De acuerdo con los balances presentados a la Bolsa, las empresas no vinculadas al sector financiero tuvieron en el primer trimestre una pérdida de 5,4 por ciento en pesos, una vez descontada la inflación, y de 9,7 por ciento medida en dólares. Por el contrario, los bancos privados, favorecidos por la política oficial que estimula la especulación financiera, tuvieron una rentabilidad de 13,3 por ciento en el mismo período, 34 veces más que el resto. Esto explica que en apenas cinco meses de este año se hayan registrado ya 47 pedidos para acogerse al Programa Preventivo de Crisis (PPC), casi la misma cantidad de solicitudes que se cursaban anualmente durante el gobierno anterior. El año pasado esos pedidos alcanzaron a 146 empresas. Entre 2017 y la primera parte de este año presentaron quiebra 12.168 empresas.

De acuerdo con la información relevada por la Secretaría de Trabajo, entre 2005 y 2010 las empresas presentaron 52 procedimientos de crisis por año, en promedio. Entre 2011 y 2015, la demanda anual ascendió a 56 y trepó a 69 casos entre 2016 y 2017. El año pasado, las solicitudes sumaron 146, de los cuales, 107 se encuentran abiertas y 14 casos fueron rechazados. Durante los primeros cinco meses de 2019, se registraron 47 pedidos, siete fueron archivados y 39 se encuentran todavía en trámite.

También crecieron las solicitudes para acceder a Programas de Reconversión Productiva (REPRO). En 2018, los trabajadores beneficiados por los REPRO fueron 56.867, quienes recibieron un subsidio al salario de entre 3000 y 4000 pesos durante seis meses para empresas de menos de 100 empleados, y de 2500 a 3500 para las sociedades con mayor plantilla de trabajadores. Los REPRO se utilizan en las crisis coyunturales con el fin de evitar despidos, siendo el Estado el que se pone como garante de los puestos de trabajo, y comenzó a utilizarse para paliar la situación coyuntural de las empresas en un contexto de crisis global, con el objetivo de que se mantengan los puestos de trabajo.

En la actual crisis los paquetes de ayuda no logran evitar los despidos. Por el contrario, muchas empresas que piden el PPC o los REPRO, al final el período terminan despidiendo personal y, en algunos casos, desembocan en el cierre. El PPC habilita el despido con menores indemnizaciones y aceptando condiciones laborales más precarias que las establecidas por los convenios colectivos de trabajo. “Por lo general, las empresas acceden a los PPC cuando las crisis se prolongan y necesitan reorganizar su proceso de trabajo con el objeto de evitar la quiebra”, explica un informe de Proyecto Económico, un centro de estudios que comanda la economista Fernanda Vallejos. La tercera y última fase de la crisis es el cierre de la empresa. Según datos de la AFIP, entre abril de 2017 y abril de 2019, se destruyeron, en términos netos, 12.168 empresas, de las cuales 1656 pertenecían al sector fabril, mientras que 5359 se encontraban registrados como comercios y otras 2680 del rubro de Transporte.

“A la caída de las ventas en el mercado interno se sumaron los efectos negativos que registraron por la deuda que contrajeron en dólares, los incrementos en los costos de producción derivados de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y del encarecimiento que sufrieron en pesos los productos importados luego de la devaluación”, según explica un informe de Proyecto Económico, un centro de estudios que comanda la economista Vallejos. A las empresas del sector productivo también les impactaron los nuevos gravámenes a las exportaciones, las altísimas tasas de interés y el incremento de la morosidad.

En 2017, cuando la economía comenzó a mostrar signos de recuperación, de la mano de la obra pública y los créditos UVA, y un dólar calmo, las empresas iniciaron un fuerte proceso de endeudamiento. “Empresas como Arcor, Ledesma, Molinos, o Telecom tomaron deudas en moneda extranjera para adquirir nuevos activos, y otras como Central Puerto o Corporación América emitieron deuda en Nueva York. Las altas tasas de interés en pesos, el dólar planchado y el bajo costo de fondeo en la divisa, incentivaron dichas inversiones”, explica el informe de Proyecto Económico.

Al año siguiente, los pocos motores de la incipiente recuperación se apagaron. El Gobierno congeló la inversión pública y el crédito UVA, con una inflación de 47 por ciento, se volvió prohibitivo. La recesión comenzó a instalarse con una fuerte contracción del mercado interno, frente a la caída de los salarios, que en promedio perdieron 12,1 por ciento, y las jubilaciones, 12,9 por ciento. El resultado fue que las empresas empezaron a exhibir pérdidas operativas y en el caso de las pequeñas y medianas hubo cierres y pedidos de concurso.