Todo vale. En su afán por instalar un discurso punitivo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no duda en acudir a frases y situaciones que nadie chequeará. Algunas de ellas verdaderas zonceras que insultan el sentido común de aquellos a quienes quiere dirigirse.

Hace pocos días, un “empresario” perpetrador de violencia de género -intentó estrangular a su pareja-, se resistió al arresto que once prefectos intentaron realizar. Nuestro violento Jason Bourne criollo, luego de romper o quitarse las esposas, la emprendió a golpes contra esta casi docena de hombres, lo que puso en duda la capacitación para llevar adelante sus órdenes, además de la calidad de los insumos provistos a las fuerzas de seguridad, en este caso las esposas utilizadas. No faltó quién acotó que el uso correcto hubiera sido colocarlas con los brazos por detrás de la espalda.

El tuit de la máxima responsable de nuestra seguridad, apresurada en vincular ítems -a esta altura- de su fracasada gestión, escribió: “¿Y si el violento quitaba su arma a un prefecto y comenzaba a los tiros?”. E, inmediatamente, señaló que el uso de una pistola Taser sería la herramienta que hubiera podido zanjar esa situación. No dice cuáles son las razones por la que once hombres con instrucción, bastones tonfa, chalecos y esposas que actuaron contra un tipo semidesnudo, no pudieron resolver el problema. Quizás la situación habría empeorado, si el sujeto la hubiera emprendido a ojotazos.

No es la primera vez que esto sucede. Ya en sus primeras explicaciones sobre el uso de las pistolas eléctricas, Bullrich escenificó un caso en el cual un miembro de las fuerzas mientras viajaba en un tren escuchando sus auriculares -lo que lo ubicaría probablemente fuera de su horario de trabajo-, siente un objeto punzante en su cuello, motivo que lo llevó a sacar su arma y disparar, provocando daños a otros pasajeros.

En este caso, la ministra omite que varios miles de miembros de las fuerzas de seguridad transitan cotidianamente en el sistema de transporte suburbano, portando su arma reglamentaria, fuera del horario de trabajo y de su jurisdicción. Esta situación acarrea serios problemas para la seguridad de los transeúntes y del propio personal. Desde el impulso que dio a su gestión, vía “doctrina Chocobar”, cualquiera de ellos estaría en situación de disparar si su instinto se lo dicta, según “el estado policial permanente”.

La Organización de las Naciones Unidas cataloga a estas pistolas como instrumentos de tortura. Además, la ministra tampoco explica cómo haría para repartir una Taser a cada integrante de las fuerzas. La licitación prevé la compra de 300, a un costo de 3.000 dólares cada una

Ya en la versión porteña acerca del uso de las Taser en el subte, el asertivo ministro a cargo del tema declaró que estas pistolas reemplazarían el manejo de las armas de fuego en andenes y vías. Esta falta de rigurosidad e irresponsabilidad ni siquiera lo lleva a chequear datos tales como que en los últimos 25 años sólo se produjeron tres o cuatro tiroteos en ese ámbito, de los cuales la mayoría comenzó en las calles aledañas a las estaciones. Sin contar que la mayoría de esos ilícitos, son delitos comunes: arrebatos y alguna agresión sexual controlables desde las cámaras de seguridad, y con buena presencia policial. Hasta los trabajadores del subte, sin cámaras ni inteligencia criminal, pueden hacer un listado de memoria de los punguistas que a diario circulan por las redes subterráneas.

El manual de zonceras sigue abierto. Lo que ya es un hecho cerrado es el fracaso en el combate real al delito, más allá de la palabra fácil.

* Legislador porteño (m.c.).