¿Quién es Diego Pimentel? Es el director del Centro Cultural San Martín, profesor titular de la Universidad Nacional de Arte y de la Universidad de San Andrés, asesor externo de la Universidad de la Cuenca del Plata. Ese curriculum exhibe en sus redes sociales y todos estos cargos están fechados con año de inicio y “presente” para dar cuenta de su actividad actual. Diego Pimentel es, además, el penalmente acusado por maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público agravados por su jerarquía y por funcionario público.
Las denunciantes son dos, una prefiere no hablar, la otra es Anahí de la Fuente, comunicadora, maquilladora profesional y performer, 28 años; desocupada desde que hizo la denuncia porque la única consecuencia inmediata que tuvo ponerle palabra pública a un padecimiento que se le metía en el cuerpo y que afectaba hasta sus mínimas decisiones fue ser despedida del Centro Cultural San Martín, en abril de este año.
Después de que la historia se mediatizara, el Gobierno de la Ciudad inició un sumario administrativo del que no se conocen consecuencias. “El sigue trabajando como funcionario, no hubo respuesta institucional en relación a eso”, dice Jimena Gibertoni, abogada de las querellantes y miembrx de la Red de Abogadas Feministas.
Anahí, por su parte, tuvo que dejar el departamento que alquilaba para ir a vivir con su abuela, está tomando antidepresivos y se endeuda para pagar lo poco que le cobran sus representantes legales porque no tiene ingresos.
La peor pesadilla de Anahí se cumplió: perdió un trabajo que le gustaba por animarse a decir basta. Pero no había otra salida. Cada día en el área de comunicación en el Centro Cultural San Martín se parecía a una tortura. Pimentel no sólo la arrinconaba contra las paredes --“como cualquier violento en una discoteca”--, la besaba en el cuello como si fuera un saludo normal o le hacía “masajes” sin permiso cuando ella estaba sentada en su escritorio. También le infringía dolor. “Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler”, dice.
“Nos podía extirpar como a muelas”
“¿Por qué no le dijeron que no?”, fue lo que preguntó “la mano derecha” de Pimentel después de perseguir a Anahí y a su compañera hasta dentro de su oficina y cerrar la puerta detrás de ella. Le podían arruinar la carrera a Diego, eso les dijo, les prohibió que volvieran a hablar en público sobre él. “Mi compañera se había quejado al salir de la oficina de Pimentel de que encima que la manoseaba jamás había dicho una palabra sobre su trabajo”, dice Anahí y continúa: “Mil veces dijimos que no, siempre, pero si explotamos en lugar de hablar antes era justamente porque temíamos que nos despidieran. Se lo dije a su asistenta, no es un tipo en una disco, es el director del Centro Cultural, se trata de asimetría de poder”.
Enterado de esta escena que sucedió un viernes, llamó a una reunión a todo el equipo de dirección la semana siguiente. “Una reunión de ‘reorganización’ en la que todo el tiempo usó las metáforas de la dictadura, diciendo que éramos como un cuerpo, que se puede enfermar y que hay partes que se pueden extirpar como a las muelas”. En ese mismo momento a la compañera de Anahí la bajaron de categoría “adelante de todo el mundo y de manera humillante. Al otro día empezaron a revisar escritorios. La reorganización consistió en separarnos a quienes estábamos hablando.”
Anahí tuvo que decidir. Cuando otros compañeros le contaron que su perfil de Facebook había sido expuesto en una reunión --porque había puesto una búsqueda laboral diciendo que en su trabajo actual estaba viviendo “una situación insoportable”-- su disyuntiva fue: “O me iba en silencio como todas o cortaba con esto, con la impunidad total”. Fue entonces que se comunicó, junto con su compañera, con la Red de Abogadas Feministas. Se acordó mandar un telegrama al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura, y al Centro Cultural San Martín. La demanda era que les asignen otro trabajo para que se interrumpa la violencia que estaban sufriendo. La respuesta fue otro telegrama, firmado por Pimentel, en el que les rescindían sus contratos, renovados hacía menos de dos meses. Fue entonces cuando presentaron la denuncia penal.
El hambre o el acoso
“Al final para nosotras todo es daño, porque tuvimos que elegir entre el hambre y el acoso; entre conservar el trabajo y dejarte violentar o estar en la calle”, dice Anahí de la Fuente quien jamás recibió ninguna respuesta institucional sobre su fuente de trabajo o sobre la situación de quién la acosó. “Entiendo que el Ministerio no tiene que darme explicaciones a mí sobre lo que van a hacer con Pimentel, pero sí sobre mi situación laboral”.
La causa penal sigue su curso, está en etapa de pruebas. “Se presentaron testigos que acreditan el trato desigual de Pimentel con respecto de las empleadas mujeres. Su defensa se basa en presentar el caso como un conflicto laboral y en que no había contacto directo pero tenemos prueba suficiente para desacreditar esos testimonios”, dice Jimena Gibertoni, la abogada querellante.
“El Gobierno de la Ciudad debería garantizar nuestros puestos de trabajo”, insiste Anahí. “Pimentel tiene tres laburos y yo no tengo ninguno, él sigue teniendo beneficios y nosotras en un estado de vulnerabilidad total, yo me tuve que ir de mi casa a vivir con mi abuela porque ya no podía pagar el alquiler. Me endeudé para pagarle a la abogada que igual me cobra casi nada, no consigo trabajo pero además, por qué no puedo seguir laburando ahí yo si el que se tiene que ir es él”.
Lo que queda por ahora, a tres meses de presentada la denuncia penal, es lo que Anahí de la Fuente describe como una “revancha. Porque nosotras quebramos el pacto de silencio con un abusador. Pero las que estamos en la calle somos nosotras”.