Mientras en 43 días hubo 57 femicidios en el país, el gobierno de Mauricio Macri decidió la quita de 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres destinados a enfrentar el problema de la violencia machista. El 11 de enero, la reasignación presupuestaria de esa partida quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, según denunciaron ayer organizaciones de la sociedad civil, luego de presentar un amparo en la Justicia y demandar al Estado por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso al organismo que encabeza Fabiana Túñez y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Consultada por PáginaI12, Túñez adjudicó a un “error” la publicación en el Boletín Oficial. “Salió publicado equivocadamente. A los diez días se resolvió con una reasignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda”, aseguró la funcionaria, reconociendo que la quita existió. A las entidades les resultó llamativa la respuesta –que por la tarde se difundió a través de un comunicado de prensa del CNM–, dado que más de un mes después el supuesto “error” todavía no se subsanó con su correspondiente publicación en el BO.

“Es gravísimo para la CTA que se anuncie la quita de 67 millones de pesos al CNM en el Boletín Oficial, cuando estamos en una situación alarmante en relación a los femicidios. Si miramos las cifras de las últimas semanas, ya no hablamos de que una mujer es asesinada por ser mujer cada 30 horas, sino que está ocurriendo cada 18 horas. El Gobierno debería llamar a un conjunto de referentes de todos los ámbitos, académicos, social, de organismos diversos, para analizar cómo se aborda esta situación terrible de violencia contra las mujeres”, consideró en diálogo con este diario Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA.

La acción de amparo fue presentada ayer por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicó Dalile Antúnez, codirectora de ACIJ.

Lo concreto del caso es que había un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que incluía una partida para el Plan Nacional de Acción contra la violencia de género por 47 millones de pesos, a lo que se sumó un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto original previsto para el CNM, lo que significó un incremento de 96 a 116 millones para 2017. Así se promulgó la Ley de Presupuesto. En la Decisión Administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete, esos fondos ya no están. Solo está el monto de 96 millones para el CNM. “Si la eliminación de estos fondos en la Decisión Administrativa que determina las partidas para la ejecución del gasto fue producto de un error, ese error debe ser rectificado con las formalidades propias de las normas. Es decir, con una nueva Decisión Administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial”, advirtió la directora de ELA, Natalia Gherardi, a este diario. Y agregó: “Al día de hoy, habiendo transcurrido un mes desde la publicación de esa Decisión Administrativa, eso no pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que esos fondos no parecen estar garantizados”.

“El uso discrecional de ‘superpoderes’ para modificar la asignación dispuesta por el Congreso Nacional al sancionar la ley de presupuesto viola la división de poderes. Que además esa ‘reasignación’ se realice para detraer recursos destinados a asegurar los derechos humanos más básicos de mujeres y niñas que cada día son víctimas de violencia de género debería escandalizarnos”, opinó Antúnez.