De un televisor roto a una represión salvaje distan sólo cien pasos. Son los que separan el patio de la celda colectiva donde ese aparato ayudaba a Juliana Bejar y a sus compañeras a borronear los límites del aislamiento dentro del Complejo IV de la cárcel de Ezeiza.

El 26 de junio esos pasos fueron recorridos por quienes arrojaron a Juliana Bejar a una celda de castigo por reclamar el derecho mínimo a mirar la tele, algo trivial para el común, para terminar prendida fuego y en terapia intensiva, recuperándose en estas horas de la intoxicación por principio de asfixia y de las quemaduras en el cuerpo.

A otras dos compañeras las llevaron a rastras mientras las golpeaban y las repartían entre otro “buzón” y una celda psiquátrica porque, según la directora de la cárcel, Elba Suárez, les había dado “un brote”.

El hecho gravísimo, incluida la “requisa” -una revisión de las celdas que suele terminar en la destrucción generalizada de las cosas que tienen las presas-, no tuvo repercusión en las autoridades federales ni respuesta del Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano. Los Organismos de Derechos Humanos ya no saben en qué idioma pedirle al ministro que dé la orden de poner fin a las prácticas de represión y tortura en los penales a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Hasta la semana pasada las mujeres detenidas realizaron batucadas pasivas todos los días, de 6.50 a 7.30, “para no entorpecer ni los recuentos ni las horas de estudio, con el fin de reclamar JusticiaPorYuli”, difundieron en un comunicado.

“Pedimos Justicia por Juliana Bejar, quemada en una celda de castigo en el Complejo Penitenciario Federal N° IV de Ezeiza. Denunciamos el ejercicio sistemático de la crueldad por parte del Estado sobre las mujeres y disidencias privadas de libertad”, publicó el Colectivo Nuestra Violencia es Existir, formado por compañeras de Juliana y organizaciones sociales y de derechos humanos. “El 26 de junio a las 20 se prendió fuego en una celda de castigo, pero el SPF demoró más de veinte minutos en rescatarla”. La sordera se eternizó pese a los gritos de alarma de sus compañeras, que desde otros pisos veían las llamas saliendo por el agujero negro de la mirilla.

“El Servicio Penitenciario mantuvo a Yuli encerrada en la celda de castigo escuchando sus gritos y burlándose de ella. Demoraron en sacarla de la celda y cuando lo hicieron su estado de salud ya estaba muy comprometido", relata el comunicado. La trasladaron al Hospital de Ezeiza pasadas las 21. Para entonces el SP ya había cortado los servicios de luz y gas en todo el penal, “con la clara intención de callar a las compañeras detenidas”.

Mientras Juliana pelea por recuperarse de sus heridas en el Instituto del Quemado, las mujeres exigen que se investigue y se sancione a las/os responsables y se separe del cargo a Elba Suárez, a quien consideran máxima responsable de lo ocurrido. También reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que ponga cese al autogobierno del Servicio Penitenciario Federal y dé directivas claras sobre el respeto a la integridad y los derechos de las personas privadas de la libertad bajo su cuidado.

“Que el Mecanismo Nacional Contra la Tortura inicie las acciones legales y adopte todas las medidas correspondientes contra el SPF, y aquellas que propendan al resguardo de la integridad y el derecho de protesta del resto de las mujeres alojadas que se encuentran en pie de lucha”, exigen también los organismos en el mismo comunicado. Esto incluye realizar acciones de control y monitoreo, especialmente de las condiciones de seguridad y habitabilidad de los espacios destinados a aislamiento y castigo, “donde nuestras compañeras son más vulnerables a recibir torturas y castigos crueles e inhumanos y degradantes”.

Nuestra Violencia es existir

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC) –que integran el Ministerio Público de la Defensa (MPD), departamentos judiciales y organismos contra la violencia institucional y de la sociedad civil-, realizó el 3 de julio un monitoreo sin previo aviso al Complejo IV, para constatar las condiciones de alojamiento y averiguar cuál había sido el desastre que provocó castigos a mansalva y una mujer incendiada y al borde de la muerte.

En una recorrida a los pabellones y entrevistas reservadas con las detenidas, la comisión del SICC y los representantes del MPD documentaron el lugar donde Juliana se prendió fuego e inspeccionaron el Anexo Psiquiátrico -ex Unidad 27-, para comprobar las condiciones críticas de alojamiento de las detenidas “con padecimientos de salud mental”.

La comitiva, acompañada durante toda la recorrida por la directora del penal, Elba Suárez y por la jefa del Área Médica, María Allende, recogió los reclamos de atención médica, de alimentación, de acceso a trabajo y estudio, y la problemática de la falta de un protocolo del uso de la fuerza.

“Las autoridades del Complejo no buscan alternativas de escucha y negociación para resolver situaciones de conflicto, y todo esto hay que unirlo con la protesta y posterior represión salvaje durante el Paro Internacional del 8M al que las mujeres adhirieron con un ruidazo pacífico para reclamar la paga de su peculio del mes anterior que en aquella fecha aún no habían cobrado, y porque no contarían con el dinero para ser retirado por sus familias”, advierte Eva Asprella, coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del Cels -uno de los organismos que participa del Sistema Interinstitucional- y entrevistó a las compañeras de Juliana en la recorrida del 3 de julio.

Durante una reunión en julio de 2018, Asprella ya le había planteado a Garavano el problema de responder a una protesta con requisa y represión, y la urgencia de crear un programa de uso de la fuerza. “Juntémonos, me respondía. Intenté mil veces que eso sucediera pero nunca nos recibió. El Cels tiene un modelo de protocolo básico de uso de la fuerza para el Servicio Penitenciario, de prevención de violencia y torturas, que se lo propusimos sin resultados a su jefe de Gabinete, Martín Casares, y al encargado del SPF, Emiliano Blanco. Si falta gobernabilidad política en todas las cárceles, no hay un control civil sobre un cuerpo militarizado y la Justicia no investiga ni sanciona la represión, nuestro objetivo entonces es que las cosas no queden en la impunidad.”

-¿Las entrevistas reservadas ayudaron a esclarecer qué sucedió el 26 de junio?

-Las mujeres reclamaban para que se reparara un televisor que tenían en la celda. Esa tarde en el patio del penal iniciaron una medida de protesta y resolvieron no volver a ingresar para el recuento de las 18. Finalmente sintieron frío y entraron poco después de esa hora pero la jefa mandó a la requisa, un cuerpo que entra por la fuerza, y aunque ellas no se opusieron a ser requisadas las trasladaron a otro lugar. Las penitenciarias les rompieron y mezclaron todas sus cosas con saña. Se llevaron a tres de las diez que ocupaban esa celda, entre las que se encontraba Juliana, y ahí comenzó su periplo. En el camino las golpearon en las costillas, las piernas, los brazos. A Juliana y otra compañera las encerraron en dos celdas de castigo, y a una tercera la llevaron al sector psiquiátrico porque dijeron que ´tenía un brote´. Estamos tratando de reconstruir qué pasó para que Juliana terminara en una celda encerrada incendiándose con un colchón que no era ignífugo, como marca el reglamento. No queda claro cuánto tiempo demoró el Servicio Penitenciario en sacarla y ninguna cámara del penal enfoca ese sector.

¿La utilización de celdas psiquiátricas en las protestas es una práctica común?

-Son la peor pesadilla. Hace tiempo observamos el uso de estos depósitos como método de castigo dirigido a las mujeres. Son ´celdas secas´, esto es sin baño y sin agua, donde pueden permanecer encerradas 24, 48 horas. A la joven que ingresaron en la celda psiquiátrica la doparon. Estuvo dormida dos días, sin control médico. Es una lógica carcelaria que no vemos en los penales de hombres, que impacta directamente sobre las mujeres y es utilizada en forma indiscriminada con la venia de psiquiatras que acompañan ese horror. Te ´portás mal´ o gritás y te tiran ahí, como sucedió el 8M de 2018. Queremos retomar el problema de las mujeres encerradas como una cuestión histórica que venimos denunciando desde el Cels y resaltar la necesidad de que el Poder Judicial tome razón del costo que implica ese encierro, socialmente y para las familias de esas mujeres.

Resultan doblemente castigadas y violentadas por el Estado.

-¡Claro! La Unidad de mujeres de Ezeiza atraviesa un problema fuerte de represión. Hemos planteado la necesidad de encuadrar la figura de la protesta dentro de la cárcel y considerarla como tal. Ante este pedido, la respuesta de las autoridades penales es una represión que no está supervisada ni sancionada de ninguna forma. La represión del 8M pudo haber sido una masacre, y sin embargo al día de hoy no hay sanción administrativa ni penal.

Todo inscripto en un contexto de sobrepoblación.

-Pero no sólo porque son muchas detenidas sino porque hay menos cupos para trabajo, talleres, educación, y las mujeres están más tiempo encerradas en un cubículo. Y también porque este Gobierno generó sobre población con sus políticas punitivistas. El número de presas por delitos leves va en ascenso. Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) destaca que cerca del 70 por ciento de las mujeres privadas de la libertad no tiene una condena firme y que hay un aumento alarmante del número de mujeres en prisión preventiva. La gran mayoría se encuentra detenida por delitos no violentos. Más del 60 por ciento de las mujeres están detenidas por delitos referidos en la Ley de Estupefacientes en una escala de menudeo. Muchas son madres de tres a cinco hijxs en hogares monoparentales, golpeadas por la pobreza y que desde el encierro siguen a cargo de sus familias.

En estos escenarios, los monitoreos que realiza el SICC son fundamentales.

-Los monitoreos con participación del Ministerio Público de la Defensa hacen la diferencia porque al entrar a la cárcel se destapa una olla. En esta sociedad tan avanzada sigue existiendo una especie de Inquisición con sus mazmorras y sus actos de tortura encarnados en el Servicio Penitenciario, que los convierte en práctica común, propia de ´cómo trabajar con estas pibas´. Esa violencia que el SP aumenta en dosis permanentes es un tema de gobernabilidad en el encierro, con sus formas de disciplinamiento y silenciamiento para todas. Hacen lo que quieren con las vidas de las mujeres detenidas. En estos casos es cuando el Derecho Penal tiene sentido, porque la sanción de estructuras militarizadas hace que después se cuiden de volver a cometer nuevas violencias. Pero cuando no hay sanción, hay impunidad y represión. Entonces no importa cuántas veces muelen a palos a las mujeres o las encierran en los buzones, total no pasa nada.