La recesión económica sigue provocando un caos productivo. En lo que va del año cerraron 7518 pequeñas y medianas empresas (con menos de 100 trabajadores). La cifra se eleva a 15.424 firmas desde finales de 2015, según un informe del Centro de Economía Política (CEPA) con datos oficiales publicados por la AFIP. El estudio precisó que frente a esta situación crítica la respuesta del Gobierno ha sido disminuir los programas de recuperación productiva (REPO) y dejar liberada a su suerte a las empresas que producen para el mercado interno. Los procesos preventivos de crisis acordados por las firmas locales acumularon 246 casos entre 2016 y 2018. El año pasado registraron el pico de la última década.
“La sensible reducción en la cantidad de empresas tiene al menos cuatro ejes fundamentales: el aumento del costo de financiamiento, la caída del poder adquisitivo, el aumento en los servicios (electricidad, gas, agua) y la apertura importadora”, planteó el informe del CEPA. “La reducción en la cantidad de empresas de menos de 100 trabajadores se produce a la par del aumento de la tasa de interés, particularmente desde abril de 2018 en adelante. En diciembre de 2015 la cantidad de empresas eran 559.318 y en abril de 2019 se habían reducido a sólo 540.465”, precisó. De las 15.424 empresas que cerraron durante el gobierno de Cambiemos, 2139 cayeron en 2016; 1812 lo hicieron en 2017; 3955 cerraron en 2018, y 7518 quedaron en el camino en el transcurso de este año, lo que habla de un agravamiento de la crisis en empresas que apenas se venían sosteniendo y no encontraron apoyo estatal ni recuperación económica que pudiera salvarlas.
El desequilibrio de los costos empresarios por el aumento de las tarifas fue uno de los principales problemas para sostener el nivel de actividad. “La reducción en la cantidad de empresas se mueve a la par del aumento de los costos de los servicios. A partir de diciembre de 2015 y hasta abril 2019, el índice que mide las subas de la factura de electricidad (deflactada por inflación) pasó de 100 a 1148 y la de gas, de 100 a 1442”. Para muchas empresas que producen para el mercado interno se les hizo imposible mantenerse ante semejante impacto en su estructura de costos.
Para los investigadores del CEPA, las importaciones son otro elemento que explica la reducción de empresas en el mercado interno. “Hasta la devaluación de abril de 2018, las importaciones provocaron buena parte del impacto negativo que han sufrido las pequeñas y medianas empresas”, indicó el informe.
El cierre de firmas entre diciembre 2015 y abril 2019 se acompañó con una caída promedio del 16 por ciento en el poder adquisitivo en este mismo período y potenció la fuerte reducción en los niveles de demanda de las industrias. En lo que refiere al costo del financiamiento, las tasas de interés de referencia saltaron del 30 al 68 por ciento. Para los emprendimientos productivos se volvió restrictivo el acceso al crédito provocando problemas para pagar con un préstamo deudas anteriores y conseguir financiamiento para invertir.
El Centro de Economía Política aseguró que en los últimos meses la situación no sólo no se moderó sino que empezó a potenciarse. “La evolución general de los concursos y quiebras durante el primer trimestre de 2019 muestra un incremento notable. La distribución de concursos y quiebras considerando personas humanas y jurídicas presentó, para el primer trimestre de 2019, 292 casos, lo cual representa un incremento del 16 por ciento respecto a los 251 casos registrados para el mismo período de 2018”, detalló el documento. Agregó que “este resultado implica un promedio de 5 empresas con problemas de concursos por día hábil durante el primer trimestre de 2019”.
Desde el centro de estudios aseguraron que no hubo un apoyo oficial a partir de programas para la recuperación de pequeñas y medianas empresas. “En los casos de crisis genuinas de las empresas, hasta 2016 se buscaba promover los REPRO (Programa de Recuperación Productiva)”, precisó el documento. La medida ofrecía asistencia para pagar una parte de los salarios a las empresas por un plazo de 12 meses y la posibilidad de extender por otros 12 meses el beneficio. “En los últimos años bajaron los beneficiarios de los REPRO, se concentraron en menos empresas y cayó en términos reales el monto destinado para la ejecución de esta medida anticíclica”, cerró.