Producción: Javier Lewkowicz

Alivio temporal

Por Pablo Wahren *

Dos meses de estabilidad cambiaria sirvieron para que la inflación se desacelere de un 4,7 por ciento mensual en marzo a un 3,1 por ciento mensual en mayo, con una proyección descendente para junio. El vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, señaló que en la economía ya no hay pesos para comprar dólares y por tanto ya no habría riesgos de otro salto cambiario. El argumento es que el 90 por ciento de los ahorros de los argentinos ya está dolarizado y que por el apretón monetario no hay demasiados pesos en circulación como para generar tensiones cambiarias que el BCRA no pueda controlar. Sin embargo, estos no fueron los motivos que generaron la corrida cambiaria del año pasado por lo que los problemas y los riesgos no se han solucionado.

El Indicador de Vulnerabilidad Externa (IVE) que elaboramos desde el Ocepp muestra que entre el inicio del gobierno de Mauricio Macri a fines de 2015 y el inicio de la crisis cambiaria en abril de 2018, la vulnerabilidad externa de la economía argentina se había incrementado un 97 por ciento. Las causas principales para semejante deterioro residen en el abultado endeudamiento externo que no tuvo una contrapartida equivalente en el incremento de reservas o el aumento de importaciones vinculadas a la producción, y el extraordinario ingreso de capitales especulativos al país. Un país es más vulnerable cuando depende de este tipo de financiamientos para su funcionamiento y cuando, por tanto, se expone a los movimientos y decisiones del capital financiero internacional.

Efectivamente allí radica el origen de la devaluación del año pasado que terminó llevando el valor del peso de 20 a 45. Cuando un conjunto de fondos de inversión internacionales retiraron en dos semanas el 70 por ciento de sus inversiones en Lebacs y solicitaron los dólares para retirarse del país, generaron una demanda extraordinaria que inició la disparada del tipo de cambio. En ese contexto, los capitales financieros que salían del país superaron a los que entraban, y los bonos del Estado argentino, las provincias y las empresas dejaron de ser demandados en el exterior.  A partir de entonces lo único que “sostiene” al modelo es más endeudamiento. En este caso quien suministra ese fondeo no es el mercado sino el Fondo Monetario Internacional.

¿Cómo se encuentra la vulnerabilidad externa actualmente? El IVE da cuenta de una caída de la vulnerabilidad externa en relación a inicios de 2018 de 20 por ciento. Esto se explica fundamentalmente por el retiro de parte de los capitales especulativos de no residentes. Sin embargo, el IVE sigue siendo un 63 por ciento más alto que antes de asumir Macri y se mantiene en torno a los elevados niveles observados durante la convertibilidad. Esa situación se vincula, por ejemplo, con que el cociente entre la inversión en cartera de no residentes y las reservas internacionales asciende al 163 por ciento. En otras palabras, más allá de la presión que a futuro pueden generar los vencimientos, en el corto plazo nada impide que haya una venta masiva anticipada como sucedió el año pasado con las Lebac por la naturaleza de los instrumentos. Asimismo, el país continúa experimentando un déficit de cuenta corriente a pesar del superávit comercial que generó la recesión económica al desplomar las importaciones. En 2018 culminó en 5,4 por ciento del producto y en 2019 volverá a ser negativo a causa del peso de los intereses de la deuda, que superan a las proyecciones de superávit comercial.

Por lo tanto, si bien los puntos señalados por el vicepresidente del Banco Central (elevada dolarización de los ahorros y poco circulante) pueden temporalmente ofrecer un alivio, en tanto las Leliq continúen funcionando como atractoras de pesos, la vulnerabilidad externa continúa en niveles muy elevados. Esto significa que se podrían volver a repetir episodios como el del año pasado si no se toman recaudos. En efecto, en la crisis tuvo mucha responsabilidad la política macroimprudencial que llevó adelante el gobierno de Cambiemos al eliminar todo tipo de regulaciones al movimientos de capitales especulativos y nada de esto fue corregido.  Esto es muy relevante para el país ya que el tipo de cambio se ha convertido en el principal factor explicativo de la inflación y por tanto impacta en el poder adquisitivo del salario, el empleo y la actividad económica.

* Economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Ocepp).

Diagnóstico equivocado

Por Javier Rodríguez * y Jonatan Sánchez Sosa **

La inflación trepó en mayo hasta el 57,3 por ciento anual y, el mes anterior, la medición había arrojado 55,8 por ciento. El proceso inflacionario es la punta del iceberg de un problema mayor: la profunda caída del poder adquisitivo experimentado por la gran mayoría de la población. En efecto, los ingresos reales de las personas están teniendo una importante detracción. La remuneración real mediana de los trabajadores privados registrados cayó un 8,9 por ciento en doce meses. Es uno de los sectores menos afectados. El haber jubilatorio mínimo, por su parte, perdió en doce meses un 20 por ciento.

La inflación en el rubro alimentos ha sido todavía superior a la inflación general, al ubicarse en el 64,9 por ciento en el último año. Este hecho implica un más alto impacto de la inflación en las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos, donde el peso relativo del gasto en alimentos es mayor.

El Gobierno sostiene que la inflación obedece a una excesiva emisión monetaria. También solían indicar que los aumentos son producto de una demanda de bienes y servicios que crece de forma más rápida que la oferta, o sea un sobrecalentamiento de la economía. La situación económica actual desmiente por completo estas explicaciones: no hay emisión y la inflación se da a la par de una importante caída de la demanda. El fenómeno de una alta inflación en medio de un escenario recesivo –el PBI cayó 5,8 por ciento interanual en el primer trimestre de 2019– exige otra explicación.

La dinámica inflacionaria tiene, en cambio, varias causas diferentes pero todas ellas vinculadas con las políticas implementadas por este gobierno. En primer lugar, deben mencionarse los elevadísimos aumentos de los precios regulados. Las subas de las tarifas de los servicios públicos llevan acumuladas desde principios de 2016 incrementos del 3624 por ciento en energía eléctrica, de 2401 por ciento en gas natural mientras que en el transporte llegan al 601 por ciento en el boleto del tren. Todos valores muy superiores al 209 por ciento de inflación acumulada durante el gobierno de Macri.

Desde ya, no puede dejarse de lado el factor redistributivo (regresivo) que tiene esta inflación, en la búsqueda de un incremento de ganancias por la vía de la reducción de la participación salarial. Un segundo elemento ha sido la devaluación de la moneda local. El dólar, cuyo precio vigente en el mercado oficial a fines de 2015 era de 9,70 pesos alcanzó a cotizar en mayo de 2019 los 45,20 pesos, un alza total del 466 por ciento, muy superior al incremento general de precios.

En el caso de los alimentos, una parte importante de ellos se mueve asociado al precio del dólar, aunque no se traslada por completo sus variaciones a los precios del mercado interno ante la falta de demanda. También inciden las fuertes asimetrías al interior de las cadenas productivas. Y en algunos casos, como en los productos lácteos, la suba del precio (y el faltante de productos) solo puede explicarse a partir del verdadero desastre que en materia productiva ha hecho este gobierno, que llevó a que la producción de leche se redujera un 15,8 por ciento cuando se compara los primeros meses de 2019 con igual período de 2015. La menor producción está elevando ahora los precios, con consecuencias graves sobre el consumo, que ya venía roído.

El Gobierno anunció hace un mes el Plan Precios Esenciales, apartándose de su discurso de responsabilizar de la inflación a la emisión y el excesivo aumento de la demanda. El programa reconoce implícitamente la gravedad del aumento de los precios de los alimentos. Sin embargo, incluye apenas 36 artículos en total (se engrosa a 64 ítems al incorporar las distintas presentaciones). La falta de publicidad masiva y continua, la ausencia de productos en góndolas y el hecho de que sean principalmente de segunda o tercera marca –y que por lo tanto no funcionan como precio de referencia para las otras marcas– limita absolutamente su impacto. Adicionalmente, el programa no prevé acciones ante la falta de los productos en las bocas de expendio. El escaso alcance del programa es evidente. El Gobierno ha equivocado desde su inicio el diagnóstico acerca de las causas de la inflación y consecuentemente las herramientas. El programa Precios Esenciales, que podría haber marcado una corrección de los errores, termina vacío y sin impacto real, como un mero acto pour la galerie.

* Director de la Licenciatura en Economía política de la Universidad Nacional de Lanús.

** Investigador del Centro de Estudios Sociales, Económicos y Tecnológicos (Ceset).