Ana vive en Argentina desde 2000. Llegó buscando una mejor calidad de vida para ella y su hija, a quien trajo desde Paraguay años después, al notar que no estaba bien cuidada con su familia paterna. A días de la llegada de la niña a Buenos Aires, el padre reclamó su restitución. Sin recursos económicos para contratar un abogado particular, Ana recurrió al Consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí encontró el asesoramiento necesario para que su hija fuera escuchada por el juez de la causa, quien luego de entrevistar a la nena dictó sentencia y rechazó la solicitud que había llegado desde el país vecino.

La historia de Ana y su hija es uno de los tantos casos que se atienden en el Centro de Formación Profesional de la UBA. Espacios similares pueden encontrarse en otras casas de estudios. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora cuenta con un Consultorio Jurídico Gratuito, que depende de la Facultad de Derecho. También hay en las universidades de La Plata, de Córdoba, de San Luis y del Litoral, entre otras.

Esos espacios de formación profesional tienen un doble objetivo: ofrecer un ámbito de aplicación práctica de los contenidos teóricos y brindar un servicio a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables, bajo el espíritu extensionista que caracteriza a la universidad argentina.

“El acceso a la Justicia es una problemática social que requiere atención. Se trata de un derecho fundamental que debe garantizarse sin restricciones. Mucho menos por cuestiones económicas”, afirma Oscar Zoppi, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la UBA, y agrega: “La asistencia y la representación legal gratuita son, en estos casos, las que permiten superar situaciones de indefensión en las que se encuentran aquellas personas que más necesidades tienen”.

Por su parte, la decana de la unidad académica de la UNLZ, María Fernanda Vazquez, resalta: “El Consultorio Jurídico Gratuito es un dispositivo de nuestra Facultad de Derecho que tiene una doble finalidad. Por un lado cumplir con el compromiso social que tenemos con la comunidad, y por el otro, es un instrumento pedagógico, donde nuestros estudiantes realizan las prácticas en un escenario con casos reales que les resulta de suma importancia para la formación profesional”.

El CJG “brinda a los vecinos la posibilidad de acceder a un espacio donde recibir asesoramiento jurídico ante situaciones que los afligen”, indica Vazquez y añade: “Se reciben, en particular, a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por eso es muy importante brindarles el acompañamiento necesario en las gestiones que deben realizar para atender a los problemas que los angustian y preocupan”.

En la Universidad Nacional de La Plata, por su parte, a través del consultorio “se responde a un déficit de atención jurídica, psicológica, social, claramente observable en barrios alejados del centro de la ciudad”.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Más de 1.300 consultas fueron atendidas en 2018 en las nueve sedes que el Consultorio de la facultad lomense posee distribuidos en los partidos de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza. La mayoría de ellas vinculadas a cuestiones de derecho de familia, en primer lugar, y también a derecho civil, penal y laboral.

Estos temas también son los más consultados en los espacios de la UBA. De las casi 22 mil preguntas recibidas en 2017 (las estadísticas de 2018 están en proceso), el 25 por ciento corresponde a problemáticas del derecho civil, como informaciones sumarias, problemáticas de vivienda y desalojos.

Otro 25 por ciento se refirió a cuestiones de derecho de familia, como divorcios, responsabilidad parental, regímenes de comunicación o filiaciones; mientras que un 17 por ciento fueron consultas vinculadas a violencia doméstica.

Desde la Universidad de Buenos Aires destacan “el trabajo que se realiza en cuestiones de violencia, donde existe un abordaje integral de las situaciones conflictivas”. Es que además de brindar el patrocinio jurídico, cuentan con un servicio social integrado por trabajadores sociales y psicólogos que acompañan a las víctimas.

Las instituciones señalan que esta problemática viene en ascenso. “Actualmente tenemos en trámite más de 1.200 causas por violencia familiar”, advierten desde la Facultad de Derecho de la UBA.

La Universidad Nacional de La Plata, que cuenta con 20 sedes en las zonas periféricas de la capital provincial, coincide en que existe un alto grado de requerimiento en cuestiones de derecho de familia y que en particular “se advierten numerosos casos de situaciones de violencia familiar y/o conyugal”.

Quienes llegan a los consultorios con alguna inquietud son asesorados, y dependiendo del caso, puede ser sólo la consulta o puede requerir la intervención letrada o la derivación a otras instituciones.

En la Universidad de Buenos Aires, de los casi 22 mil consultante, el 58 por ciento fue derivado a las comisiones, con el objeto de obtener representación legal, mientras que el 42 por ciento restante correspondió a personas que concurrieron a evacuar consultas legales.

En la UNLZ, los casos que requieren patrocinio jurídico son derivados al Colegio de Abogados de la ciudad o a las Defensorías oficiales que funcionan en el Departamento Judicial. En otras situaciones de índole administrativa, las personas son asesoradas para que puedan realizar los reclamos en la institución correspondiente: Registro Civil, ANSES, Municipalidad, PAMI u obras sociales.

La Facultad lomense realiza también un trabajo de contención. Lo hace por ejemplo a través del Grupo Sobrevivir, un espacio para víctimas de violencia familiar al que asisten mayoritariamente mujeres, desde distintos puntos del Conurbano.

PRÁCTICAS SUPERVISADAS

La otra parte de este tipo de proyectos es la posibilidad que se les brinda a los estudiantes de Abogacía de las distintas facultades de realizar prácticas profesionales. “La enseñanza práctica consiste en adquirir las habilidades propias de la entrevista profesional, el registro escrito de los datos, información y documentos aportados por los consultantes y el posterior estudio y discusión sobre su clasificación y análisis jurídico de fondo y estratégico procesal y la confección de un informe sobre el caso planteado y el seguimiento procesal de la causa”, explican desde la UBA.

Esta tarea es siempre destacada por docentes y estudiantes: “Pasan por nuestras aulas miles de estudiantes que, además de formarse, vuelcan sus conocimientos de manera gratuita a la sociedad, fundamentalmente a los sectores más vulnerables”, remarca Zoppi.

En los CJG de la UNLZ la atención es realizada por grupos de entre cinco y ocho alumnos, junto con un docente a cargo. Son los alumnos y las alumnas de la materia Práctica Profesional III que mediante esta experiencia “desarrollan una serie de competencias, destrezas, habilidades y actitudes en el campo profesional, que implican el conocimiento y manejo de estrategias técnicas, procedimientos y metodologías para saber hacer, es decir, saber operar con el conocimiento teórico que ya poseen”, puntualizan desde la casa de estudios.

Los futuros abogados tienen “un entrenamiento en estrategias y destrezas que le serán muy útiles en su desempeño como profesionales del Derecho”, sostiene la decana Vazquez. Para Agustina, una joven graduada que trabaja en el CJG que funciona en el campo de la UNLZ, “esta es una forma de brindarle ayuda a los ciudadanos y, además, de llevar la Universidad pública y gratuita a los barrios que nos rodean”.

En el caso de la facultad de La Plata, cada consultorio está integrado por un equipo de estudiantes o jóvenes graduados de derecho, psicología y trabajo social. El equipo es dirigido por un abogado con experiencia en el ejercicio de la profesión.

De esta forma, los espacios que buscan brindar herramientas prácticas a los futuros profesionales se multiplican a lo largo del país, para que puedan aplicar sus conocimientos en escenarios concretos. Todo esto, signado por el espíritu extensionista de nuestro sistema universitario.