“¿Toman agua bendita en la Favela de las Almas que todas se quedan embarazadas?”, fue el comentario de la funcionaria de una clínica de la zona oeste del municipio de Río de Janeiro, la más pobre, al entregarle a Rafaela Souza, negra, de 15 años, el resultado positivo de su test de embarazo.
Nueve meses más tarde, Rafaela pasó por dos hospitales para que Miguel naciera. El primero, llamado Rocha Faria, donde iba a dar a luz por ser el más cercano, estaba de paro. Entonces le sugirieron irse al Hospital de la Mujer Mariska Ribeiro pero sin derivación oficial, transporte, ni ficha médica de urgencia. Su presión se había alterado, lo que no es buen indicio para una gestante en trabajo de parto, adolescente y en especial negra, que es la más propensa a padecer hipertensión y eclampsia.
Una vez que logró registrarse en la maternidad, el cuadro se fue agravando –tuvo convulsiones en la madrugada del 25 de abril de 2015–. A esto se sumó una dosis más de negligencias, como que el médico no estaba para diagnosticarla en el transcurso de la noche. Acabaron por hacerle cesárea y el útero de Rafaela fue extraído por una hemorragia interna. No resistió a la cirugía y la trasladaron a un tercer hospital donde terminó su vida. Todo como resultado de complicaciones graves por la presión alta. El bebé nació sano y acaba de cumplir un año.
La suerte de Rafaela estaba echada, o al menos, pues según las probabilidades tenía más chances de morir en el parto: era negra y pobre. Factores que invaden la esfera de la calidad de la atención de los servicios de salud.
Contraluz de riesgo
La mortalidad materna en Brasil es 3 a 4 veces mayor que en el conjunto de los países desarrollados al inicio de la década del 2010. Si bien en los últimos 22 años cayó de 141 a 62 cada 100 mil partos, el 2015 no cumplió la meta de la ONU, que era de 35 cada 100 mil.
En el Informe del Comité de Prevención y Control de Muerte Materna y Perinatal del Estado de Rio de Janeiro (2013), llama la atención la desproporción en el riesgo de muerte entre madres negras y blancas. Por ejemplo, en un grupo de mujeres negras con menos de siete años de escolaridad, la razón de mortalidad materna (o sea, número de muertes cada 100.000 nacimientos) es de 983. Mientras que en las segundas del mismo grupo es de 202/100.000.
Las principales causas son hipertensión, hemorragia y aborto, y lo más triste es que el 92 por ciento de los todos los casos puede evitarse. Datos consolidados del Sistema de Informaciones sobre Mortalidad del Ministerio de Salud del Gobierno Federal, indican que en 2013 hubo 1.686 muertes maternas en todo el país entendidas como aquellas que ocurren entre el inicio de la gestación y los 42 días posteriores al parto. En Río fueron 180: 121 eran mujeres negras y 55 blancas. Las afrodescendientes representan el 69 por ciento.
“Más del 60 por ciento del total de muertes se da entre mujeres negras, contra un 34 por ciento entre las blancas”, afirma Rurany Ester, coordinadora de salud de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres. Y agrega que para ella el desafío es cualificar la asistencia de los profesionales de la salud.
Los cuidados especiales por posibles riesgos y la calidad en la atención médica las desfavorece. La publicación “Política Nacional de Atención Integral a la Salud de la Mujer, Principios y Directrices” (2009), editada por el Ministerio de Salud, relata que el 5 por ciento de mujeres blancas no reciben anestesia en el parto normal y entre las negras, el doble, 11,1 por ciento. Su salario promedio es 2,4 veces más bajo que el de las blancas y el desempleo las apreta en un 12 por ciento, 3 puntos más que a las otras.
La raza negra compone el 50,7 por ciento de la población brasileña según el censo de 2010. Es la mitad y un poco más y existen lagunas de desigualdad y también de representación. En el Congreso, el 8,5 por ciento de los diputados son negros. Lo dijo recietemente Rita Izak, relatora sobre Derecho de Minorías de la ONU: la marginalidad de los afrobrasileños no es por su baja clase social sino por una discriminación estructural.
Pero ser pobre también es indicador de desventajas. El informe “Nacer en Brasil” (2012), de la Fundación Oswaldo Cruz, concluyó que de la población femenina, las mujeres negras, de baja clase social y escolaridad, son las que menos conformes están con la atención médica en general. Relatan episodios de violencia verbal, física o psicológica.
La visibilidad pública en los medios de las tasas de muertes maternas y estas diferencias raciales es tímida y discreta. Aparece muy de vez en cuando. La historia de Rafaela tuvo repercusión porque su madre hizo un merecido escándalo y fueron a la Defensoría Pública del Estado de Río. Hubo cobertura mediática y 80 organizaciones civiles firmaron una carta dirigida a las autoridades pidiendo investigación. “Como mi hija, hay muchas otras que pasan por lo mismo. Es un enorme descuido hacia la vida. La mataron”, dice su mamá Ana Carla Silva de Souza de 42 años.
No todas las familias piden explicaciones y exigen justicia. No todas hablan. Quedan invisibles y detrás de estadísticas que pocos formadores de opinión difunden y cuentan.
Peor te trato
Durante la internación estuvo con su madre Ana Carla. Cuenta que cuando le dieron los fuertes dolores de cabeza le tomaron la presión y ahí algo malo presintió, por una actitud de cuchicheo entre las enfermeras. Se puso a llorar de los nervios y ellas no le daban explicación. Ana Carla va y viene en el relato y trata de ordenarlo pero los recuerdos y el malestar la superan. Se frena y cierra las manos, apreta los labios como recuperando fuerzas y sigue contando. La sensación era de que no les tenían paciencia, sintetiza, lo que hacía aumentar su angustia y la de su hija en trabajo de parto, que no salía de cinco de dilatación. Entonces fueron a darle un medicamento que ella cuestionó. Le respondieron que era “el único que tenían a mano”.
¿Cómo fueron los controles prenatales de Rafaela?
–Fue todo bien. No tenía presión alta y siempre fue acompañada. Además, comía bien.
Deoglas, el papá de Miguel que entra y sale de la casa con su hijo en brazos, se mete en la entrevista en voz baja para recordar que en la primera ecografía lloró y que ella estaba muy ilusionada.
“Hasta que bueno... El doctor que la había atendido y que hoy es el pediatra de Miguel me decía que la pondría como paciente de riesgo. Recomendó en la libretita ‘parto normal’. Si le hubiese realizado cesárea se hubiera salvado”, insiste Ana Carla.
Sin embargo, para la enfermera-obstetra Maíra Soligo, que acompaña a la defensora pública Arlanza Maria Rodrigues Rebello por este caso, el problema no es esa cirugía prediagnosticada. “La mortalidad materna comienza desde el control prenatal que no es exhaustivo y da el alta a la parturienta antes de tiempo, y no la acompaña como debería hacerlo”, enfatiza. Para ella, con Rafaela fueron varias las causas desencadenadas. Primero, a pesar de haber cumplido con diez consultas no le marcaron más visitas después de la semana 38, como exige el Ministerio de Salud. Segundo, que siendo adolescente y negra no se evaluaron los riesgos específicos que podría sufrir. Tercero, cuando detectaron la alteración de presión en la primera maternidad, ¿por qué no la derivaron como paciente de urgencia al segundo hospital? ¿Por qué no le garantizaron un cuarto como asegura el programa Red Cigüeña de asistencia materna? Y por último, la ausencia de un médico durante la noche de internación para diagnosticarla, según el relato de la familia. Así explica Soligo que además advierte, por su experiencia, la discriminación que hay de los médicos a los pacientes cuando existe una distancia social y económica grande.
Uno de los que fue interrogado, cuenta Ana Carla, preguntó durante la sesión si el embarazo de Rafaela había sido planeado. Como si la planificación de un hijo mereciera más la vida que la de otro que no se planeó. Un desquicio. Pues se trata de la vida de una persona. Pero a ese médico lleno de prejuicios, en el fondo no le importa.
Justicia de Estado
¿Cómo supiste que serías abuela?
–Me lo contó Rafaela y casi me muero. Le dije “qué hiciste con tu vida”. Pero ella estaba feliz y compraba ropitas, zapatitos de bebé. Decía que cuando Miguel tuviera tres meses volvería a estudiar. Iba a la iglesia y aceptó a Jesús. Hizo todo bien –dice Ana Carla y mira como buscando una respuesta posible de Dios, que aún no le dio.
Rafaela quedó embarazada de su novio Deoglas de 22 años, con quien salía hacía tres años. Él es tímido y habla mirando hacia abajo. Trabajaba en reforestación de bosques y estaba construyendo una casita al lado de la familia de ella hasta que se quedó sin trabajo. Está difícil conseguir uno por la crisis.
Desde hace un año, la defensora Rodrigues Rebello aguarda información complementaria de los hospitales para iniciar un proceso.
Por su parte, Arlanza explica que “en base a informaciones más detalladas, haremos un segundo análisis, y si existió responsabilidad médica ese profesional tendrá que responder ante la Justicia. Y el órgano habilitado para eso es el Ministerio Público. El primer paso será accionar a la policía civil para que inicie una investigación que luego enviará a ese ministerio. Éste verá si hubo responsabilidad criminal, o sea, ¿qué médico debía estar en el hospital y no estaba esa noche?”
Para la familia la indemnización es lo que menos importa. Para Ana Carla, si viene ayuda económica será para darle confort a Miguel, que hoy duerme en un cuarto con sus tres tías y una prima de su edad repartidas en dos camas.
¿Qué es lo que espera ahora?
–Justicia del Estado. Que los culpables sientan lo que hicieron. Uno cree que está seguro en un hospital, entrega a su hijo y sin reparos lo matan -dice con Miguel en su regazo.
A las dos semanas del entierro al que fue toda la escuela de Rafaela, Ana Carla recibió la llamada de la maternidad. Querían saber cómo iba el postparto. “¿Ni sabían que se había muerto, que la habían trasladado inconsciente a la Unidad Intensiva del Hospital de Acari?”, se pregunta con indignación y se quiebra.
Ana Carla es jefa de hogar. Trabaja como cocinera en una casa para personas con deficiencia física y mental. Tiene tres hijas. La menor, Karen, de 14 años, estudia. Daine, de 21, es empleada en servicios de limpieza de un conglomerado de Barra da Tijuca, zona noble del oeste carioca. La mayor, Jessica, de 23 años, es la ama de casa y cuida a los dos bebés.
Viven sobre una ladera de calles de tierra, angostas y casas amontonadas una arriba de otra. Es la Favela De las Almas, una de las 763 que tiene Río de Janeiro. Queda cerca de la estación de tren Benjamin Monte, una después de Campo Grande. Son 30 paradas desde la Central do Brasil. El recorrido pasa por Madureira –sede de la escola de samba Portela– y Bangu –donde se encuentra el Complejo Penitenciario Gericinó–. A medida que se aleja del centro, los paradores son más precarios, los yuyos y paredones más altos. Por allá no hay mar.
De acuerdo con el Censo de 2010, Campo Grande es uno de los diez barrios cariocas con mayor cantidad de habitantes. Está en la región oeste que según el estudio “Favelas na cidade do Rio”, publicado por el Instituto Pereira Passos (2010), es la más pobre de Río. Desde arriba, sobre un desnivel inclinado que se hace sentir dentro de la casita, la familia de Rafaela espera una respuesta.
El caso Alyne
La de Alyne fue una historia similar en la Bajada Fluminense (región metropolitana de Río de Janeiro), donde un tercio de la población vive en condiciones de pobreza. Alyne Pimentel murió por hemorragia interna hace trece años. Luego de un parto inducido de un bebé muerto que no fue detectado a tiempo, aguardó catorce horas para que le retiraran la placenta. Debilitada y ya con hemorragia siguió esperando ocho horas más para ser atendida, hasta que una ambulancia la trasladó al Hospital de Nova Iguaçu para una transfusión de sangre. Allí murió.
Su historia llegó a la ONU a través del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, que presentó la mortalidad materna como una violación de derecho humano. La petición por Alyne alegó que el sistema público de salud de Brasil fue responsable por su muerte y que el gobierno violó el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación y a la reparación. Todos derechos presentes en la Constitución Federal de Brasil.
Discriminación silenciosa
Brasil tiene la Política Nacional de la Salud Integral para la Población Negra, que define principios y estrategias de gestión para promover la igualdad y mejorar las condiciones de este segmento de la población que supera a la mitad de los brasileños. Se basa en los principios constitucionales de ciudadanía y dignidad de la persona, de igualdad y de repudio al racismo. A su vez reafirma los principios del Sistema Único de Salud de la Ley 8.080 de 1990: universalidad del acceso, integralidad de la atención, igualdad de la atención médica a la salud y descentralización político-administrativa. Pero la realidad atropella leyes y normativas.
“Esto sucede porque la discriminación está tan arraigada en el imaginario social que es difícil percibirla y asumirla. El gran problema es que se niega y no se admite. Nadie va a decir abiertamente que discrimina pero la barrera existe y es una cultura que hay que cambiar”, dice Celso de Moraes Vergne, coordinador del Departamento de Participación Social y Equidad de la Secretaría de Salud del estado de Río de Janeiro. Y agrega que los que mayor satisfacción demuestran en la atención médica del sistema público de salud son en primer lugar hombres blancos y por último, mujeres negras.
La asesora técnica de la Secretaría de Salud, Gilda Alves de Oliveira, mujer negra, explica que en ese organismo funciona una defensoría para recibir quejas por mala atención pero no hay registros de racismo verbal. “Pero la discriminación es más estructural”, advierte.
Alves habla de “racismo silencioso” y cuenta que hace veintiún años, en el registro de la clínica privada donde tuvo a su hija inscribieron que tenía educación secundaria cuando en realidad estaba terminando una maestría en la Universidad de Río. “Pero como soy negra, la asociación inmediata que hicieron fue: negra-pobre-baja instrucción”, relata.
También sucede con los médicos negros que fueron apenas el 2,66 por ciento del total de egresados de la carrera, según un trabajo del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (2010). Maria Aparecida Patroclo, negra, profesora de salud, médica y miembro de la ONG Criola, cuenta que cuando alguien (paciente o enfermero) la buscaba en su sala y aún no la conocía personalmente, le preguntaban dónde podían encontrar a la doctora Maria Aparecida. “Nunca me preguntaban si era yo. A lo sumo me confundían con una enfermera. En el imaginario de la gente yo no representaba el estereotipo que los brasileños tienen de un médico, que debe ser blanco.”
Por eso hay un problema con las estadísticas oficiales sobre raza y color en la salud pública. Y es que son imprecisas. En los hospitales y clínicas no siempre se completa esa información en la ficha de ingreso. Moraes Vegner detalla que eso sucede porque los funcionarios omiten la pregunta del formulario sobre raza/color de piel (que tiene las opciones de: negro, mestizo, indígena o amarillo) por miedo a ofender al paciente ante la pregunta de cómo se autodefine en su color. “Y eso tiene que ver con nuestra historia, es decir, reconocerme negro en una sociedad que tuvo esclavitud aun implica reconocerme como subalterno. Muchas fichas quedan incompletas, lo que no ayuda a procesar con exactitud las estadísticas nacionales para nuestras políticas contra el racismo.” Por ejemplo, en 2014 la cantidad de negras internadas en los hospitales públicos de Río fueron según el Sistema de Informaciones Hospitalares 167.829, y las ignoradas, o sea aquellas a las que no se les preguntó ni se les completó el campo raza/color en la ficha fueron 135.696. “Esa proporción de gente sin declaración posiblemente sea de personas que tienen mayor dificultad en lidiar con esa información: es la población de pobres y negros”, concluye.
Rita Izak afirmó al diario Estadão que “lamentablemente la pobreza continúa teniendo color. De las 16,2 millones de personas pobres el 70,8 por ciento son afro-brasileños. El 80 por ciento de los analfabetos son negros. El 64 por ciento de ellos no terminan la educación básica”. Y afirma que a pesar de las iniciativas no hubo un cambio de la realidad de discriminación y pobreza que afecta a la población negra brasileña.
La historia de Rafaela, a quien se ve en sus últimas fotos en el babyshower con su novio Deoglas besándole la panza, es una vida de este Brasil latente y olvidado que no puede quedar inadvertido, dejando pasar una hoja más en blanco.
