Faltan solo diez días para el comienzo de la feria judicial y la Corte Suprema todavía no logró conformar una mayoría para resolver uno de los expedientes más importantes -si no el más relevante por sus implicancias políticas, sociales y económicas- que había incluido en la agenda de los casos que trataría durante el primer semestre. Se trata de una acción colectiva promovida hace diez años por la Defensoría del Pueblo de la Nación que pedía extender de manera general los efectos del llamado “caso Badaro”, en el que el tribunal había reconocido en 2007 el derecho a la actualización de sus haberes en relación con la evolución de los precios y los salarios. Cuando fue impulsada la demanda, se calculaba que podía afectar a 1,3 millones de personas en condiciones de reclamar reajustes correspondientes al período 2002-2006, que contemplaba “Badaro”. Será un tema clave en el acuerdo que los supremos tendrán mañana.

Hay dos cuestiones en juego en este expediente que son de gran relevancia: una, si el defensor tiene legitimación para presentarse en nombre de los jubilados y si puede hacerlo a través de una acción colectiva, que tendría efectos generales para todos sin necesidad de hacer juicio. La otra es si se trata efectivamente de un planteo fundado. No está claro al menos en los análisis puertas adentro del tribunal cuántos “Badaros” habría como potenciales beneficiarios de un eventual fallo favorable, porque pasó mucho tiempo, y seguramente habrá algunos juicios resueltos, gente fallecida y otros que habrán aceptado la reparación histórica del gobierno de Mauricio Macri, donde se comprometían a no litigar. Para el Gobierno, sin embargo, es un caso de extrema preocupación porque el costo seguro será muchísimo más alto que el que implicó a la resolución del caso de Lucio Blanco, que arrastraba 150 mil expedientes análogos.

Durante todo el año pasado, la cuestión previsional y las causas pendientes en la Corte fueron tema de cada una de las reuniones que los emisarios del Gobierno tuvieron con los jueces y la jueza de la Corte. El caso Blanco era uno de ellos, y el resultado final, en diciembre del año pasado, fue adverso al Poder Ejecutivo. Blanco es un camionero jubilado que reclamaba un cálculo de su haber inicial en base al índice ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción). La Corte le dio la razón y dijo que la solución se aplicaría automáticamente a otros casos análogos donde la Anses durante el gobierno de Cambiemos puso compulsivamente el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores) para reducir el cálculo jubilatorio. El alto tribunal ratificó el ISBIC, ya avalado en 2009, y declaró la inconstitucionalidad de oficio de resoluciones de la Anses que lo reemplazaban por el Ripte, ya que se arrogaba facultades legislativas. Los supremos pidieron que el Congreso dictara una ley con un nuevo índice, lo que no ocurrió. El efecto se proyectó a 15 mil expedientes dentro de la Corte y 150 mil en otras instancias. Los montos en juego, y a largo plazo, podían ser afrontados por el Estado. El efecto político fue fuerte y contrario a las condiciones que pone el Fondo Monetario.

El expediente del Defensor del Pueblo, que lleva el récord de una década en la Corte, tuvo idas y vueltas, negociaciones con las gestiones kirchneristas, y lo cierto es que nunca se resolvió. Cuando estuvo Diego Bossio a cargo de la Anses, presentó informes sobre los posibles impactos y en julio de 2012 señaló que replicar el caso Badaro demandaría a esa fecha 14 mil millones de pesos anuales y más de 28 mil millones retroactivos. Esta información requiere actualización. En la Corte Suprema dicen que no tienen precisiones, pero nadie niega que el impacto económico y político sería muy superior al del fallo Blanco. Hubo proyectos que circularon sobre el expediente de la Defensoría, que en su momento encabezaba Eduardo Mondino, pero quedaron en la nada. En “Badaro”, la Corte había reconocido que la jubilación se ajustara al Indice de Salarios del Indec, que en el período en danza (2002-2006) registró un alza del 88,6 por ciento. Entre las variables a contemplar en la actualidad falta claridad sobre cuántos jubilados accionaron judicialmente por esto mismo y cuantos viven aún; cuántos se sumaron a la reparación histórica y resignaron litigar; cuántos litigaron igual; cuántos no se sumaron a la reparación ni litigaron, y serían potenciales beneficiarios.

“Badaro II”, como le dicen en la Corte al expediente del defensor del Pueblo, tuvo dictamen de la Procuración en 2010. El entonces procurador, el fallecido Esteban Righi, dijo que el defensor no tenía legitimación activa para impulsar la demanda. Con esa posición, cualquier discusión sobre el fondo queda trunca. Es un camino posible. Pero sería curioso que la Corte se haya tomado diez años para decir algo tan sencillo. Hasta ahora, en la discusión interna los que tienen la postura más clara o blanqueada ante sus pares son Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que se vienen pronunciando en general a favor de los sectores más desprotegidos. Un dato relevante es que la figura del Defensor del Pueblo surgió en la Convención Constituyente de 1994 que ambos integraron. La posibilidad de admitir una acción de clase en un asunto patrimonial como éste sería un golpe fuerte para el Gobierno.

Sobre la cuestión de fondo, en caso de que avanzara, habrá un debate con muchas aristas. Por ejemplo, hay quienes creen que un fallo que le dé la razón a la Defensoría dejaría abstracta la “reparación histórica” promovida por el actual Gobierno, con la promesa de que los jubilados que se comprometieran a no litigar cobrarían más rápido, pero con el índice Ripte, que implicaba una diferencia de alrededor del 30 por ciento respecto de si se aplicaba el Isbic. Badaro, según esa teoría, impondría este último índice. Otra mirada, en cambio, sostiene que Badaro podría ser considerado abstracto al haber ley de movilidad posterior a esa sentencia. Son algunas de las tantas posibles interpretaciones. Una posibilidad también es que se haga lugar al planteo colectivo pero no a la pretensión. En cualquier caso sería relevante.

En los últimos tiempos algunos supremos no muestran sus votos hasta último momento. Mañana reunión de acuerdo y está pautada otra el martes. Hay que ver si la discusión avanza. Lo que no quita que pueda haber un plenario extra teniendo en cuenta que la resolución de este tema aparecía como prioritaria en la agenda suprema. El semestre próximo, marcado por las elecciones, en cambio no habrá agenda.