Los movimientos sociales preparan una jornada nacional de ollas populares para este miércoles. Lo anunciaron en el Obelisco, donde referentes de la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Frente Darío Santillán y el FOL denunciaron que la Anses dejó de pagar el salario social complementario a miles de beneficiarios de los programas sociales, en un mes en el que volvió a aumentar la pobreza. El plan de lucha tendrá una segunda jornada el 7 de agosto, día de la tradicional marcha de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo. Junto a las cuestiones más urgentes, relacionadas con el mantenimiento de los salarios sociales y el envío de alimentos a los comedores, las organizaciones piden que el Congreso Nacional dé tratamiento a seis proyectos de ley de la economía popular, todos ellos con estado parlamentario pero frenados por la bancada oficialista.

Los proyectos impulsan la prórroga por cuatro años de la Emergencia Social, la declaración de la Emergencia Alimentaria, y las leyes de Infraestructura Social, de Agricultura Familiar, Emergencia en Adicciones y Emergencia en Violencia de Género.

Se trata de propuestas de políticas públicas para armar cooperativas de trabajo para obras de mejoramiento en barrios y asentamientos, otras relacionadas con garantizar un piso de alimentación a las familias de menores ingresos, sostener las casas de acompañamiento para personas con consumos problemáticos y -en el caso del proyecto de presentación más reciente- para generar medios con que hacer frente a la violencia de género.

“Es necesario volver a la calle, a pesar de que sectores de Cambiemos están agitando que lo queremos hacer en forma violenta”, sostuvo Esteban Castro (CTEP) en la Plaza de la República, el lugar donde la semana pasada las organizaciones fueron gaseadas por la Policía de la Ciudad cuando intentaron armar una carpa para visibilizar el aumento de las personas en situación de calle.

La represión de la semana pasada fue mencionada en todas las intervenciones, mientras varios centenares de militantes con pancartas y bombos le ponían clima de manifestación a la conferencia de prensa. Castro cargó contra el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que el día del desalojo del Obelisco calificó a las organizaciones sociales de “patoteras” y de “querer poner a las trompadas una carpa”.

“Nos trató de mafiosos por bajar unos colchones para dar cobijo a los humildes. No sé qué entiende el jefe de gobierno por mafia. Estamos haciendo muchos de los trabajos que el gobierno debería haber y no hace”, replicó el dirigente de la CTEP.

En la rueda de prensa hablaron dos mujeres. “Nos indigna ver que en nuestros comedores sigue creciendo la masividad de las familias completas que entran a pedir un plato de comida”, acentuó Norma Morales, de Barrios de Pie. Su compañera Jackie Flores, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, salió al cruce de los que cuestionan la existencia de las organizaciones sociales. “Nunca fuimos planeros de nadie ni somos mano de obra barata de ninguno: tenemos el mandato de pelear por una vida en plenitud, con el trabajo como principal ordenador”.

Los lugares donde se instalarán las ollas en Capital Federal, según adelantó Rafael Klejzer (MP La Dignidad), están están ubicados frente a cuatro edificios de la Anses, el organismo señalado por realizar las bajas de beneficiarios. A su vez, en el conurbano las organizaciones estiman que serán un centenar, la más visible de ellas en el Puente Pueyrredón. “Vemos un mecanismo de ajuste silencioso. Las compañeras se enteran de que no les depositaron el salario social el día que van a cobrarlo”, coincidieron en las organizaciones.

Sobre los montos de los programas, el Gobierno pagó a principios de este mes el último tramo del aumento anunciado para el Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, llevándolo a 7500 pesos mensuales. La Asignación Universal por Hijo tiene, por su parte, atada su recomposición a las subas del salario mínimo vital y móvil y hoy está en 2652 pesos por hijo; en parte, debido a que marzo el Gobierno adelantó el incremento de todo el año. Esto evidencia que en la Casa Rosada hay un registro de la gravedad de la crisis social y una intención de mantener la calle despejada de conflictos sociales en un año de elecciones. El problema es que la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 57,3 por ciento, un récord que no se registraba desde 1991. Y fue mucho más elevada en los alimentos, sobre todo en los productos de consumo básico, que se dispararon casi 8 puntos por encima del índice general. El índice de desempleo del primer trimestre superó el 10 por ciento y la pobreza, según la medición del Observatorio de la Universidad Católica, estaría ya en el 35 por ciento.