Tal como anticipó Página/12 , el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó en el Senado un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en todo el país por el término de dos años. En ese período deberán asegurarse los puestos de trabajo en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y llevar adelante un aumento de 1947 millones de dólares en la partida del área para frenar el deterioro en la infraestructura. Un informe de la entidad da cuenta de la importante caída en la cantidad de obras iniciadas, alcanzando su punto más bajo en 2018, cuando sólo se licitaron nueve proyectos. “No se constata un número tan exiguo desde 2002, cuando la cantidad de obras licitadas fue tan sólo cinco. La disminución brusca de la ejecución de obras viales no sólo acelera el deterioro de los caminos, sino que impacta negativamente en la generación de empleo”, de acuerdo con el documento del gremio.

La iniciativa fue presentada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, junto a la senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos. La propuesta planteo un plazo de dos años, en los cuales deberá reforzarse la partida presupuestaria para la ejecución de obras viales y frenar los despidos en la DNV. "Resulta indispensable que el organismo cuente con los recursos humanos necesarios para garantizar la debida atención, en tiempo y forma, de las medidas de contingencia durante el período de emergencia vial”, destaca el proyecto. “Esto requiere establecer la prohibición de despidos, suspensiones o cesantías del personal de la Dirección”, agrega.

Actualmente el Presupuesto para vialidad es de 56 mil millones de pesos, el mismo que en 2018, a lo que se suma que por una decisión administrativa, se le transfirió a la empresa Corredores Viales unos 1500 millones de pesos para hacer las mismas tareas de la Dirección. “Desde su origen, la DNV acompañó el desarrollo de nuestro país con la ampliación de la red vial. Entre 2003 y 2015, el organismo tuvo importante protagonismo en tanto se licitaron 2053 obras, se iniciaron 1930 y finalizaron 1359 en todo el país", resalta el documento, que compara esa situación con el número del año pasado (9 licitaciones).

El congelamiento de la obra pública por parte de Cambiemos no se circunscribe al programa de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, sino que fue, con matices, una política de Estado. “Tal es el nivel de merma en la actividad que de las 500 obras que se encontraban en ejecución por año entre 2004 a 2015 hoy solo se encuentran en ejecución menos de la mitad”, señalaron desde el sindicato de trabajadores viales. El contraste entre los anuncios oficiales y la concreción de las obras se fue ampliando.

En campaña se había prometido duplicar la red de autopistas y autovías. La licitación y construcción de autopistas se encontraba paralizada por la crisis vivida por los argentinos entre 2000 a 2002. A partir de 2003 y hasta 2015 se licitaron 80 obras por un total de 2300 kilómetros y se finalizaron 36 por 1200 kilómetros.” Como informó PáginaI12 el miércoles 10 de julio, a fines del 2015 se encontraban en ejecución más de 1000 kilómetros de autopistas y desde dicho año sólo se terminaron 240 kilómetros, 150 de los cuales ya estaban construidos o en etapa final de construcción por la Provincia de Córdoba, que luego abonó Vialidad Nacional”, detalla el informe.

Desde la entidad gremial también apuntan a la creación de Corredores Viales, un monstruo burocrático que entorpece la ejecución de las obras. A partir de 2017 el Poder Ejecutivo redireccionó las funciones propias de la DNV a Corredores Viales Sociedad Anónima, creada en la órbita del Ministerio de Transporte. Esta entidad, por un plazo de 99 años, tiene la potestad de gestionar ante los poderes públicos o de contratar en forma directa con organismos nacionales, provinciales o municipales y personas jurídicas privadas nacionales y extranjeras. “La nueva gestión de la DNV genero una mega estructura altamente ineficiente e inoperante. De las 500 obras por año que se ejecutaban, se ejecutan 200, de los 2800 kilómetros de autopistas que iban a construir, solo construyeron 90, de los 4500 kilómetros de ruta segura ejecutaron 0. En definitiva, los números marcan el fracaso absoluto de esta gestión”, remarca el sindicato de los trabajadores viales.