"Lo que se está mostrando como un logro, es en realidad la demostración del enorme fracaso de las políticas de Estado respecto del control de armas en el país". Julián Alfie, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), en diálogo con Página|12, se refirió en esos términos a la llamada Operación Palak, anunciada por el gobierno como "el decomiso de armas más grande de la historia" argentina. "No hay fabricación ilegal de armas, la fabricación es legal, pero se producen desvíos hacia el mercado ilegal, por la incapacidad del Estado en el control de las armas, porque desde hace cuatro años no se pone en marcha el organismo creado para realizar esa tarea", aseguró Alfie. El Inecip forma parte de la Red Argentina para el Desarme, que denunció "la falsedad" del anuncio realizado la semana anterior por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La Red sostuvo que lo que se mostró como "un éxito de la política criminal (...) parece tratarse de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas".

La ineficacia y la posible connivencia quedaron expuestas porque entre los 17 detenidos anunciados por Bullrich, figura Diego Martín Bollati, de 47 años, directivo de la firma Tala, propietaria del arsenal ilegal dado a conocer por Bullrich con bombos y platillos. Bollati es un abogado y ex militar que, hasta pocos días antes de los allanamientos, era funcionario del Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguad.

Julian Alfie señaló que todo gira en torno de la empresa Tala, que pertenecía a las Fuerzas Armadas y que estaba en disputa con un actor privado". Eso ocurría "sin ningún tipo de control del Estado". Recordó que la causa comenzó por una investigación del gobierno de Estados Unidos "que fue generada por la propia incapacidad del Estado argentino". El investigador señaló que hace cuatro años se ordenó la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), para reemplazar al Registro Nacional de Armas (Renar), pero "el organismo no funciona porque todavía no se han enviado las partidas presupuestarias" necesarias. En los hechos concretos "el control al está a cargo de 40 empleados que tienen la tarea de controlar la situación legal de un millón de armas registradas legalmente en todo el país, más las que circulan en el mercado ilegal".

La Red Argentina para el Desarme aseguró que el decomiso de más de 2.500 armas --desde granadas hasta ametralladoras-- "lejos de tratarse de un 'éxito´de las fuerzas (de seguridad) locales, lo cierto es que puso en evidencia el absoluto descontrol existente sobre el mercado de armas de fuego en Argentina". Parte del armamento "se almacenaba en establecimientos que habían sido autorizados por la Anmac o por el viejo Renar, pero cuya habilitación estaba vencida". Tal es el caso de Tala, la empresa que funcionaba en un predio de las Fuerzas Armadas y que "ya tenía antecedentes del año 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1.000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos".

El resto del armamento decomisado por el gobierno "estaba en armerías y casas particulares. De hecho, 16 de 17 detenidos eran 'legítimos usuarios', varios de ellos coleccionistas".  Eso significa, resalta la Red, "que las personas implicadas son, en su mayoría, aficionados, coleccionistas y comerciantes de armas, es decir, sujetos de control por parte del Estado", que "podía haber conocido la existencia y la ubicación precisa del arsenal ilegal, pero durante todos estos años no hizo nada para fiscalizarlo y secuestrarlo".

Pero la gravedad del hecho es aún mayor, resalta la RAD, ya que "el Estado nacional fue responsable de la libre circulación de este arsenal ilegal no sólo por omisión, sino también por acción directa de sus funcionarios" porque "uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad".