La superpoblación carcelaria y las demoras en el proceso hacia la libertad de personas detenidas en los penales santafesinos constituyen "un cuello de botella" que preocupa sobremanera al Servicio Público de la Defensa Penal. En ese sentido, la defensora general Jaquelina Balangione, reclamó que el Servicio Penitenciario arbitre las medidas necesarias que garanticen los informes que requiere la Justicia, para que se cumplan los beneficios en los plazos que fija la Ley de Ejecución Penal. Solo 300 intimaciones corresponden a causas del anterior sistema procesal penal y tiene que ver con internos que están cerca de cumplir condenas. La funcionaria aseguró que el problema de la seguridad y los conflictos interpersonales no se terminan con más plazas en las cárceles, sino con una justicia restaurativa, que garantice que los detenidos salgan con los recursos necesarios para insertarse a la sociedad. También propone un cambio de paradigma para detenidos primarios, con una impronta que sea beneficiosa para víctimas e imputados. "Esto le tiene que importar a la gente, porque todo preso en algún momento va a salir y lo que tenemos que lograr es construir un emergente positivo", dijo.

A nivel nacional, "la población carcelaria creció 56 por ciento en diez años, a partir del endurecimiento de las leyes penales, con nuevos tipos penales y agravantes; y el endurecimiento del modo de cumplimiento de la condena, por la expansión del derecho penal, o sea que hay más gente atrapada por el sistema y salen menos", reflexionó Balangione.

En tanto, señaló que en la provincia de Santa Fe, "el cuello de botella obedece a varias causas". Y planteó: "A esta realidad nacional se le suma la implementación del sistema acusatorio provincial. Hay sobrepoblación: en 2018 tenemos registradas unas 500 personas de más en los penales santafesinos, número que es fluctuante, en un total de alrededor de 6000 presos -unas 230 son mujeres-. Esa sobrepoblación está en gran medida en Coronda, Piñero y Las Flores; y es la madre de todos los problemas. Todas las cárceles están al límite, llenas, no hay lugar, no sobran plazas. Ese número de más se calcula estirando las normas, pero si nos ponemos estrictos con el cumplimiento de estas, son más. A su vez, se relaciona con los 600 presos federales que tenemos en el sistema provincial; pero no se pueden eliminar, porque es un problema que el gobierno provincial tiene que ver con el nacional". En ese sentido, apuntó al Gobierno Nacional: "Está debiendo el pabellón federal que se empezó a construir en Coronda y que se detuvo. El gobierno provincial no cobra un peso por los presos federales".

"En 2018 hubo unas 500 personas de más en los penales santafesinos, número fluctuante, en un total de 6000 presos, con 230 mujeres".

Como segundo factor, señaló que "hay un atraso en la emisión de informes de la OTC (Organismo Técnico Criminológico) que depende del Servicio Penitenciario (da cuenta de las reglas de conducta de la persona privada de la libertad). Ellos dan un informe, un dictamen previo que si bien no es vinculante para el juez, sí es necesario para beneficios como salidas transitorias o libertad condicional. Sin ese elemento, el juez no puede resolver. Y esa demora genera un tapón: entran presos, pero hay otros que no salen".

La funcionaria también se refirió a que "hay un atraso en el sistema conclusional: la Defensa Pública hizo más de 300 intimaciones, de personas condenadas. Esos casos son solo los que tienen pronto despacho, pero son muchas más las causas atrasadas en la provincia". En ese sentido, el organismo que dirige planteó un habeas corpus correctivo en la ciudad de Santa Fe. "Lo ganamos en febrero. La idea era que se saliera de este atraso en la OTC, que se viene arrastrando y la mayoría de las causas son viejas, de gente que está terminando de cumplir penas largas que tienen que tener un acceso paulatino a la sociedad. Ahora vamos a hacer un relevamiento y denunciaremos si hay incumplimiento", dijo.

Para la defensora, "la idea no es construir más y más cárceles, sino pensar en otras soluciones. Nuestra idea de la gestión es terminarla con estas cuestiones al día. Que haya coordinación con el Sistema Penitenciario, porque cuando a la gente le corresponde la salida, se la tienen que dar. Es un engranaje que debe funcionar", planteó.

En el caso de las mujeres privadas de la libertad, se suma que muchas son madres. Algunas están presas con sus hijos e hijas, pero Balangione apuntó a que deberían estar con un arresto domiciliario u otros beneficios, teniendo en cuenta a las infancias. En la mayoría de los casos se trata de delitos de género, de supervivencia.

Resocialización. "A la gente esto le tiene que importar porque hay que entender que el preso, por más delitos que haya cometido, va a cumplir una condena, una pena determinada que fijará un juez, y si un juez dice seis años, no es ni una día más, ni un día menos. En determinado momento de la pena hay que cumplir con la progresividad que busca la resocialización de la persona, es decir que salga mejor de lo que era cuando entró. Está pensado a modo de prueba. Entonces, lo que hay que pensar es que todo lo que se trabaja por los derechos humanos -acercamiento familiar, derecho a la visita, educación, salud, condiciones dignas, oficio- de esa persona es para construir socialmente un emergente positivo: que esa persona salga mejor", aseguró.

Y explicó que los beneficios de salidas transitorias y libertad condicional "están pensados en la ley para que llegado el momento, se ponga a prueba al interno, controlado por un juez y un equipo que está mirando y midiendo esa resocialización. Peor es largar al detenido sin saber qué hará cuando salga y qué herramientas tendrá. Los efectos de la prisionización son negativos. Cuando la persona sale se encuentra con un montón de escollos, sobre todo porque la mayor parte de estas personas están en una estructura de vulnerabilidad, a lo que se suma el antecedente, la discriminación y estigmatización. Hay gente que ni siquiera tiene una familia o que no tienen la suerte de que la que tenían, los vuelva a recibir".

Por ello, entiende que "todos los sectores del estado tenemos que unificar criterios". Y sumó: "Hay informes de la Universidad Católica, que tomó Unicef, que indican que cada niño o niña de bajos recursos tiene un familiar preso. Estamos viendo de trabajar con ellos la situación carcelaria", adelantó.

Restauración. "Las cárceles van a existir, pero propongo que desde el Estado en su conjunto empecemos a pensar en una respuesta que no sea meramente punitivista, sino restaurativa, bien trabajada. El sistema penal atrapa por general a varones, de entre 18 y 24 años, de sectores populares. Cuando el imputado es primario y el delito no merece una pena larga, lo mejor que puede pasar es que esa persona no vaya a la cárcel, porque es muy joven y sale peor, porque en la cárcel aprende cosas y vuelve a la calle con esos conocimientos", señaló.

"Nadie quiere que haya una víctima, de hecho yo fui víctima de robo un montón de veces y no quiero que haya más. Pero si la respuesta por el robo de una cartera es tres años de cárcel, cuando esa persona salga ya no va a dedicarse a eso solamente. La respuesta tiene que ser de construcción y restauración. Nadie lo quiere felicitar y que vuelva a su casa como si nada, sino darle una respuesta, con un guía que ayude a encontrar una solución. Eso sucede en Europa hace años. No es 'andá a pintar una escuela o doná dos litros de leche', sino que el Estado tiene que ponerse esto al hombro y trabajarlo, que es mucho más difícil que encerrarlos en una cárcel, que termina convirtiéndose en un depósito".