En las últimas semanas asistimos a un hecho que tiene toda la apariencia de un acontecimiento auspicioso. El Gobierno nacional envió al congreso un proyecto de ley de Promoción de la Economía del Conocimiento . Una iniciativa que tiene la virtud de provocar, aunque sea por excepción, una mirada hacia el ámbito de lo productivo, en el marco de una política económica que tiende a concentrarse casi exclusivamente sobre la esfera de lo financiero; que para ello retoma una política establecida por el gobierno anterior, la ley de Promoción de la Industria del Software y Servicios Informáticos –aunque sin una evaluación exhaustiva de sus resultados–, y que no solo le da continuidad, sino que además la extiende a otras actividades vinculadas con la alta tecnología; y, no menos importante, que consigue para ello un amplio consenso de casi todo el arco político nacional, dando respuesta de este modo a una demanda de construcción de acuerdos para poner en marcha políticas de Estado.
Pero el entusiasmo solo dura hasta mirar el contenido concreto de la iniciativa. Porque el eje fundamental de la política se reduce a otorgar una serie de beneficios impositivos (como la estabilidad fiscal y la reducción de aportes patronales y de la alícuota del Impuesto a las Ganancias) a todas aquellas empresas que realicen actividades económicas “que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de proceso”.
El problema radica en el alcance y naturaleza de la iniciativa. En primer lugar, economía del conocimiento no es sinónimo de industria de alta tecnología. La producción de conocimiento y su relevancia para la creación de valor económico es un fenómeno que afecta a la economía en su conjunto y no solo a un grupo particular de actividades. A su vez, es un proceso que remite, no tanto a empresas aisladas, sino a los vínculos que se establecen entre actores heterogéneos. Es el efecto de un sistema. Lo que nos lleva al segundo punto. Este régimen de promoción no está articulado ni con los actores e instituciones ni con las políticas existentes en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva . Tercero, los beneficios otorgados no suponen mayor contraparte por parte de las empresas beneficiarias que el mantenimiento de ciertos requisitos básicos. Es inadmisible que se otorguen beneficios impositivos, sobre todo a grandes empresas (y en especial multinacionales), sin que exista un compromiso de inversión adicional al existente y sin que quede claro la contribución y grado de complejidad de las actividades que se proponen realizar. Cuarto, es una contradicción aspirar a promover el desarrollo de la economía del conocimiento en el marco de un proceso de reducción del presupuesto del sistema de ciencia, tecnología y educación del país y de la consolidación de un patrón de especialización productivo de baja complejidad y escasa integración en el territorio nacional.
En definitiva, se trata de una iniciativa que supone de un modo implícito un diagnóstico preciso: el núcleo fundamental del problema del sector productivo, y en particular de las actividades de alta tecnología, reside en el exceso de carga impositiva que las empresas deben pagar para sostener un Estado demasiado grande.
El problema, sin embargo, puede plantearse desde una perspectiva diferente. El desafío de la economía argentina en este campo no es cómo hacer más eficiente el patrón productivo vigente sino cómo transformarlo. El núcleo de este proceso de cambio radica en la articulación entre el sistema de creación de conocimiento y el sistema de producción. Y en cómo, sobre esa base, se avanza hacia una trayectoria de creciente complejidad. Una tarea de este tipo, como se ve, no puede realizarse desde una mirada exclusivamente fiscalista. Demanda algo más. La construcción de una estrategia integral de innovación y desarrollo productivo a nivel nacional.
* Miembros del Área de Investigación de Economía del Conocimiento del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
