El Ayuntamiento de Barcelona ganó el primer juicio contra una distribuidora eléctrica por incumplir la ley sobre pobreza energética que les prohibe cortar el suministro a las familias con pocos recursos. Endesa desconectó de la red a un hogar sin antes pedir un informe a los servicios sociales para conocer si se trataba de gente vulnerable. A raíz de ello, deberá pagar una multa 10.001 euros.
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