El Grupo Macri contraataca. Los abogados del holding se presentaron para responder al dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, quien advirtió que el acuerdo al que llegaron con el Gobierno de Mauricio Macri implica un 98,87 por ciento de quita en valores reales. Los directivos del Grupo Macri aseguraron que está “mal el cálculo”, cuestionaron la decisión de rescindirles la concesión tomada por el entonces presidente Néstor Kirchner y reiteraron los argumentos que utilizaron en los noventas para dejar de pagar el canon al Estado. El Grupo Macri se autoelogió por su desempeño a lo largo de la concesión menemista. Hubo coincidencia total con el discurso del Gobierno de Macri.

Un día después de que el Gobierno de Macri anunciara que iba a pedir una “audiencia urgente” con los camaristas que deben decidir si homologan el acuerdo que ya aprobó el Estado nacional, el Grupo Macri salió al ataque para defender lo pactado, que le permite pagar la deuda que tiene con el Estado desde 2001 en valor nominal y en 15 cuotas anuales, que empiezan en 2018 y terminan en 2033. La mitad la pagan en los últimos dos años. 

“Justa y razonable”

El escrito, firmado por el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, está recargado de adjetivos. Así, el cálculo con el que la procuración actualizó los valores de la deuda sería un “llamativo y espurio manejo de las cifras”, que también es “arbitrario, antojadizo y absurdo”. Y la posición de los gobiernos kirchneristas de no aceptar las propuestas que les hacía el Grupo Macri, no serían otra cosa que una “sistemática, irracional y caprichosa negativa”.

El texto, que se presenta en una causa en la que los acreedores intentan todavía cobrar deudas que dejó el Grupo Macri hace 16 años, destila definiciones políticas. Ante todo, centra sus ataques en la fiscal: “La Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial”, asegura el Grupo Macri, que también la acusa de haber “inventado valores exhorbitantes” y de “realizar mal el cálculo, de manera tendenciosa, para arribar a forzadas conclusiones”.

El cálculo que la fiscal le pidió a la DIFA –la misma dependencia de la Procuración que intervino en la causa Hotesur– toma la cifra original de 296 millones de pesos-dólares y la actualiza al valor del dólar actual. También hace un cálculo a 2033 en base a la tasa activa del Banco Nación del mismo momento en que se inició la convocatoria de acreedores. Como era esperable, el Grupo Macri rechazó ese cálculo: “La oferta de pago alcanza un valor total de aproximadamente 600 millones de pesos. No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado ni a 4 mil millones, ni a 70 mil millones”, sostuvieron.

Pero más que un escrito técnico judicial, la presentación parece estar dirigida a la opinión pública. Por eso ironiza sobre la intervención del INDEC en la gestión anterior y afirma que “se ha sostenido que no había inflación desde el propio Estado nacional”. Y concluye en que la oferta es  “una compensación justa y razonable”.

Volvieron 

Tras hacerse con la concesión del Correo Argentino en 1997, el Grupo Macri pagó tan solo durante el primer año el canon con el Estado. El escrito de ayer reitera los argumentos que utilizó a partir de 1999 para dejar de pagar. Aseguraron que el Estado “jamás cumplió con las prerrogativas otorgadas y quebró las bases económicas en las que se asentaba el negocio”. También indicaron que el holding familiar “sobrecumplió sus obligaciones de inversión” por más de 400 millones de dólares. No aclararon sin incluían los 126 millones en indemnizaciones a 5000 trabajadores despedidos, que el gobierno de Carlos Menem les permitió computar como “inversión”. 

“El único causante de su impotencia patrimonial fue el propio Estado nacional y sus sucesivos incumplimientos a las obligaciones y compromisos a su cargo”, aseguraron los directivos del Grupo Macri, que se desentendieron así de su responsabilidad en llevar a la empresa a la quiebra (que fue decretada por el primer juez que intervino y luego apelada).

Al fallecido presidente Kirchner le dedicaron varios párrafos: aseguraron que fue “la peor estatización realizada por el Estado nacional. Fue una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino”. Aseguraron que les quitaron los activos y les dejaron las deudas y sostuvieron que fueron perseguidos por su gobierno con “embates jurídicos y sobre todo políticos”. La versión coincidió cien por ciento con la que dio ayer el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad: “Es como que el Estado metió la mano, agarró a la empresa con un decreto y se quedó con todos los bienes”. Esta coincidencia abre nuevas dudas sobre la actitud del Estado en los juicios que le inició el Grupo Macri.

Al su vez, el holding familiar salió en defensa del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, que les firmó el acuerdo. “No se viola la ley de ética pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca”, afirmaron. “Su designación es valida”, insistieron ante los planteos judiciales que podrían hacer caer el acuerdo. “La propuesta no es un acuerdo abusivo, espurio, antojadizo ni oscuro”, reincidieron en la proliferación de adjetivos.

Sobre la demanda que le iniciaron al Estado 15 días antes del acuerdo, por 2364 millones de pesos, sostuvieron que “cuando el Estado pague o reconozca la compensación por la totalidad de los bienes que se apoderó en el momento que operara el quite de la concesión, le pagará al Estado el 100 por ciento” de la deuda. Es decir que le pagará al Estado con lo que reciba del Estado y se alzará, de concretarse ese plan, con 1764 millones de pesos gracias a la concesión menemista.

En una notoria sintonía con el Gobierno de Macri, pidieron también que “se llame a audiencia pública, invitando a la sindicatura general y controlante, al Estado Nacional, a la Procuración del Tesoro, a la Oficina Anticorrupción y a la fiscalía para encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable”.

Al pasar

En el Gobierno, mientras tanto, no terminan de consensuar una única versión sobre lo ocurrido. Ayer hubo un pequeño desliz entre Peña y Aguad. El ministro de Comunicaciones sostuvo que le había avisado al jefe de Gabinete que se iba a firmar el acuerdo. “Peña no intervino. Le avisé que estaba esto en mi agenda. Le dije: ‘tengo esto’ y me dijo ‘dale para adelante’. El jefe de Gabinete me dio la venia para seguir para adelante”, aseguró Aguad, con lo que virtualmente lo involucró a Peña en la causa penal que se abrió para determinar si los funcionarios involucrados cometieron los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Sobre si Macri sabía del acuerdo con la empresa de su familia, Aguad dijo: “Puede haberle avisado, no lo sé”. En cambio, el martes en la conferencia de prensa de Olivos, Peña aseguró que Macri no sabía nada.

Consultado sobre si él sabía o no sabía del acuerdo, según afirmó Aguad, Peña sostuvo: “Nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema”, indicó el jefe de Gabinete. “Le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley. Y en ese sentido se avanzó, con total transparencia”, aseguró. La transparencia salta a la vista.