Luego de la interminable, cansina e inservible (porque ya era conocida) lectura de la acusación fiscal de la llamada “causa de obra pública o vialidad”, el tribunal oral le dio por primera vez la palabra a las defensas para el desarrollo de los planteos de las llamadas cuestiones preliminares (nulidades, excepciones, recusaciones, etc). La sensación fue de desahogo. Un desahogo que a diferencia de la agotadora lectura de la poco sería acusación fiscal no tuvo la suerte de ser difundida por los medios televisivos o tecnológicos que el sistema judicial dispone. Lo único digno de reproducir son las fotos de los imputados, los papelitos de los caramelos que durante las 4 o 5 horas ingieren con sus defensores (como hizo vergonzosamente un multimedio) y las frases hechas, hirientes y sin contenidos de los fiscales. Una muestra más de la violación al principio de igualdad de armas.

Las defensas, en efecto, tenían algunas verdades atragantadas y que, como en las peores pesadillas, no tenían chance de ser escuchadas. En cambio, el relato de la fiscalía era una y otra vez reproducido por algunas voces muy poco objetivas (como la Oficina Anticorrupción K, liderada por una no abogada con suerte administrativa para sortear su déficit en el CV), diputadas que hacen contrainteligencia, medios de comunicación masiva con capacidad operativa para imaginar con detalle las resoluciones que tomarán los jueces, etc.

Entre tanto, las defensas durante la instrucción y luego en los momentos previos al juicio en sí mismo, chocaban una y otra vez con la negativa frente a los pedidos de pruebas esenciales para reconstruir la verdad. Se decía, y se repitió en la acusación fiscal, que todo consistió en direccionar de modo irracional y arbitrario las partidas presupuestarias para hacer obras viales en Santa Cruz, que eran mucho mas necesarias por ejemplo en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente pudimos decir que ello no es cierto. Veamos. Como sabemos, Vialidad Nacional divide al país en regiones: 1) Provincia de Buenos Aires, 2) Sur (Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Rio Negro y Tierra del Fuego), 3) Centro (Córdoba, La Pampa y Santa Fe), 4) Norte (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Formosa), 5) Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) y 6) Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis).

Hace tiempo que queríamos decir que un buen modo de saber si hacía falta o no hacer rutas en el sur del país, era comparando o relacionando el porcentaje que poseen la zonas de la totalidad del territorio nacional con el porcentaje con el cual participan en la red vial nacional total. Esta red vial nacional tiene 37.800 km lineales.

Por ejemplo, ese calculo sencillo, que nos tomó sólo unos cuantos minutos demuestra que la provincia de Buenos Aires posee un 11,06 % del territorio y participa con un importante 50 % de la Red. A la zona de Cuyo no le va tan bien: posee un 11,33 % del territorio y sólo tiene un 8 % de la red vial. En la Mesopotamia es un poco más parejo: tiene el 7,07 % del territorio y un 6 % de la red vial nacional. En días cercanos a una gran tragedia en Tucumán hay que decir que al Norte le ha ido mal: posee un 26,27 % del territorio frente a un magro 14 % de la red vial nacional. En cambio, el destino ha sido mas generoso con las provincias del centro: un 15,7 % del territorio frente al 20 % de la red vial.

Ahora bien, en contra de lo que creen los desinformados fiscales y lo des-informadores medios de comunicación, el problema es casi trágico en la zona Sur (que incluye a la provincia de Santa Cruz, la segunda más importante en extensión territorial del país): representa el 26,27 % del territorio y sólo posee un escandaloso 4 % de la red vial. Para más datos La zona Sur hoy posee 1.512 kilómetros lineales de red vial nacional y si se respetara este tipo de racional proporcionalidad con su extensión territorial debiera tener 10.708 kilómetros. Conclusión: la política gubernamental de privilegiar la obra pública vial en el Sur del país no ha sido solo una decisión correcta durante los años 2003/2015, sino que no continuarla sería criminal en los próximos gobiernos. Uno se siente bien cuando va desmontando mentiras y las deja al descubierto.

También dijimos que la acusación era nula por no haber siquiera cumplido con el requisito de definir un hecho puntual. Nos tomamos el trabajo de leer las más de 500 páginas de esa acusación: Julio De Vido, por ejemplo, está mencionado en cerca de 45 páginas. En ninguna de ellas los fiscales sintieron que tenían el deber de definir el hecho que se le imputaba. Nunca. No hay un solo hecho con relevancia penal mencionado en ese extenso y pobre aporte a la investigación.

También contestamos al “argumento” de que Lázaro Báez fue el empresario elegido para otorgarle discrecionalmente obra pública y así generar una red de corrupción: en el listado de empresarios beneficiados figura 40, y su participación alcanzó a un 0,37 % del total. Así como se lee, ni más ni menos.

Los juicios orales sirven para la verdad si no se desvirtúan. Desmontan mentiras. Así como en el juicio de “Once II” quedó claro que el accidente se produjo solo y exclusivamente porque un motorman nunca aplicó los frenos.

Continuará (porque las mentiras han sido muchas). Esperemos que tengamos algo de la capacidad de reproducción pública que tuvieron los ideólogos de las falsedades.

* Maximiliano Rusconi es profesor titular de la UBA y abogado defensor de De Vido.