El pasado 2 de julio escuché a la diputada Elisa Carrió pidiendo por TV una ley para habilitar la revisión de las condenas judiciales dictadas en las causas de lesa humanidad. Con la ligereza de quien no siente el peso de ningún mandato ético, la diputada habló de sentencias dictadas en el marco de juicios injustos en los que no se habrían respetado los principios del debido proceso legal. ¿Se trata de una provocación de campaña, de una típica, torpe y prosaica cortina de humo para dejar de hablar del  hambre, del endeudamiento, de la desindustrialización? Entiendo que es mucho más que eso. Es  un anticipo de lo que nos proponen a los argentinos los adláteres del proyecto gubernamental. Los campeones de la división de poderes hablan de un engendro institucional que permita desoír las sentencias condenatorias contra quienes fueron hallados como responsables penales de hechos atroces que han merecido la repulsa del mundo entero.

A los candidatos en campaña nos sugieren prudencia. ¿Eso significa que tengamos que callar ante semejante disparate? Entiendo que hay que ser claros e inequívocos en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Son pocos los consensos construidos por la dirigencia política en estos años de democracia, y las políticas contra la impunidad son justamente uno de esos consensos que atraviesan procedencias y pertenencias partidarias.

Los argentinos no queremos impunidad, no queremos leyes de amnistía ni indultos. Queremos que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan sus condenas, sin intromisiones absurdas ni artilugios jurídicos que nos hagan volver hacia atrás. Que así sea.

María Florencia Casamiquela: Candidata a diputada provincial por Consenso Federal