El fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitó esta mañana al juez Ariel Lijo que imponga el "secreto de sumario" en la causa en la que se investiga el acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino en los años '90, que significaba una quita de casi el 99 por ciento a valores actuales.

El "secreto de sumario" es una medida excepcional que los jueces suelen disponer cuando prevén allanamientos o detenciones. El fiscal solicitó la primera serie de medidas de prueba y aspira a que se mantengan en secreto hasta tanto el juez las ordene y se concreten. Para Zoni, las pruebas "podrían perderse" si el expediente continúa abierto para la consulta de las partes.

Zoni fue quien impulsó la acción penal contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, e imputó al Presidente y sus funcionarios tras la denuncia presentada por Nuevo Encuentro y un abogado particular.

Según señaló la fiscal general de Cámara Gabriela Boquín, la primera en impugnar la condonación de la deuda, el acuerdo implicaba una quita del 98,87 por ciento a valores actuales de la deuda que tiene el Grupo Macri con el Estado. Tras conocerse el dictamen de Boquin, se presentaron cuatro denuncias penales. Dos recayeron en el juzgado de Lijo, mientras que las otras dos están en manos de los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal Zoni interviene en las denuncias del abogado Daniel Igolnikov y de los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, quienes acusaron a los funcionarios de los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En su dictamen, el fiscal citó y resumió los principales argumentos de los denunciantes: que el gobierno de Macri le perdonó a su familia casi el 99 por ciento de la deuda que tenía con el Estado. Cerruti y Sabbatella compararon el criterio con la negociación con los fondos buitre: “El mismo Gobierno, con cuatro meses de diferencia, aceptó como deudor pagar un interés en dólares del 350 por ciento en un solo pago al contado y sin riesgo de quiebra, mientras que como acreedor aceptó cobrar una deuda en pesos, con un 100 por ciento de interés, a 17 años y cuando tenía la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobación del concurso”.