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Al cumplirse este jueves 25 años del atentado contra la AMIA, la investigación sigue dominada por la política internacional, no por las pruebas. La movida tuvo como eje remover a los fiscales que estaban en la Unidad AMIA y fueron logrando avances importantes en el expediente. En su reemplazo tomó las riendas un fiscal elegido por el gobierno, Sebastián Basso, que pasó a concentrarse en la pista internacional, más precisamente en Irán y Hezbollah.
Eso explica por qué la Unidad AMIA emitió este viernes un texto concentrado en eso que no aporta ningún elemento relacionado con el lugar dónde se armó la camioneta en Buenos Aires, quién consiguió los explosivos, quién manejó el vehículo hasta la AMIA, con qué identidad entró al país quién supuestamente protagonizó el atentado. El objetivo es emitir un decreto alineando a la Argentina con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido declarando que Hezbollah es una organización terrorista y que Irán financió los atentados de Buenos Aires.
Otro paso que intenta la administración Macri, aunque con controversias internas, es el de establecer el juicio en ausencia, o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes. Por su parte, se dice que Basso viajó a Estados Unidos a tomarle declaración a un supuesto testigo clave.
Organizador
Desde 2009 está en el centro de la escena un sujeto que supuestamente se llamaba Samuel Salman El Reda, que utilizando una partida de nacimiento falsa, en la isla de San Andrés, obtuvo pasaporte colombiano. El individuo, de origen libanés, se casó con Silvina Saín, la hermana de una secretaria del agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohshen Rabbani. Durante años el prófugo era Samuel El Reda, pero en 2016, El Líbano y un par de familiares del prófugo proveyeron la verdadera identidad, revelando su verdadero nombre: Salman Salman.
Las pruebas contra él son esencialmente telefónicas. Se supone que el atentado fue coordinado por un hombre que utilizó un celular a nombre de André Marques en la Triple Frontera. A ese teléfono llamó Salman Salman y se sabe que era él porque también se comunicó con su familia y luego habló con teléfonos de El Líbano que, según la CIA, son de Hezbollah.
Los dos familiares que testificaron en la causa confirmaron que Salman Salman estuvo en la Argentina, que incluso tiene una hija argentina y una brasileña, y que actualmente está con vida en El Líbano. Pero esos mismos familiares dijeron que no sabían nada de que tuviera que ver con el atentado o que integrara una agrupación como Hezbollah.
En todo caso el texto oficial de la Unidad AMIA no duda en adjudicarle la responsabilidad a Hezbollah y a Irán, argumentando que el ataque se decidió en una reunión del régimen de los atayatolas en la ciudad de Mashad, en 1993. La información sobre ese encuentro es muy dudosa y surgió de grupos opositores iraníes. También el texto menciona que hubo una reivindicación de un brazo de Hezbollah, algo que la organización desmintió innumerable cantidad de veces.
Es decir que la base de la acusación son informes de inteligencia extranjeros.
Nueva prueba
El informe oficial no menciona una prueba que se está trabajando de la mano de Estados Unidos. Aparentemente en el país del norte hay un detenido, sospechado de tener que ver con un atentado, que habría mencionado que Salman Salman era su jefe.
Habrá que ver qué datos aporta teniendo en cuenta que pasaron 25 años del atentado en Buenos Aires. Este diario le consultó al fiscal Basso si es cierto que viajó a Estados Unidos para hablar con ese detenido, pero el funcionario señaló que no podía hablar del tema. Según parece hay un convenio de confidencialidad con las autoridades norteamericanas.
Avances
Tras la muerte de Alberto Nisman se designó a tres fiscales en la Unidad Amia. La ahora jueza Sabrina Namer, junto con Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini. Más tarde entró Santiago Eyerhabide por Filippini. Ese equipo logró varios pasos adelante tomando medidas que Nisman no quería concretar por temor a que la evidencia le destruyera sus hipótesis, siempre alineadas con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y también con la SIDE. Por de pronto se acreditó la existencia de la camioneta usada como coche bomba a través del uso de un microscopio de barrido electrónico que analizó las partecitas encontradas en los cuerpos de las víctimas durante la autopsia. Esos trozos metálicos se compararon, a través de los electrones, con los usados en las camionetas Trafic.
También se utilizó tecnología moderna genética para analizar todos los restos humanos que estaban sin identificar. Así se determinó que un cuerpo encontrado en el atentado correspondía a Augusto Jesús, hijo de una señora que estaba y murió en la mutual judía ese día. También ese trabajo permitió establecer que había restos que no se correspondían genéticamente con ningún familiar de las víctimas. Eso consolidó la hipótesis de la existencia de un suicida. Nisman incluso le había dado nombre y apellido a ese suicida, Ibrahim Berro. Sin embargo, los nuevos fiscales compararon el perfil genético de dos hermanos de Berro, Abbas y Hassan, uno de los cuales entregó sangre para hacer el estudio, y se demostró que los restos no se correspondían.
De manera que la conclusión que fue sacando la Unidad AMIA es que existió camioneta, existió suicida, pero que no se trató de Berro. Todo con la provisoriedad que daba una investigación en marcha.
Internacional
La Unidad AMIA post-Nisman no abandonó la llamada pista internacional, pero no se casó de forma definitiva con ninguna pista. Siguieron el rastro de Salman Salman y entablaron un diálogo con la fiscalía general de El Líbano: eso permitió el avance respecto de la identidad del sospechoso. Después de aquel contacto con las autoridades libanesas, el diálogo se cortó.
Pero con esa conformación de la Unidad Amia nunca hubo un pronunciamiento tan categórico respecto de Hezbollah como ahora, bajo la conducción de Basso. Siempre fue una hipótesis, se los consideró sospechosos e incluso se corrieron las órdenes de captura reemplazando El Reda por Salman Salman. Pero el límite fue que no podía haber definiciones a esa altura de la etapa procesal.
Tampoco podía descartarse la pista siria, basada en una llamada del argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul al armador de autos truchos Carlos Telleldín, último tenedor de la camioneta que estalló en la AMIA. Esa comunicación se produjo el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. Sin embargo, los fiscales no pudieron encontrar pruebas sólidas contra Kanoore y tampoco aparecieron en el extenso juicio por encubrimiento. Kanoore cuenta con una falta de mérito en la causa judicial, pero los fiscales nunca abandonaron esa pista.
Necesidades
El alineamiento de Macri con Trump, el "favor" que le hace el FMI por influencia norteamericana con la provisión de fondos al gobierno de Cambiemos, le dan un marco a lo que pasa con la causa Amia. El diario La Nación publicó esta semana que Macri prepara un decreto por el cual la Argentina declararía que todo Hezbollah es una organización terrorista. Ese paso lo dio este año el Reino Unido siguiendo a Estados Unidos e Israel, pero fue rechazado por el resto de Europa, que considera terrorista únicamente a su rama militar. Sucede que Hezbollah es un partido parlamentario en El Líbano, con el diez por ciento de los votos. Y además es clave para sostener al gobierno actual de ese país y juega un papel de importancia en la lucha contra el Estado Islámico.
En línea con el decreto que prepara la Casa Rosada, la Unidad AMIA se lanzó a afirmar, sin que le tiemble el pulso, que el atentado fue cometido por Hezbollah y financiado por Irán. Lo sostiene de forma taxativa, como nunca lo había hecho antes, justamente porque buena parte de las supuestas evidencias provienen de fuentes más que dudosas: la oposición iraní, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la ex SIDE.
En la misma sintonía, parte del gobierno prepara el llamado "juicio en ausencia", o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes en el supuesto juicio. Es algo que no se usó ni siquiera con los represores porque la legislación argentina pone el acento en el derecho a la defensa, es decir que no puede hacerse un juicio sin que estén presentes los acusados y sin que ellos mismos hayan elegido a sus abogados. Además, muchos juristas cuestionan que se intente aplicar una norma procesal nueva a un hecho ocurrido hace 25 años.
Todas estas jugadas político-judiciales tienen como objetivo darle una justificación más a Washington y a Jerusalén para su ofensiva bélica contra el régimen de Teherán. La Argentina se involucraría otra vez en los eventuales bombardeos, en lugar de estar del lado neutral y pacifista.
Para colmo, la jugada política oscurece las orfandades probatorias. Porque el punto clave es que resulta difícil afirmar una culpabilidad internacional cuando la investigación fue un fracaso.
A 25 años del atentado no se saben las cuestiones esenciales:
¿Cuál fue realmente la carrocería que se usó en el atentado? (ver aparte)
¿De dónde salieron los explosivos?
¿Dónde estuvo la camioneta en los días posteriores a que saliera de las manos de Telleldín? ¿Quién armó el coche-bomba?
¿Quién ingresó al país para cometer el atentado? ¿Con qué identidad?
¿Quién dejó la camioneta lista con los explosivos en el estacionamiento ubicado al lado de la Facultad de Medicina?
¿Quién retiró la camioneta de ese estacionamiento y la manejó hasta incrustarla en el edificio de la calle Pasteur?
¿Quién se fue del país después del atentado? ¿cómo salió?¿Adónde fue?
Son datos elementales. El atentado de las Torres Gemelas se pudo investigar a partir de los datos sobre los 19 hombres que subieron a los aviones, dónde habían estado, cómo ingresaron a Estados Unidos, cómo aprendieron a pilotar aviones y muchísimos otros detalles. Esa es una base para armar el posible origen del ataque. En la investigación del caso AMIA, ni las policías ni los servicios de inteligencia, ni el gobierno de aquel momento, el de Carlos Menem, produjeron reales avances en la investigación.
