El Gobierno apuntó contra la compra de acciones de YPF por parte del grupo Petersen a Repsol en 2008 y 2011, calificándola de “fraudulenta”. Ese fue uno de los argumentos que presentó el Estado nacional ante la Justicia estadounidense para que declare nula de legalidad esa operación y, con ella, la demanda contra el país. Fue en el escrito que elevaron los abogados este lunes ante el tribunal de la jueza del circuito sur de Nueva Yok, Loretta Preska, donde el fondo buitre Burdford inició la querella contra la Argentina. Este fondo adquirió los derechos del litigio de las firmas Petersen Energía e Inversora. Los abogados que representan a la Argentina calificaron el acuerdo entre Repsol y el grupo Petersen de ser de “naturaleza impropia” y anticiparon que se buscará demostrar que “Petersen España, empresa ficticia formada y controlada por ciudadanos argentinos, hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF”. El grupo Petersen se excusó afirmando que no tiene nada que ver con el juicio en Nueva York y destacó que el derecho de litigio “lo vendió un síndico español a Burford”.
Los representantes legales de la Argentina y la empresa YPF se presentarán este jueves en el tribunal de Preska para defender el escrito elevado el lunes. Burford insistirá, según anticipó la semana pasada también por escrito, que se lleve a cabo un juicio sumario del caso, al considerar que se trata de cosa juzgada, e ir directamente a la cuantificación de los daños y los montos que esgrime el fondo carroñero debe pagar la Argentina.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó a fines de junio el pedido de la Argentina de un cambio de jurisdicción del pleito para que continúe en los tribunales argentinos. La defensa oficial argumentará ahora contra las operaciones previas a la nacionalización de la petrolera YPF. El grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, adquirió en 2008 el 15 por ciento de las acciones de YPF en manos del holding Repsol y luego, en 2011, compró un 10 por ciento adicional. La operación tuvo un valor financiero de 3500 millones de dólares, que el grupo Petersen se comprometió a pagar con futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones.
El fondo Burford adquirió, en 15 millones de dólares, los derechos de litigar del grupo de los Eskenazi y desde 2015 lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51 por ciento de las acciones. El estudio jurídico insistirá este jueves también en la incapacidad de Petersen para iniciar la demanda, dado que al momento de realizarse la estatización del control de YPF, en 2012, ya no era accionista de la petrolera. “La compra fue aprobada por la Bolsa de España y varios organismos internacionales”, según declararon voceros de Petersen a un medio porteño.
