El Gobierno logró la sanción de la ley que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). La norma supedita el acceso del trabajador a la Justicia laboral al pasaje a través de las comisiones médicas que dependen de las ART, lo que constituyó la principal crítica de parte del Frente para la Victoria, el interbloque Progresistas y la izquierda. El Frente Renovador y el Bloque Justicialista se abstuvieron a último momento a raíz de la noticia del cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones que por decreto lanzó el Gobierno (ver nota aparte). Inicialmente, su postura era de apoyo mayoritario al proyecto oficial y ambos bloques dieron quórum para comenzar la sesión. Finalmente, fueron 88 votos positivos, 22 negativos y 44 abstenciones. La ley tiene el mismo espíritu del DNU que días atrás había firmado el Presidente, Mauricio Macri, y que le valió críticas de todo el arco opositor.

  A pesar de que el Gobierno justificó en un primer momento el proyecto a partir de la supuesta necesidad de reducir costos laborales y, con ello, mejorar la competitividad, en el recinto los legisladores de Cambiemos dijeron que, además, sería un beneficio para el trabajador porque se obliga a las comisiones médicas a definir los resarcimientos en un plazo más breve. Sin embargo, la ley permite que la apelación a la decisión de esa instancia administrativa (tanto por parte de los trabajadores como de las ART) tenga efecto suspensivo, es decir que el trabajador accidentado o enfermo tiene que optar por cobrar una indemnización mezquina o aventurarse en el juicio sin ver un peso. En el sistema actual, la apelación es devolutiva, es decir que no se frena el pago de la indemnización. La oposición al proyecto advirtió que sólo mejora las ganancias para las ART y se degradan los derechos del trabajador.

  “Se ha producido una baja de los infortunios en los últimos años pero aumentó la litigiosidad. Estamos permitiendo que el trabajador concurra a esa instancia con su abogado y que los honorarios los pague la ART. Estamos mejorando el procedimiento de las comisiones médicas y, si el trabajador no está de acuerdo, puede ir a la Justicia. También hay una actualización de las indemnizaciones y la obligación para que las ART resuelvan en 60 días de plazo”, señaló Daniel Lipovetzky (Unión PRO). “Logramos introducir el tema de las 60 días como plazo máximo para las comisiones médicas. Hoy lo que tenemos es nada. El texto no es el mejor, no los soluciona. Pero permite tener una instancia que determine con perentoriedad que se cobre el resarcimiento”, justificó Héctor Daer, del Frente Renovador (FR) y miembro del triunvirato de la CGT. En cambio, Facundo Moyano, del mismo bloque, indicó que “el proyecto es claramente inconstitucional y la litigiosidad no va a bajar si no se ataca la siniestralidad”, planteo compartido por Jorge Taboada (Chubut Somos Todos, FR).

  “De cada 1000 trabajadores, 78 sufren siniestros pero sólo 11,5 van a juicio. Es decir que de cada 1000 siniestros, sólo 146 van a juicio. Por otro lado, las aseguradoras de riesgo tuvieron una rentabilidad del 30 por ciento en 2015, han ganado 4200 millones de pesos. O sea que esto no es una industria del juicio ni un desastre financiero. Las ART ya pueden cobrar menos prima a los empresarios, si ese fuera el problema. No tienen ningún problema económico para bajar las primas. Lo único que va a pasar con esta ley es que, si bajan los juicios, el empresario va a ganar lo mismo y las ART van a ganar más. Y los trabajadores van a estar peor”, indicó Axel Kicillof (FpV). Explicó que “las ART no obtienen su ganancia de la relación entre la prima y los resarcimientos que pagan por los siniestros. La ganancia de las ART surge de la capacidad de invertir sus ingresos y de la dilación entre el cobro de la prima y el pago del siniestro. Esa diferencia convirtió a las ART en empresas que viven de la especulación”.

  El dictamen de minoría del FpV estipulaba que las comisiones médicas tuvieran un carácter optativo. Es decir, proponía no obstaculizar el acceso a la Justicia. También definía que la apelación a la decisión de las comisiones médicas no tenga un carácter suspensivo sobre el cobro del resarcimiento, sino que éste se perciba a cuenta del monto final. En cambio, el Gobierno estableció que el trabajador accidentado o enfermo que no está de acuerdo con la oferta de la ART puede apelar, pero eso demorará la percepción del resarcimiento. Incluso la apelación por parte de la ART tiene efecto suspensivo. “El trabajador no puede ser el que financia a las ART. Tenemos que velar por la salud de los trabajadores y no por el negocio de las compañías de seguros”, señaló el diputado Héctor Recalde (FpV).

  Un apoyo clave a la iniciativa oficial fue otorgado por el Bloque Justicialista que lidera Diego Bossio. “Este proyecto le hace un favor enorme al trabajo decente. Hay que salir de esta situación que es sólo un negocio para abogados que montaron una industria del juicio. La catarata de juicios se lleva puestos a trabajadores y pymes”, señaló Alberto Roberti (Bloque Justicialista). Además de legislador, Roberti es Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles.

  Otro dictamen de minoría fue apoyado por el interbloque Progresistas (Socialismo, GEN y Libres del Sur). Margarita Stolbizer (GEN) fue muy crítica del proyecto del Gobierno. “Esto es inconstitucional y va a tener un efecto contrario a lo que se dice querer evitar. Lo único que va a hacer el trabajador frente al cercenamiento de sus derechos es golpear la puerta de tribunales. Este proyecto desoye múltiples sentencias judiciales que advirtieron sobre la inconstitucionalidad. Si aprobamos esto estaríamos reconfirmando un sistema regresivo hacia los trabajadores. Seguiríamos inclinando la balanza en favor de los más poderosos. No es la primera vez que este gobierno toma una decisión en ese sentido”, dijo Stolbizer. “Esta ley hace que el trabajador tenga un estatus inferior. Si un turista viaja en un taxi y se produce un accidente que lo afecta tanto a él como al taxista, el turista puede reclamar su indemnización por la vía civil, pero se le impone al trabajador pasar antes por las comisiones administrativas. El problema no es la cantidad de juicios sino las causas por las cuales los trabajadores van a juicio. En definitiva, es un retaceo de derechos”, agregó.