El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) e Inquilinos Agrupados (IA) presentarán este lunes en la Legislatura porteña un paquete de proyectos de ley para declarar la emergencia habitacional y frenar los desalojos forzosos, además de otra serie de medidas que busca paliar los efectos que tiene la crisis económica y la falta de regulación del mercado inmobiliario en el acceso a la vivienda. Para eso, las iniciativas apuntan a que se desarrollen políticas que permitan incorporar los inmuebles ociosos en la ciudad, públicos y privados, crear una Oficina de Bienes Inmuebles y el Registro Público de Titulares y Usos de los bienes inmuebles, y un impuesto al inmueble desocupado. Además, un Programa de Subsidios para personas en situación de calle, que elimina las restricciones actuales que tienen las personas para acceder a dicho beneficio.

El primer proyecto, que declara la emergencia habitacional, propone la creación de un Fondo para la Emergencia, "integrado por hasta el 25 por ciento de las ampliaciones de crédito correspondientes al presupuesto en vigencia", que no podrá ser "inferior a 2 mil millones de pesos". Establece la suspensión de los desalojos forzosos de inmuebles del GCBA o en causas judiciales que tramitan en fueros de la ciudad mientras dure la emergencia.

Además, suspende por el plazo de cuatro años, las acciones y medidas procesales que tramiten en los tribunales de la Ciudad que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles donde habiten grupos familiares. Y declara de Utilidad Pública y sujeto a la ocupación o uso temporario de los inmuebles objeto de procesos judiciales o administrativos de desalojo mientra esté en vigencia la declaración de emergencia.

El segundo proyecto propicia incorporar los inmuebles ociosos que se encuentran dentro de la Ciudad a un "efectivo uso residencial, comercial, cultural, de bien común o público, u otros usos sociales o ambientales, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la vivienda". Para ello, crea la Oficina de Bienes Inmuebles con la función relevar la información, administrar el Registro de Titulares y registrar los contratos de alquiler que tengan por objeto inmuebles y unidades funcionales ubicados en la Ciudad. También fija en su artículo 10º un impuesto, que se liquidará mensualmente, al inmueble ocioso. El monto tendrá como base el valor mensual del impuesto inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza aplicable a los inmuebles declarados ociosos. La tercera iniciativa crea el Programa de Subsidios Habitacionales para personas en situación o en riesgo de situación de calle, para reemplazar la modalidad actual que impone restricciones para que las personas accedan al beneficio. Las personas o la familia "deberá ser residente de la Ciudad con una antigüedad mínima de un año, poseer ingresos menores a la Canasta Básica Total establecida para la Ciudad".

Situación habitacional dramática

"La situación habitacional es dramática para un amplio sector de la población que vive en la calle, hoteles, pensiones, inquilinatos y en villas. Todo un sector vulnerable que toma visibilidad los inviernos, pero cuyas condiciones se vienen generando desde hace años en la ciudad. Y a eso se suman sectores medios empobrecidos que transfieren la mitad de sus ingresos a un sector minoritario de propietarios. El 42 por ciento de los ingresos totales familiares se destinan al pago de alquiler, y esto se agrava con el peso que tiene el pago de tarifas y servicios", explicó el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, a Página|12.

A ese contexto, Muñoz sumó que "las viviendas están dolarizadas, el precio por metro cuadrado es el más alto, la estafa de los créditos (UVA), que endeudó a gran cantidad de gente, y la venta de tierras públicas para desarrollos privados, en lugar de destinar esos terrenos para solucionar los problemas habitacionales".

Para completar el cuadro detalló que el 55 por ciento de los habitantes de la ciudad tiene problemas habitacionales: el 40 por ciento alquila, el 10 por ciento vive en villas, el 5 por ciento en pensiones e inquilinatos. Y a esto se agrega que, de acuerdo al Segundo Censo Popular realizado por organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, y la presidencia de la Auditoría General porteña, hay 7251 personas en situación de calle.

El abogado urbanista y titular del OBC, Jonatan Baldiviezo, recordó que desde "2013 la Ley 1408 de "Emergencia habitacional" no tiene nueva prórroga ni se discute en la Legislatura, pese a que todos los indicadores han empeorado". Y advirtió que "la cantidad de familias en barrios populares ha aumentado, sólo en el Barrio Padre Mugica de 2010 a 2017 pasó de 28 mil a 42 mil familias. Aumentaron las familias que están alquilando, pasamos de un 20 por ciento en 2001, a casi el 40 por ciento actual. Y hay más inmuebles vacíos. Se calculan unos 200 mil, mientras aumentan los desalojos. Sólo en el barrio de La Boca hay unos 200 en curso".

También señaló que la Ciudad no incorpora viviendas para destinarlas a viviendas sociales. "El estado porteño te hace propietario o te da un subsidio. Cuando en las grandes ciudades europeas, a la que muchos quieren parecerse, el 10 por ciento de la totalidad de las viviendas son del Estado y tienen un uso social. Manteniendo esa relación, la ciudad tendría que tener unas 150 mil viviendas destinadas a ese fin".

Y remarcó que "la Constitución de la Ciudad, sancionada en el '96, auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos" en su artículo 31. Este mandato permite incorporar esas viviendas para aumentar la oferta y disminuir el alquiler, al equiparar oferta y demanda. Y como ocurre en muchas ciudades de Europa, la vía es un impuesto a la vivienda ociosa".