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El refranero popular dictamina que la salud es lo más importante. Sabia premisa, burlada de pe a pa por la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (“la ley” o “la ley de ART” en lo sucesivo). Esa norma está pensada solo en función de los costos empresarios, de las patronales o de las ART. El sistema aprobado ayer perjudica a los trabajadores, menospreciando su integridad física, un derecho humano básico.
“Litigiosidad” es la palabra clave de sus promotores y beneficiarios. La “accidentalidad” no es abordada, lo que se promete hacer en el futuro, siempre incierto y remoto.
La metodología implantada impone un engorroso y dilatado trámite administrativo, el sometimiento a comisiones médicas cuyo dictamen es previo a cualquier demanda judicial de las personas damnificadas.
Los plazos concedidos al efecto son vaticanos y, para colmo, prorrogables. Pueden explayarse por un año… o más.
En estos días se debate sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Hay muchas polémicas pero cualquier opinante coincide en resaltar que el transcurso del tiempo y las dilaciones favorecen al deudor. La asimetría se acentúa en la relación entre patrones y empleados, signada por la desigualdad entre las partes. El laburante no dispone de margen para esperar que se lo compense.
Pedalear es, desde el vamos, un modo de favorecer a las empresas.
Se pontifica, cuando no se habla de trabajadores, que “debe actuar la Justicia”. Se apoda así, con toda impropiedad, al Poder Judicial. Sin embargo, fiel a su ideología, el Gobierno del presidente Mauricio Macri insta una norma que entorpece el acceso de las víctimas a Tribunales.
“Litigiosidad” (part I): Se denuncian abusos de litigiosidad, en base a datos estrambóticos y nunca corroborados.
Ningún cálculo es serio si no se correlaciona con la accidentalidad. En la Argentina muere más de un laburante por día en accidentes laborales, evitables en esencia. Esa cifra no interesó a los diputados y senadores que aprobaron la ley.
Los accidentes, en sentido estricto, no son la clave del problema ni de la profusión de demandas. Se denominan así a los siniestros súbitos, que causan daños inmediatos. Los hay en todas las ramas de actividad aunque son más asiduos en algunas. Volvamos al “menos común de los sentidos”. Abundan más donde hay balancines, andamios, silletas.
La custodia legal es más lábil y controvertida para las llamadas “enfermedades accidente” o “enfermedades profesionales”. Ahorramos acá diferencias técnicas entre ambas. Las engloba ser dolencias, daños en el cuerpo o la salud provocados por las características cotidianas del trabajo. La exposición a temperaturas extremas (altas o bajas), a cambios de temperatura, la repetición de movimientos mecánicos durante horas, días y años, el microclima contaminado (polvillo, partículas en el aire). Y cien etcéteras. La praxis cotidiana restringe la cobertura a esos daños que son recurrentes, una marca física de la explotación capitalista.
La desprotección induce al trabajador a litigar, algo que no le gusta ni le conviene. No lo hace por placer (no hay adictos a los pleitos, masivamente) sino llevado por la necesidad.
La narrativa predilecta del oficialismo y de las patronales culpabiliza a los abogados laboralistas en tropel. Su verba los unifica como “cuervos y caranchos”. Habrá abogados que no honren a su profesión, como en otras tantas. Son una minoría, asevera este cronista a quien corresponden las generales de la ley, porque esa fue su actividad durante años.
Se vitupera a los abogados y en simultáneo se empodera a los médicos oficiales. Apliquemos el mismo parámetro a ambos: los “doctores Cureta” son los menos, lejos. Pero que lo hay, los hay… especialmente en los Cuerpos Médicos Forenses. La Corte Suprema de Justicia, en su anterior (y ya añorada) integración se dedicó mucho a tratar de rectificar tremendas desviaciones en el Cuerpo Médico Forense de los tribunales nacionales.
Volvamos al sentido común. Las ART manejan miles de conflictos, las grandes empresas decenas o cientos. Los particulares damnificados, uno solo. ¿Quién está en mejor aptitud para influir aviesamente sobre los cuerpos de profesionales, con presiones, influencias o dádivas? La respuesta es evidente y es un nodo de la legislación.
“Litigiosidad” (part II): La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el organismo estatal de control. Entre sus funciones-deberes está el de sancionar a las ART que incumplen sus deberes.
El abogado especializado Eduardo Mezio compartió amablemente datos y reflexiones con el autor de esta nota. Explica que “las ART pagan las sanciones que le aplican, pero solo con sentencia firme de Cámara. La propia SRT en su Resolución 270 de 2016, calcula su Índice de sanciones solo ponderando con sentencias firme de la Cámara Nacional en lo Comercial”. Agrega Mezio que “la SRT propicia la tan mentada litigiosidad (palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia) cuando solamente consigna como sanciones a aquellas que ha convalidado una sentencia de Cámara”. Redondea que en una resolución de la SRT en 2013, durante la etapa populista, “se han promocionado la cantidad de 2128 juicios para que ratifiquen o no, las sanciones aplicadas a las ART”. Si calculamos que los días hábiles judiciales son, aproximadamente, 200 tendremos una noción del aporte de las empresas a la profusión de pleitos.
En el relato macrista-patronal esas referencias no existen.
Las otras inseguridades: En el manual de estilo del funcionariado oficial y los medios dominantes, la “inseguridad” es un flagelo grave, pero circunscripto. Los accidentes de tránsito, que hieren o matan am muchas más personas que los inmigrantes de países hermanos, empezaron a computarse recientemente.
Los accidentes laborales, aun los letales, sencillamente no forman parte del discurso. La lucha de clases no existe pero se inmiscuye en la vida cotidiana, si se mira sin anteojeras.
Lo central es la prevención, la higiene y seguridad en el trabajo. La norma vigente hasta ayer, la reforma realizada en los últimos años del kirchnerismo, tampoco fue ideal, ni siquiera llegó a lo deseable en materia de prevención. Pero es muy superior a la actual por tres motivos. El primero es que mejoró las indemnizaciones, un buen disuasivo para limitar los juicios.
El segundo es que amplió la lista de enfermedades protegidas legalmente.
El tercero es que el Ministerio de Trabajo y la SRT estaban imbuidos del principio pro operario, básico en la legislación laboral para compensar la diferencia de poder entre las partes
Promesas de campaña 2017: El oficialismo promete abordar la prevención de los riesgos futuros en otra ley, seguramente en el segundo semestre. Como se corroboró el año pasado, esa fecha se consagra a las utopías incumplidas de Cambiemos. Promesas de bienestar y mejora de la condición de los humildes y las clases medias. Con los resultados a la vista, el segundo semestre pinta para una nueva distopía.
Bloque por bloque: Cambiemos votó disciplinadamente. La oposición se dividió: el Frente para la Victoria y los legisladores de izquierda se opusieron.
El Frente Renovador (FR) se dividió, de modo desparejo. Fue decisivo para inclinar la balanza para el lado de la injusticia, con su líder (el diputado Sergio Massa) a la cabeza. Pero hubo compañeros de bancada como Felipe Solá y Facundo Moyano que se opusieron.
Moyano integra también el pequeño colectivo de los dipu-sindicalistas, también divididos. Omar Plaini, entre otros, se expidió por la negativa.
Otro gremialista del Frente Renovador, Héctor Daer, acompañó la iniciativa macrista. Triunviro de la conducción de la CGT él, cuesta hallar congruencia en sus conductas recientes. La principal Central obrera, es conspicuo, ha endurecido su discurso, anunciando un paro también situado en el mediano plazo. Y se indignó cuando Macri quiso suplir mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) trámite en Diputados, ulterior a la “media sanción” de la complaciente Cámara de Senadores. Contradictoriamente, aprueba una ley muy similar al DNU, lesiva para los intereses de sus representados. Los claroscuros signan el andar de la CGT cuyos integrantes tendrán una prueba de fuego en marzo cuando comienzan las paritarias más importantes y, se supone, la etapa de la conflictividad.
Con el resultado puesto, con una legislación “corpo y patronal friendly” es clavado augurar que la litigiosidad podrá mermar en el corto plazo pero no cesar. Que la desprotección se agravará y el número de accidentes o enfermedades seguirá incólume o crecerá.
Para el oficialismo y sus adláteres, la salud (y en el límite) la vida de los trabajadores es una variable subalterna. Se confirma así la tradición de las ART inventadas durante la era menemista, cifradas en clave financiera, en el lucro empresario y en el negocio de grandes corporaciones.
