Cada día que empieza termina con una mujer menos. En la Argentina cada 24 horas una mujer muere por ser mujer. El reloj titila contra las agujas y se dimensiona con más urgencias. En 2016 hubo 322 femicidios en la Argentina, según el Registro Nacional de Femicidios elaborado por las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). Solo en los primeros 44 días de 2017 fueron asesinadas 45 mujeres. Una mujer tachada por cada día del calendario. Una mujer asesinada por un femicida y desprotegida por el Estado. Con agresores dispuestos a matarlas a ellas y a sus seres queridos, muchas veces dispuestos a matarlas aunque ellos pierdan la vida o la libertad, en una saña casi inédita en otros delitos y que habla de una peligrosidad que no admite medias tintas, con armas cargadas por fuerzas de seguridad públicas o privadas o falta de control en el armamento de la población, y que gatillan también contra la vida de las mujeres agredidas y quienes pueden o quieren compartir la vida con ellas. 

Pero mientras el año empezó con un incremento de la crueldad y la ferocidad, señalada por distintas fuentes oficiales y de la sociedad civil a Las/12 y con cifras alarmantes de femicidios vinculados (en los que se mata a la víctima, a su familia, hijos, madres, hermanos, amigas, tías y abuelas como en los casos de Hurlingham y Florencio Varela), el presupuesto para proteger a las mujeres que denuncian o están en peligro y para prevenir y eliminar el machismo retrocedió y se expuso a una grave fragilidad institucional. 

El 15 de febrero el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Mujeres por la Igualdad (MEI), entre otras, presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida tomada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña que redujo el 11 de enero, por decisión administrativa 12/2017, en 67 millones de pesos el presupuesto asignado por el Congreso Nacional al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. 

Y aunque los fondos quitados vuelvan a ser asignados, la inversión pública sigue siendo escasa. Por ejemplo, en Prensa y Difusión el Gobierno gastó, por día 3,3 millones de pesos, un monto diecisiete veces mayor al presupuesto diario del Consejo Nacional de las Mujeres, según la proyección del informe “¿Cuánto valen los derechos de las mujeres?”, elaborado por ELA y ACIJ.

El presupuesto es poco. Pero, además, las medidas anunciadas se vislumbran insuficientes para poder resguardar a las mujeres que conocen su peligro y denuncian (el 30 por ciento de las víctimas según el Registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) o, incluso, a las que no saben que están expuestas y requieren de todos modos mayor protección. El 80 por ciento del presupuesto del Concejo Nacional de las Mujeres se consume en salarios del personal y el 80 por ciento del Plan de Acción contra la Violencia en la construcción de refugios (que son necesarios para casos de emergencia) pero que no resuelven todas las situaciones en que las víctimas no pueden ni quieren aislar sus vidas y, mucho menos, representan una solución para las chicas más jóvenes, más desamparadas todavía en su derecho a una vida libre y sin violencia. 

Sin más, mejores y efectivas medidas de protección las mujeres que denuncian no están protegidas de ir a un paredón por parte del Estado. A partir de la multitudinaria marcha del 3 de junio de 2015 y del movimiento Ni Una Menos las denuncias se incrementaron y las voces de las chicas que gritan No Nos Callamos Más se hacen oír. Una nota de la revista Noticias, de Editorial Perfil, vinculó los femicidios a las marchas y a Ni Una Menos y atribuyó la violencia a la rebeldía de las mujeres. El machismo y los sectores conservadores quieren callar a las mujeres. Las mujeres, en cambio, preparan un multitudinario paro internacional para el 8 de marzo. No es posible ir para atrás. Pero cuando las mujeres dicen no el Estado las debe acompañar porque, sino, se encuentran más expuestas que nunca. 

Frente a la violencia de género el peor de los caminos es quedarse a la mitad del camino. O retroceder. El presupuesto original del CNM preveía aumentar solo en un 10 por ciento el dinero para prevenir y erradicar la violencia machista. Con una inflación estimada por el INDEC (más alta en consultoras privadas) del 17 por ciento, el dinero real disminuía en un 8 por ciento y no se contemplaban fondos para el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ante este panorama, el Congreso de la Nación, el 3 de noviembre, decidió aumentar los montos. Se sumaron 20 millones de pesos (con lo que el presupuesto para el CNM pasó de $ 96.500.250 a $ 116.500.250) y se agregó la suma de 47 millones sólo para el Plan de Acción. Sin embargo, en el verano el Boletín Oficial no anotó los cambios y dejó en la nada el aumento del presupuesto. 

Después de un largo verano con idas y venidas, pero sin novedades, un grupo de organizaciones de la sociedad civil decidió presentar un amparo judicial para que se garantice todo el presupuesto asignado en defensa de las mujeres y, además, para que se pueda monitorear los montos y las ejecuciones asignadas a la lucha contra la violencia de género. Los temblores en el pulso oficial son palpables: recién después de la presentación judicial el CNM admitió la falencia y alegó que se trata de un simple error y que no aparece en los papeles la plata designada, pero que la plata está. La versión oficial del CNM, de todos modos, no fue comunicada antes del amparo de la sociedad civil (a pesar de ser de interés público) y, hasta el cierre de la edición de Las/12, no estaba garantizada en el Boletín Oficial, con lo que no hay posibilidad pública de comprobar los montos y su efectivo cumplimiento. 

“Hubo un error en el Boletín Oficial y el 20 de enero se hizo una reasignación presupuestaria desde Hacienda y se volvió al presupuesto aprobado por el Congreso”, aseguró la presidenta del CNM, Fabiana Tuñez. El Concejo aseguró en un comunicado oficial: “Debido a un error, la mencionada disposición no refleja el presupuesto real del Consejo Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la reasignación de partida correspondiente por parte del Jefe del Gabinete. Dicha partida asigna un total de 151.556.786 de pesos contemplando gastos en personal, actividades del Consejo Nacional de las Mujeres y el presupuesto específico para la implementación de las actividades lideradas por este organismo establecidas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), el cual contempla tal y como lo establece el punto 53 de los 100 Objetivos de Gobierno 750 millones para su ejecución total en tres años, incluida la construcción de 36 nuevos Hogares de Protección Integral”. 

La abogada y directora Ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi, reclama: “Esperamos que si la decisión administrativa se trató de un error en Jefatura de Gabinete se rectifique de forma inmediata con las mismas formalidades. Por otro lado, los montos que alega el CNM son distintos a las sumas que fueron aprobadas en el Congreso Nacional y sería bueno que explicaran de dónde surgen los números”. 

Las cuentas todavía no están claras. Y no está garantizado que el presupuesto peleado por el Congreso Nacional se mantenga. Aún si el Gobierno da marcha atrás en el recorte presupuestario los vaivenes monetarios muestran la precariedad del dinero destinado a preservar la vida y libertad de las mujeres. Durante enero y la mitad de febrero se esperó que se revierta la ausencia oficial y, frente a la falta de garantías, las organizaciones no gubernamentales decidieron avanzar y pedir la intervención judicial. Pero, además, se avanzó en el pedido de acceso a poder monitorear cuánto, cómo, qué y quiénes gastan los fondos públicos para combatir la violencia de género. 

Si el Gobierno –igual que con la movilidad del feriado del 24 de marzo– retrocede en la disminución de fondos contra la violencia, de todos modos la Justicia tiene otra decisión que tomar: poner (o no) la lupa sobre cuánto se gasta y cómo se gasta para proteger, efectivamente, a niñas, adolescentes y mujeres. Por lo que la Justicia no sólo tiene que actuar para garantizar el total de los fondos -aunque los fondos aparezcan y sean rubricados en los canales oficiales correspondientes- sino que, además, puede dar un paso más para que el presupuesto sirva, efectivamente, para proteger a las mujeres y no se quede en una marea dudosa o imposible de controlar. 

“Si la eliminación de estos fondos en la decisión administrativa 12/2017 que determina las partidas para la ejecución del gasto fue producto de un error, ese error debe ser rectificado con las formalidades propias de las normas. Es decir, con una nueva decisión administrativa de fecha posterior que se publique en el Boletín Oficial. Después de un mes desde la publicación de esa decisión administrativa eso no pasó. Hasta tanto eso no suceda lo concreto es que esos fondos no parecen estar garantizados”, remarca Gherardi. La posibilidad de monitorear el presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres es vital. Ya que otros programas esenciales para los derechos de género no aparecen en el Presupuesto Nacional y pueden desmantelarse sin que su vaciamiento genere repercusión. Por ejemplo, tanto el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata; el Programa de Escuelas Populares en Formación de Género; el Plan Ellas Hacen; el Programa Nacional de Educación Sexual Integral; la Oficina de Rescate para las Víctimas de Trata y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable no publican los datos de su presupuesto asignado por lo que no se conoce, con certeza y transparencia, si hay dinero para preservativos o manuales de prevención de abusos sexuales. 

No se defiende a las mujeres sólo con soplar buenas intenciones. Se necesita dinero y políticas efectivas para generar escudos frente a los agresores. Pero, además, se necesita que ese dinero sea invertido eficazmente. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia contempla que 600 millones (de un total de fondos para utilizar del 2017 al 2019 de 750 millones de pesos) sean destinados a la construcción de 36 refugios con un presupuesto que debe ser invertido por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio. El dato es llamativo porque los refugios son necesarios para situaciones de emergencia, de falta de vivienda o de riesgo altísimo. Pero, en este marco, casi no queda presupuesto para otras medidas que puedan proteger a mujeres que no quieran aislarse o que sean jóvenes y requieran de medidas acordes a su edad y no a quedarse encerradas o aisladas de su vida social.

En esta proyección presupuestaria se gastaría más de 16,6 millones de pesos para la construcción (y sólo ladrillos, pero no operatividad) de cada refugio, o sea, un millón de dólares por cada espacio destinado casi exclusivamente a la construcción de obra pública. Además, en el presupuesto asignado no se calcula el mantenimiento de las personas refugiadas ni se especifica cuántas personas y familias entrarían ni en qué condiciones edilicias. O sea: la mayor ganancia va a ser para quienes construyan, pero no se sabe cómo y con qué se va a mantener a quienes necesiten vivir en los refugios. Ni se conoce si el presupuesto contempla mobiliario y mantenimiento. 

Jose Nicolini

En el taller “Modalidades de protección para las mujeres y sus hijas/os en situación de violencia”, realizado el 28 y 29 de abril de 2016 en la Cancillería Argentina, la mexicana Wendy Figueroa informó que el costo de manutención de una mujer con dos hijos, por mes, en un refugio, es de 4.200 dólares mensuales. En el presupuesto argentino no está contemplado cómo y en qué condiciones se va a mantener a las familias refugiadas de la violencia machista ni cómo se van a mantener operativamente. Por lo que se corren riesgos de levantar las estructuras y que después no aparezca el dinero para que sirvan, realmente, a mujeres que necesitan huir de sus casas o territorios. 

Ya en el informe sombra, presentado en octubre de 2016 por distintas organizaciones de la sociedad civil ante el Comité de la Convención Para La Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) tanto ELA como otras organizaciones cuestionaron: “El Programa Nacional de Acción (PNA) enuncia un presupuesto a tres años el 80 por ciento del cual está destinado a la construcción de 36 Hogares de Proteccioìn Integral (HPI) en lugares todaviìa no identificados. No se ha publicado la información sobre los recursos que aportarán los diversos ministerios nacionales involucrados en las acciones que contempla el PNA, así como los mecanismos para garantizar tales acciones. Tampoco brinda precisiones sobre cómo se asegurará la capacitación, formación y supervisioìn de los equipos técnicos, qué organismo haraì el monitoreo y control y cómo se garantizaraì el pago de sus salarios”.

El 80 por ciento del Plan de Acción se usa exclusivamente para refugios. El resto es poco y se reparte entre un 11,27 por ciento para personal profesional para programas de atención directa, prevención, fortalecimiento y monitoreo; 4,80 por ciento para el apoyo a la creación de áreas mujer; 2,53 por ciento para programas de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil; 1,13 por ciento para materiales e insumos de comunicación y 0,27 por ciento para equipamiento. 

En cambio, algunas de las medidas más prometedoras para proteger a las víctimas de alto o altísimo riesgo como las tobilleras electrónicas para agresores con nuevos botones antipánico para las víctimas no dependen del presupuesto del CNM sino del Ministerio de Justicia y se empezaron a implementar, pero sólo en algunas jurisdicciones (como Salta, Córdoba y algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires) pero no de forma masiva, y fuentes oficiales aseguran que hay complejidad en implementar nuevas tecnologías en cada jurisdicción. El Patrocinio Jurídico Gratuito a las víctimas de violencia, aprobado por el Congreso Nacional, todavía no llega a todas las mujeres que lo necesitan y se anuncia la capacitación de abogados/as. Sin embargo, todavía las víctimas de violencia no cuentan con profesionales gratuitos que sigan sus causas ni con herramientas electrónicas –en todos los casos en los que lo disponga la Justicia– que puedan servir de barrera a los agresores y salvar vidas.  

El 1 de noviembre de 2016 en Ginebra, Suiza, Fabiana Tuñez aseguró ante el Comité de la CEDAW: “Con un presupuesto preliminar de 750 millones de pesos (aproximadamente 50 millones de dólares) para sus primeros tres años de ejecución, el Plan representa un compromiso inédito en materia de inversión pública para la promoción integral de los derechos y pone de manifiesto que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una política de Estado en Argentina”. El Presidente Mauricio Macri postéo, en su muro de Facebook el 14 de febrero, en alusión a San Valentín: “Viví un noviazgo sin violencia. La Línea 144 funciona de forma gratuita las 24 horas y todos los días del año. Si sufrís violencia en tu relación o conocés a alguien que necesite ayuda por favor llamá” y agregó un video con el lema “El amor no duele” y que advierte: “Si te dice como vestirte, si te exige la clave del celular, si te aleja de tus amigos o te insulta, no es amor, es violencia”. Sin embargo, casi no hay recursos contemplados en el Plan para atender a lxs chicxs que quieren salir de noviazgos violentos y recursos adaptados a su edad y deseos. 

Gherardi interpela: “El Poder Ejecutivo puede reaccionar rápida y políticamente y revertir la situación para dejar sin efecto el motivo de nuestro amparo antes que el juez dicte sentencia. Pero queremos poder realizar un monitoreo aunque tomen la decisión política de revertir la disminución del presupuesto. Nuestro interés es que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias y responda a un mecanismo de monitoreo público. Este amparo trata de demandar la seriedad de la política. La violencia es compleja y multidimensional y necesita acciones urgentes y al mismo tiempo. Pero si no es prioridad número uno eso no va a suceder. El contexto en el que se da el amparo es grave y de una situación aguda de violencia, de crudeza, de espectacularidad de los crímenes y de una sensibilidad especial. No puede haber medias tintas. No hay puntos medios. O es una prioridad del Gobierno presentada en la página de la Casa Rosada o no es. No puede tener claroscuros. Tiene que ser claro y contundente. Esto nos hace poner en jaque”. 

LAS DEUDAS PENDIENTES CON NI UNA MENOS

El 3 de junio del 2015 se llevó adelante la multitudinaria marcha de Ni Una Menos. Con el lema “De la foto a la firma” se consensuaron cinco puntos para que todos los sectores políticos cumplan después de las elecciones presidenciales del 2015. El colectivo Ni Una Menos denuncia que estos cinco puntos todavía no se cumplieron:

1) Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres tal como lo establece la ley 26.485.

2) Garantizar que las víctimas accedan a la Justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse, las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.

3) Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de la violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de las políticas públicas efectivas. 

4) Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos.

5) Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.