El domingo 16 de junio colapsó del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), evento inédito en la historia eléctrica del país. De ninguna manera lo acontecido puede escindirse de la crítica situación económico-financiera y de achicamiento de la inversión pública. Mucho menos puede desvincularse de la absoluta anarquía de mercado del sector energético.

La situación del sistema eléctrico nacional en sus segmentos de generación y despacho, transporte y distribución ha empeorado marcadamente durante la gestión Cambiemos. Y lo ha hecho a pesar del exponencial incremento de las ganancias de los actores privados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), derivadas de un aumento extraordinario de los cuadros tarifarios del servicio público de transporte y distribución, así como también de la remuneración percibida por los generadores de electricidad.

En el acumulado a mayo, la generación de energía eléctrica no sólo disminuyó 8,4 por ciento, sino que retrocedió incluso por debajo de 2014 (-0,2 por ciento). Las industrias consumen menos electricidad que en 2013 y los hogares menos que en 2015. El precio de la energía eléctrica mayorista ha sido dolarizado en un marco económico y cambiario volátil, sostenido por los dólares prestados por el FMI.

Así y todo, en los meses de mayor demanda (máxima exigencia del sistema) las interrupciones del servicio de distribución se mantienen constantes respecto de iguales períodos anteriores o empeoran. Basta recordar que en diciembre de 2018 respecto a diciembre de 2016 el promedio de usuarios de Edenor y Edesur sin suministro aumentó 56 por ciento (y con una menor demanda y temperatura). En diciembre de 2017 respecto a el mismo mes de 2016, ese indicador había empeorado un 66 por ciento.

Por otra parte, vale recordar que a mediados de enero pasado se produjo una falla en la Subestación Transformadora en Morón, propiedad de Edenor, lo cual condujo a un apagón masivo en el área de concesión de esta empresa, afectando también a Edesur. La falla ocurrió en el segmento de la transmisión. Cinco meses más tarde de aquel episodio, sucedió el colapso del sistema argentino de interconexión. La realidad es que el sistema eléctrico nacional está en estado crítico, en todos sus segmentos y con sus agentes claves (incluyendo a los del MEM) con problemas.

Ahora, pasemos a ajustar la lupa sobre el colapso eléctrico. Como adelantamos desde el Observatorio Oetec, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ocultó información respecto de las causas que lo originaron. En lugar de exponer las causas a la sociedad y dar la cara, culpó a la operación en despacho de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, refutado al poco tiempo de la conferencia de prensa por las propias empresas.

Lopetegui también plantó una sospecha a nivel del funcionamiento y en la respuesta de los sistemas digitalizados de operación y control (igualmente erróneo); y hasta no descartó la idea de un ciberataque. Como sea, las causas reales, por nosotros adelantadas el lunes 17 a primera hora, no fue producto de ninguna investigación compleja. Por el contrario, surgieron de una serie de consultas a técnicos de Cammesa, sopesadas por nuestros propios investigadores. 

Como las causas ya son conocidas, vamos a centrarnos echar luz sobre los verdaderos y únicos responsables. En primer lugar, las líneas de alta tensión afectadas son operadas y mantenidas por Transener, cuyos técnicos sabían desde 2015 que la célebre torre 412 estaba comprometida. Por tanto, aquí aparece uno de los responsables del colapso. Dueños de la transportista son el Grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Ieasa (ex Enarsa); esto es, el Estado nacional. No obstante, Transener es la encargada de estas operaciones.

En segundo lugar, hubo también fallas a nivel despacho, o sea, Cammesa. No fueron responsables técnicos y profesionales de esta compañía; sí, en cambio, fueron sus autoridades, a saber: Mario Cairella (Gerente General), economista graduado en Estados Unidos y hombre de confianza de Lopetegui. El domingo 16, Cammesa planificó el abastecimiento de energía eléctrica principalmente con generación del Noroeste (Litoral), privilegiando obtener energía barata, pero poniendo en serio riesgo el SADI conforme la fragilidad de las líneas de alta tensión mencionadas. Súmese a ello, el mínimo técnico para la generación térmica, ahorrando así gas natural para no interrumpir sus exportaciones, evitando a la vez incrementar las importaciones.

También vinculado con Cammesa, al producirse el colapso se estaba importando electricidad desde Brasil a costo cero, importaciones que deben ser utilizadas en casos de emergencia. Sin embargo, aquel domingo a la mañana temprano la demanda rondaba los 13.000 MW, un volumen que hacía completamente innecesario el requerimiento desde el país limítrofe. Sobre la hidroelectricidad importada desde Garabí (Brasil), de diferente frecuencia, resulta más que oportuno traer a colación el cuasi abandono de la construcción de las represas en Santa Cruz, hoy con un 14 por ciento de grado de avance cuando, de haber continuado con la obra como fuera heredada, deberían estar operativas para enero de 2020. En suma, Cairella y Juan Garade, secretario de Mercado Eléctrico de la Secretaría de Energía, ambos igualmente responsables junto a Transener.

En tercer lugar, aparece la responsabilidad en la propietaria de las líneas afectadas: Yacylec, empresa en la que el presidente de la Nación posee acciones. ¿Concluyen aquí las responsabilidades de Mauricio Macri? No. Es responsable, como primera autoridad del Ejecutivo Nacional, de haber aprobado el cargo a Cairella, hombre sin el más mínimo conocimiento técnico del sector, otorgando el de Secretario de Energía a Gustavo Lopetegui, quien carece de total idoneidad para estar al frente de dicha cartera. Como dijimos antes, el presidente de la Nación es accionista de la propietaria de las líneas de transmisión que, acuerdo de partes mediante, cedió la operación y mantenimiento a Transener. ¿Yacylec no estaba al tanto de que técnicos de Transener habían identificado problemas con la torre 412 tan tempranamente como en 2015? Finalmente, y en su guerra contra Electroingeniería, fue Macri quien tomó la decisión de paralizar la construcción de la línea de alta tensión Resistencia-Yacyretá, la cual contaba con un 70 por ciento de avance (promedio) y que podría haber evitado el colapso al evacuar hacia el anillado NEA-NOA.

Por último, al momento de producirse la salida de la línea con el by pass a la torre 412, el domingo 16 de junio por supuesto, la central Yacyretá podría haber aislado el asincronismo. No obstante, no pudo lograrlo ya que el sistema de control (Scada) que debería haberse puesto en ejecución era obsoleto. ¿Por qué? En 2015, el flamante presidente de la Nación decidió quitar el contrato de modernización del SCADA, ya listo para entrar en vigencia, a la firma Voith, subsidiaria de Siemens. ¿Por qué actuó así Macri? Porque detrás de ese negocio estaban -y habrá que ver si están- Pescarmona y Nicolás Caputo. En pocas palabras, por hacer negocios con Caputo, Yacyretá perdió el plan de modernización de Voith en 2015. El Scada no se actualizó y el actualmente operativo es incompatible con la seguridad que exige un sistema como el SADI.

El colapso total del sistema eléctrico argentino ocurrido el 16 de junio no se originó en una falla o problema técnico, mucho menos en uno informatizado. Que Transener es responsable, no caben dudas. Sin embargo, no es el único. O, para ser más precisos, el máximo responsable es el presidente de la Nación y su política de mercantilización del sistema energético nacional, su transformación en un negociado VIP (para sus amigos/parientes/socios) y en una plataforma para el ahorro de divisas a los efectos de cumplir los objetivos de ajuste fiscal del FMI.

* Director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).