Cuestionado hasta por los medios hegemónicos que simpatizan con él, Michel Temer negó ser un “censor de la prensa” al defender el recurso judicial presentado por su gobierno. Buena parte del arco político brasileño, inclusive un sector del oficialismo, sumado a las asociaciones patronales de prensa y la Orden de Abogados de Brasil criticaron el recurso interpuesto por el Ejecutivo, en manos del juez Hilmar Raposo Filho, quien ordenó el levantamiento de todos los artículos periodísticos publicados en los diarios Folha de Sao Paulo y O Globo vinculados con una causa judicial en la que fue extorsionada la primera dama, Marcela Temer.
El recurso en cuestión fue presentado por el subjefe de asuntos jurídicos de la Jefatura de Gabinete, Gustavo do Vale Rocha, conocido por haberse desempeñado como abogado del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien actualmente está preso en el marco de la Operación Lava Jato.
Sin embargo, el juez de segunda instancia Arnoldo Camanho de Assis ordenó revertir la decisión del juez Raposo Filho, calificando la prohibición como “aparentemente inconstitucional”, ya que “viola la libertad que se constituye en un verdadero pilar del Estado democrático de Derecho”. Folha y Globo argumentaron que los detalles sobre Marcela Temer incluidos en sus reportajes formaban parte de documentos públicos de una corte de San Pablo, por lo que suprimir la información de los periódicos equivale a censura.
“Quien informa responde por la veracidad y relevancia de lo que publica; los que se sienten perjudicados tienen todo el derecho de acudir a los tribunales. Lo que no corresponde es la censura previa, cuyo recuerdo sólo debe restringirse a la época de los regímenes autoritarios”, planteó Folha. El Grupo Folha denunció censura y apeló el fallo. A su favor, el magistrado De Assis sostuvo que no hay indicios de que “la actividad periodística” de Folha “esté pautada por una línea editorial irresponsable o abusiva, potencialmente violadora de la intimidad de alguien”.
El bloque de senadores del opositor Partido de los Trabajadores (PT) pidió la renuncia del mandatario, a quien señalan de utilizar la estructura del gobierno en un asunto personal de la primera dama.
En medio de este escándalo, el gobierno de Temer salió hacia adelante con un comunicado divulgado por el vocero presidencial, Alexandre Parola, al afirmar que el recurso del gobierno contra la publicación de las notas periodísticas se debió a una ley que protege la privacidad de las personas. “El presidente de la República notó que se le intentó imputar el mote de enemigo y censor de la prensa”, añadió el comunicado oficial. El comunicado expresó que el motivo de la acción judicial fue el derecho constitucional “a la intimidad, la vida privada, la honra y la imagen de las personas”.
La nota indica que, a pesar de ejercer un cargo en ese despacho del gobierno, “el abogado Gustavo Rocha no está impedido de ejercer” su profesión. Además, el gobierno explicó que la decisión judicial, adoptada a pedido de los abogados de Marcela Temer, estaba amparada en las normas que rigen en el país sobre el “derecho de privacidad de las personas que tengan su secreto violado en los medios digitales”.
En abril del 2016, el celular de Marcela Temer fue intervenido ilegalmente por Silvonei José de Jesus Souza, quien clonó el contenido del teléfono de la por entonces esposa del vicepresidente, en medio del juicio político que se le abría a la luego destituida de la presidencia Dilma Rousseff. El hacker amenazó a la primera dama de “enlodar” a Temer” con los audios que había en el celular: a cambio pidió 100.000 dólares para silenciar el contenido.
Entonces, las autoridades de seguridad de San Pablo, dirigidas por Alexandre de Moraes, actual ministro de Justicia y potencial candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema, resolvieron el caso en semanas. Un equipo especial de la policía de ese estado detuvo al hacker en octubre y le confiscó los audios, cuyo contenido no fue incluido en la causa judicial en la que el extorsionador fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, en uno de los procesos más rápidos de la historia penal brasileña, según Folha de Sao Paulo, algo poco común para los tiempos de la burocratizada Justicia brasileña.
O Globo y Folha publicaron extractos de supuestos mensajes intercambiados entre Marcela Temer y Souza en los que el hacker le exigía dinero a cambio de no revelar algunos de los datos que había extraído del teléfono. En esos mensajes, la esposa del mandatario decía que no aceptaba ser chantajeada por quien calificaba de criminal, y que no tenía ningún miedo pues su vida era transparente.
