El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentará incluir por decreto una pregunta sobre la ciudadanía de la población en el cuestionario del Censo a realizarse el 1 de abril de 2020, según informaron medios estadounidenses. Dicha pregunta había sido rechazada por la Corte Suprema un mes atrás y, por ende, separada del cuestionario.

El mandatario anunció ayer su decisión en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, según informa el portal ABC News. La pregunta sobre el estatus legal de los residentes en el país genera controversia entre distintas organizaciones de derechos humanos, y por supuesto, los propios inmigrantes.

En un tweet publicado esta mañana, el mandatario anticipó que planeaba realizar "Una Conferencia de Prensa sobre el Censo y la Ciudadanía" luego de reunirse en la Casa Blanca con representantes de grupos conservadores. Empleando el tono jocoso con que suele introducir sus comentarios en redes sociales, Trump convocó a la opinión pública a presenciar la conferencia.

Si bien la Corte Suprema prohibió mediante un fallo la inclusión, al menos temporal, de dicha pregunta en el cuestionario de futuros censos, Trump advirtió que podría incluirla vía decreto, pese a que el gobierno ya comenzó a imprimir el cuestionario sin dicha consulta.

La realidad es que un decreto no sería suficiente para anular el fallo judicial, pero sí podría dar a los abogados del gobierno un nuevo sustento para convencer a los tribunales federales de permitir la inclusión de la pregunta.

Los resultados del censo, que se realiza cada diez años, son sumamente importantes para la estructura gubernamental, ya que determinan la asignación de escaños en la Cámara de Representantes para la próxima década y la distribución de unos 675 mil millones de dólares en gastos federales.

El gran temor de los demócratas es, en primer lugar, estratégico: temen que si los inmigrantes no son tenidos en cuenta, el gobierno redistribuya los recursos de las ciudades dirigidas por demócratas, donde tiende a agruparse ese sector, hacia áreas rurales y de población predominantemente blanca, territorio en el cual los republicanos tienen mejor desempeño electoral.

El gobierno estadounidense sostiene que la inclusión de la pregunta en el formulario del censo tiene como propósito hacer cumplir la Ley de Derechos de Voto, que protege el acceso a las urnas de los electores de las minorías. Sin embargo, expertos de la Oficina del Censo han manifestado que la pregunta sobre ciudadanía podría desalentar a inmigrantes de participar en la consulta, lo que daría como resultado un censo bastante inexacto.

A la caza de indocumentados

La aversión de Trump a los inmigrantes sumó un nuevo escándalo. El gobierno estadounidense organiza una redada masiva para el domingo 14 de julio en al menos diez ciudades del país. El objetivo es detener a alrededor de 2 mil inmigrantes indocumentados, informó el diario The New York Times,.

La acción, que fue anunciada por Trump en junio pasado, llegaría finalmente a cumplirse tras un breve retraso. The New York Times reunió los testimonios de dos trabajadores y un ex trabajador de un organismo de características similares al Ministerio del Interior, que relatan cómo la policía de inmigración llevará a cabo operaciones en diez ciudades y a lo largo de varios días. Entre las ciudades afectadas por el operativo se encuentran Houston, Chicago, Los Ángeles y Miami.

El objetivo de esta política es la expulsión de dos mil personas que ya tienen una orden de deportación, pero no la han cumplido. Son miembros de familias inmigrantes cuyo caso de asilo ya ha sido rechazado, pero continúan viviendo en el país.

El recorrido de este operativo se remonta al pasado 18 de junio. Ese día, Trump publicó un mensaje en Twitter para anunciar la expulsión de “millones de extranjeros ilegales”. Su mensaje fue duramente rechazado e interpretado como un nuevo método empleado para sembrar miedo en la población, según asociaciones de inmigrantes y organismos locales.

Las nuevas políticas anti-migratorias del mandatario implantan terror en las grandes ciudades de Estados Unidos, en donde conviven multitudinarias comunidades de indocumentados. Estas ciudades aplican las llamadas “políticas de santuario”: la policía local no colabora en tareas de inmigración ni interroga a nadie sobre su status migratorio.

Al principio de su mandato, Trump prometió triplicar el número de agentes en la policía de inmigración y expulsar del país a los 12 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos. Ninguna de sus promesas se cumplió. El departamento cuenta con unos 20 mil agentes en todo el país. Los arrestos y expulsiones no han aumentado significativamente a partir de la asunción de Trump, si se compara con los datos de la gestión Obama. Los cambios son más bien “cualitativos”: ha cambiado y aumentado la procedencia de las personas que se suelen arrestar, y la violencia con que se realizan esas detenciones.