La Legislatura porteña aprobó la venta de 12 predios de la Ciudad, entre ellos, los terrenos que forman parte del Barrio Padre Carlos Mugica, conocido como la Villa 31 de Retiro, para pagar deuda y financiar programas. Los vecinos se movilizaron hasta el recinto legislativo y denunciaron que el proyecto significa "el remate de la barrio y la expulsión de sus habitantes". "No nos quieren en esas tierras que son deseadas por este gobierno para los grupos corporativos. Están cortando el futuro de nuestros hijos, porque nos va a dejar sin vivienda", advirtió a este diario Héctor Guanco, integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del barrio.

Este jueves al mediodía, afuera de la Legislatura porteña un grupo de vecinos y vecinas se concentró para rechazar la ley 671 al grito de "la villa no se vende, se defiende". Adentro, unos pocos habitantes del barrio popular pudieron seguir la sesión con carteles y pancartas, mientras el oficialismo (VJ) y sus aliados (Ev, PS y MC) sancionaban la norma para enajenar las tierras --que incluyen las del Mercado de Hacienda-- con 41 votos a favor y 17 en contra (PO, PTS, BP, FIT, UC y AyL).

Parte de lo obtenido por las ventas de las tierras se destinará a pagar la deuda de 175 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que le transfirió Nación a Ciudad por las obras del Paseo del Bajo.

Durante la discusión en el recinto, mientras el oficialista Omar Abboud afirmaba lo mismo que diría horas después a este diario, que "nadie va a ser expulsado por falta de pago", la legisladora del FIT Laura Marrone sostuvo que el proyecto "es una enajenación lenta de uno de los barrios más cotizados de la Ciudad". Y agregó que "se les quiere cobrar a estas familias, que habitan esas tierras desde hace más de 70 años, un valor que no van a poder pagar porque tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que se le cede el uso de tierras a empresas por 45 o 70 años".

Tras la aprobación, Guanco explicó que el proyecto que se votó "no nos garantiza a los habitantes de la 31 que seamos dueños de nuestros hogares ni las tierras suficientes para el proceso de urbanización. Con la venta quieren entregar el barrio a la especulación inmobiliaria mientras venden humo diciendo que está integrando al barrio".

El referente barrial explicó que la ley votada está ligada al proceso de escrituración de las viviendas que los transforma en propietarios a un costo que nadie sabe si va a poder afrontar. Y con un modelo de escritura, que ya circula por el barrio, por el cual "el vecino que no pueda pagar va a perder la vivienda o la terminará vendiendo", explicó Guanco, y remarcó que "con esta ley el gobierno va a poder vender esas tierras" a terceros.

En el artículo 1º de la ley votada se fija como objetivo "brindar soluciones habitacionales definitivas para los vecinos beneficiarios del barrio".

Sin embargo, como señala el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el abogado urbanista Jonatan Baldiviezo, "que la venta tenga como fin brindar soluciones habitacionales no es lo mismo que decir que la solución habitacional será la venta de los inmuebles a las familias. Que pueden tener solución fuera del barrio pagada con los recursos que surjan de las ventas de los predios".

El abogado explicó que el gobierno utiliza dos estrategias: por un lado, a través de la ley 6129 (de reurbanización del Barrio) que autoriza la escrituración a las familias, pero las deja desguarnecidas frente al endeudamiento. Por otro, con esta ley, logra que esas tierras que pierde a manos de las familias y que pretende recuperar cuando queden endeudadas y con la presión inmobiliaria, las pueda vender.

Además, según detalló Baldiviezo, mientras se da ese proceso a mediano y largo plazo, se pueden vender las parcelas que están vacías, como las que hay en el sector nuevo de la Villa 31 Bis, denominado Containera, para explotaciones comerciales. Es decir, "se va a poner en venta la tierra libre que era para la urbanización del barrio. El último censo del gobierno, en 2010, arrojaba 28 mil personas, y ahora hay 42 mil, y se están haciendo mil viviendas. Lo que hace falta es suelo, y lo destinan a la venta en lugar de utilizarlo para urbanizar".

"El 60 por ciento de las cláusulas que figuran en el modelo de escritura son los procedimientos de ejecución para expulsarlos si no pagan", dijo el letrado. Y advirtió que la ley aprobada puede terminar judicializada porque no cumplió con algunos procedimientos legales. "Al menos tendría que haberse llamado a audiencia pública, porque el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad establece que es obligatoria "ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos".