país en su camino al desarrollo: la generación de empleo de calidad y la histórica restricción externa por la falta de dólares.

* Directora de Radar Consultora.