Tal como estaba previsto, los jueces de la Corte Suprema tuvieron ayer su plenario y debatieron un caso clave en materia previsional pero siguen sin lograr armar una mayoría. Se trata de una demanda promovida hace diez años por el entonces Defensor del Pueblo de la Ciudad, Eduardo Mondino, para que se aplicara de manera general el famoso fallo “Badaro”, que en 2007 reconoció el derecho la actualización de haberes jubilatorios correspondientes al período 2002-2006. En su momento, la Anses calculaba que una sentencia favorable podía beneficiar a 1,3 millones de jubilados, y las sucesivas gestiones hicieron lo imposible por dilatarlo. Lo lograron, y aunque la Corte actual lo puso en la agenda del primer semestre de este año, no es seguro que puedan resolverlo antes de la feria de invierno. El caso pone en evidencia que la llamada “mayoría peronista” no funciona de manera automática, como en algún momento planteó el gobierno con aire acusador. La polémica interna ayer tuvo dos ejes: no todos los jueces supremos están convencidos de reconocer al defensor/a una legitimación absoluta para reclamar derechos; algunos, además, temen al impacto económico que pueda generar una decisión de fondo y la Anses no les ha informado de manera concreta cuántas personas al día de hoy podrían estar alcanzadas por esta decisión.

La certeza que tienen en la Corte es que, si saliera una sentencia a favor de los jubilados, el impacto sería mucho más grande que el del caso de Lucio Blanco, resuelto en diciembre último, que definió que él índice para calcular las jubilaciones debía ser el ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción) en lugar del que había impuesto el Gobierno de Mauricio Macri, que es el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores), que implicaba cerca de un 30 por ciento menos en los cálculos. Tanto en el fallo “Blanco” como “García”, que declaró inconstitucional el cobro de impuesto a las ganancias a los jubilados, trazaron una línea en favor de este sector postergado, sobre el que el Fondo Monetario pide los ajustes, que no está claro que la Corte pueda sostener. En aquellos casos funcionó la “mayoría peronista” con Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes se sumó Elena Highton de Nolasco. La posición de estos dos últimos esta vez aún no está clara. Carlos Ronsenkrantz se opone a todo: no quiere reconocer al defensor ni los derechos de actualización de haberes.

Es asombroso que recién después de diez años el tribunal recién se proponga hacer un análisis exhaustivo sobre la cuestión. El primero punto que conversaron ayer –luego de que alguno de los supremos ironizara sobre la publicación de PáginaI12 sobre el debate de este asunto-- fue el papel del defensor del pueblo y las acciones de clase: algunos de los jueces plantean el riesgo de que si se le reconoce legitimación para un reclamo colectivo luego se intente lo mismo con cualquier tema por el hecho de ser un derecho reconocido constitucionalmente. El temor es que proliferen las acciones colectivas sin fundamento. En este caso además se discute si un asunto patrimonial se puede discutir como acción de clase. Los supremos se quejan porque ya en un caso conocido como “Halabi” el tribunal le indicó al Congreso que debía aprobar una ley que regulara las acciones colectivas, pero eso nunca ocurrió. Algunos, además, dicen que como está vacante también hace años el cargo de Defensor, eso debería afectar al proceso. Además, la Corte también había exhortado que se designe defensor/a.

El otro punto clave que se puso sobre la mesa es que nadie sabe a ciencia cierta el alcance que puede tener el fallo, y algunos creen que puede llegar a ser un golpe fuerte desde el punto de vista económico. El fallo Blanco afectaba a 15.000 expedientes en la Corte y 150.000 en otras instancias. Aquí serían muchos más. La última vez que la Anses dialogó sobre este tema con la Corte, en 2012, se hacía una proyección de pago anual, que contemplaba sumas retroactivas. Algunos supremos se preguntan si correspondería un retroactivo; si quedarían excluidos todos los jubilados que aceptaron la reparación histórica o no; cuántos jubilados que accionaron por Badaro aún esperan respuesta y cuántos incluso fallecieron.

El próximo acuerdo es el martes y nadie muestra votos concretos sobre un tema tan sensible. En la Corte dicen: “Hay tiempo hasta el viernes, y si no será después de la feria”. Lo que aseguran es que una respuesta, diez años tarde, darán.