Dos ex jueces civiles, un martillero, un secretario y un empleado bancario irán a juicio por el delito de asociación ilícita para cometer estafas reiteradas al Banco Municipal. A casi cinco años de la denuncia que la entidad bancaria hizo ante la Corte Suprema de Justicia santafesina por manejos irregulares con los fondos de cuentas embargadas mediante oficios judiciales, el fiscal Carlos Covani pidió que la causa sea elevada a juicio escrito. Los hechos, para algunos delitos como falsedad ideológica, ascienden a más de un centenar. Aunque las maniobras comenzaron desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, donde estaba a cargo el juez Jorge Scavone, la mayoría se produjo desde Civil Nº 17, donde Alejandro Martín estaba al frente. "Se trata de un despliegue en el que se probabiliza una convergencia de voluntades", aseguró Covani en su escrito. El fiscal acusó a Martín como jefe de la asociación y al martillero Oscar Kovalevski como organizador. La pena mínima es de 5 años.

Sobre el inicio de las maniobras, Covani detalló: "Valiéndose del conocimiento de la existencia de fondos depositados en cuentas judiciales a la orden del Juzgado Civil y Comercial N° 1, el titular, Jorge Scavone, junto al martillero Kovalevski y el abogado Luciano García Montaño se apropiaron de fondos judiciales depositados en el Banco Municipal, en relación a diversas causas. Los mismos se encontraban inmovilizados". Luego, la mayoría de las maniobras se realizaron desde Civil 17º, con el mismo modus operandis y durante dos años.

Para el fiscal, "del contexto probatorio derivan elementos suficientes para demostrar la vinculación (entre los imputados)". Y agregó: "Se encuentra acreditado que de manera oficial el Banco Municipal informó periódicamente a cada uno de los Juzgados los fondos inmovilizados que existían a su orden. A partir de allí, seleccionadas las cuentas (con depósitos disponibles), se habrían requerido los estados de situación de las mismas, información con la que se generaban oficios bajo la forma de órdenes de pago", en favor de Kovalevski, García Montaño y un abogado que finalmente no fue imputado porque dijo haber recibido los oficios de mano de Kovalevski, con quien tenía una relación de colaboración laboral.

La maniobra, según expresa la acusación, "estaba directamente encaminada a hacerse indebidamente del valor consignado en cada uno de ellos". Covani agregó que "la mecánica operativa se sustenta en el análisis exhaustivo de los oficios que ordenaban los pagos a sus respectivos beneficiarios. De ahí surgieron datos que al ser cotejados con los volcados en las cuentas bancarias en las que los fondos se hallaban depositados, a disposición del juzgado, comprueba la situación expuesta".

En rigor, el fiscal considera que "la falsedad de las órdenes de pago que se emitían no sólo contenían datos que no se correspondían con la realidad de la registración del Juzgado sino que además disponía dinero por conceptos inexistentes en los procesos y respecto de personas que no habrían tenido actuación profesional en los mismos, indicio de falsificación. Todo ello para hacerse del dinero judicialmente depositado".

La requisitoria ya había sido presentada a fines de 2015. En esta nueva presentación para llevarlos a juicio, Covani unificó las investigaciones (de Civil 1 y Civil 17), ya que se trata del mismo modus operandis, con los mismos imputados. "Se trata de una sola asociación ilícita", aseguró.