Una urbanización largamente demorada y un asesinato protagonizado por una patota vinculada al macrismo. En Los Piletones, la realidad dista mucho de lo transmitido por los equipos de comunicación del Gobierno cada vez que el presidente Mauricio Macri visita a su dirigente barrial predilecta, Margarita Barrientos, quien posee un comedor en el barrio.

Más allá de la zona de influencia de Barrientos, las complicaciones en la villa ubicada en Soldati emergen sin carga metafórica, como las cloacas mal construidas y los desagües que no desagotan de una urbanización comenzada hace más de dos años y jamás finalizada. 

Así lo denuncia la mayoría de los 8 mil vecinos que aún esperan la concreción de un plan que ubicaba a Los Piletones como un caso modelo de integración urbana para el resto de los asentamientos porteños. 

El 6 de abril de 2015, la entonces vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y Horacio Rodríguez Larreta visitaron Los Piletones para inaugurar la supuesta urbanización. Se dijo entonces que la Corporación Buenos Aires Sur, que está a cargo de las obras, había invertido cerca de 100 millones de pesos.  

Sin embargo, más allá de la apertura de tres calles, la construcción algunas viviendas y de un polideportivo, el resto del barrio se mantiene prácticamente igual: sin conexión domiciliaria de agua potable, sin cloacas y un lago altamente contaminado.

Un informe de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA y otro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) remarcan que a lo largo de los últimos dos años se advirtió en reiteradas ocasiones que las canaletas de desagüe pluvial estaban mal hechas. “Cada vez que llueve, se inundan las calles que pavimentó mal el gobierno y se inundan las casas”, dice a Página/12 Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal de Los Piletones.

Cada lluvia implica una inundación para el barrio ubicado en Villa Soldati

La situación es acuciante en la manzana 10 del barrio, que está ubicada sobre el lago Soldati, donde la Cátedra Libre de Ingeniería “detectó importantes niveles de contaminación bacteriológica y presencia de hidrocarburos”.  Ruejas advierte que allí, por las obras en el lago, hay peligro de derrumbe. “Nadie les garantiza nada a las familias que viven allí”, explica. “Las casas no son viables en una urbanización definitiva. Es necesario relocalizar esa gente, darles una solución habitacional, pero nadie nos da una respuesta”, añade.

La ACIJ advertía en 2015 que en Los Piletones las inundaciones eran frecuentes, aun cuando no llovía, porque parte del “asfaltado avanzó sobre los viejos drenajes de las calles y los nuevos se encuentran tapados de basura que no es recolectada, generando que las cloacas desborden y exploten las rejillas que las contienen”. La situación hoy es exactamente la misma: “No cambió nada de nada”, sentencia Ruejas. 

El caso de la conexión de agua es emblemático. Si bien el tendido de la red fue extendida hasta el barrio, la empresa estatal AySa objetó las obras llevadas a cabo por la Corporación Buenos Aires Sur y desde entonces se niega a llevar a cabo las conexiones domiciliarias. 

“Hoy, dos años después del anuncio, Los Piletones no es un barrio urbanizado ni integrado”, advierte a Página/12 Ramiro Dos Santos, abogado de la Defensoría General de la Ciudad, que patrocina a los vecinos. Dos Santos añade que para hablar de urbanización “falta mucho: falta que las familias acceden a algo básico como los servicios públicos, a la red de agua y cloacas (gas no hay y no va a haber, según dijeron desde el Gobierno), que dejen de tener problemas con las inundaciones, que se abran y ensanchen calles”. 

Tampoco avanzó el anunciado plan para extender la titularización de las viviendas.  La principal objeción de los vecinos es que ninguno de los servicios básicos está conectado a las viviendas. El gobierno puso como condición para titularizar la firma de un boleto de compraventa que plantea que si los vecinos no pagan la cuota por el terreno que ocupan, los pueden desalojar y la Corporación podría disponer del predio. “Los habitantes del barrio desconfían, sienten que una vez firmado el gobierno podría desentenderse de las obras de mejora”, explica Dos Santos.