El envejecimiento poblacional hace disminuir la proporción de población en edad de trabajar (activos) respecto a quienes no están en condiciones de trabajar por su avanzada edad (pasivos). Por ejemplo, con datos del Banco Mundial y el Indec, en los años ‘50 cuando el peronismo extendió el sistema previsional a la mayor parte de la población, había aproximadamente diez trabajadores activos por cada pasivo. Cuando el dictador Juan Carlos Onganía centralizó el sistema, la relación trabajador activo/pasivo ya había descendido a seis. En el presente, esa relación se ubica en 3,7 activos por cada pasivo. Dado que la base de todo el sistema de jubilaciones es que los trabajadores activos sostienen a los pasivos, el envejecimiento poblacional implica un desafío importante en su sustentabilidad. La respuesta a esa problemática desde el FMI es incrementar la edad jubilatoria.

Ese planteo conservador tiene sus baches. El más evidente de todos es haber “olvidado” que la productividad del trabajo ha avanzado con el desarrollo de la tecnología. Así, un trabajador argentino promedio produjo el último año un 155 por ciento más que en 1950 y un 51 por ciento más que en 1969, calculado en base a datos históricos de PIB sobre población ocupada de Cepal, Ferreres, Ceso e Indec.

Si se toma en cuenta esa evolución de la productividad, se observa que 3,7 trabajadores en el presente producen lo que 9,3 empleados en 1950 o 5,5 en 1969. Es decir, la capacidad de los trabajadores activos de sostener a los pasivos es hoy muy similar a la de 1950 y de 1969, ya que el envejecimiento poblacional fue compensado por desarrollo de la productividad. Por lo tanto, la “crisis” de los sistemas previsionales no puede atribuirse al envejecimiento poblacional.

En realidad, el desfinanciamiento de los sistemas de la seguridad social a nivel global fue el resultado del creciente empleo informal, el incremento de los salarios reales por debajo de la productividad y la disminución de los aportes patronales. En Argentina, esa tendencia se vio parcialmente contrarrestada en la última década por el incremento del empleo formal y la mejora de los salarios reales, que junto a los aportes del Estado Nacional permitieron ampliar la cobertura a adultos mayores con aportes incompletos.

Hacia adelante, la sustentabilidad del sistema pasa por reducir la informalidad laboral y recomponer los aportes patronales, y no por extender la edad jubilatoria.

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