En un escrito sin precedentes, que dejó a varios jueces y juezas boquiabiertos, el Procurador General interino Eduardo Casal denunció al juez de Casación Alejandro Slokar ante sus pares por haber dicho en un reportaje con PáginaI12 que le parecía “muy grave” que el organismo a su cargo no hubiera adoptado “una posición más seria con respecto (al fiscal Carlos) Stornelli”. “La situación institucional es crítica”, había cuestionado el camarista después de ser apartado para que no intervenga más en el llamado “D’Alessiogate” –la causa por espionaje que tramita en Dolores-- por pedido de Elisa Carrió. Slokar, como era evidente, se refería a lentitud con que tramitan un sumario y un expediente administrativo contra Stornelli, situación que le dio comodidad para faltar cinco veces a la citación a indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, por ocho hechos que lo involucrarían en investigaciones por canales ilegales, acusaciones armadas y presuntos aprietes. Según Casal, “los magistrados deben controlar el tenor de sus declaraciones a medios masivos de comunicación”. En tribunales, algunos jueces interpretaron la ofensiva del jefe de los fiscales como una amenaza a la libertad de expresión.

El texto de Casal está dirigido al presidente de la Casación, Carlos Mahiques, pero fue analizado por varios de los integrantes del tribunal, que representa la máxima instancia penal que quedaron sorprendidos. Los casadores que integran el tribunal de superintendencia archivaron el planteo sin darle ningún tipo de trámite.

La carta está planteada como una manifestación de “preocupación” de parte de procurador interino, que cita a la Corte Suprema para decir que “quienes ejercen la función institucional del Poder Judicial deben hacerlo con la mayor prudencia en el desempeño de su cometido, en especial mediante la mesura, a circunspección y la estimación respectiva y comedida de todos los demás integrantes de la sociedad que de u modo u otro cumplen su misión dentro de un orden republicano”. Además acusa a Slokar de meterse con la actividad de un “organismo autónomo” en una cuestión “propia de su competencia”. En un informe reciente, el relator de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, puso sobre el tapete que este tipo de iniciativas o advertencias se utilizan en busca de un efecto que paralice o condicione a otros jueces. Un grupo de organismos de derechos humanos y abogados se reunió recientemente con el relator para plantear varios casos de violación a la independencia judicial, entre los que está incluida la causa de Dolores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, considera específicamente que los jueces/as, fiscales y defensores/as públicos/as, gozan de un amplio margen de libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público.

Los defensores de Stornelli

La causa que tramita en Dolores ha sido objeto y vector de toda clase de advertencias hacia el juez Ramos Padilla y los denunciantes, y el efecto llegó hasta Slokar. Los hechos investigados salpican a integrantes de los tres poderes del Estado que podrían quedar implicados en graves maniobras de espionaje y armado de causas. A Casal le atañe la situación de Stornelli a partir de que éste decidió faltar a la citación a indagatoria de Ramos Padilla en cinco ocasiones. Está citado para este jueves por sexta vez , pero como recurrió su declaración de rebeldía ante la Corte todo hace suponer que tampoco irá. Por la “rebeldía” la Procuración le abrió un sumario y hay una investigación administrativa en marcha por su comportamiento puntual a raíz de las denuncia y la pesquisa que lo vincula a operaciones del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. La primera citación fue a fines de marzo. Según fuentes allegadas al sumario, que solo debe establecer si hay una inconducta de Stornelli por eludir la justicia, el trámite difícilmente termine antes de septiembre. En el expediente administrativo se han pedido copias de causa supuestamente conexas a la de Dolores (como la que se inició con las escuchas tomadas en el penal de Ezeiza para poner en jaque la pesquisa de Ramos Padilla) y se ha llamado como testigos a grandes defensores de Stornelli como la propia Carrió y el arrepentido estrella Leonardo Fariña. Ya van cuatro meses de vueltas alrededor de la situación del fiscal federal que parece lejos de ser suspendido o de que alguna medida lo obligue a rendir cuentas. Otro fiscal implicado y procesado, Juan Bidone, fue directamente “licenciado” en la provincia de Buenos Aires, donde el sistema es claramente menos permisivo, hasta que se defina su responsabilidad.

“No es la crítica lo que a mi modo de ver pone a esas expresiones (las de Slokar) en pugna con con “acordadas” de la Corte “sino lo términos empleados”, que el procurador consideró “agraviantes” y carentes “de fundamentos”. La frase completa de Slokar, al ser consultado sobre la situación de Stornelli fue: “Prefiero no hablar de “rebelde”. Rebelde era James Dean. Técnicamente es un magistrado contumaz, que elude una y otra vez la comparecencia ante un juez. En tanto imputado cuenta con todos los derechos garantizados para hacer valer cualquier táctica o estrategia en el marco de un proceso. Pero un fiscal tampoco es cualquier imputado. Lo que me parece muy grave es que la Procuración General no adopte una posición más seria. La situación institucional es crítica”. Casal sin embargo insiste en justifica el proceso aplicado y el tiempo transcurrido así: “ante la situación de rebeldía de un fiscal, se ha impulsado de inmediato el procedimiento disciplinario pertinente con la intervención del órgano consultivo legal y reglamentario previsto, con cuya opinión unánime se ha coincidido”.

El cuestionamiento a los jueces que ponen en evidencia los propios entramados del Poder Judicial y/o Ministerio Público y sus complicidades políticas, es una práctica característica del Gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo con el propio Ramos Padilla, contra quien formuló un pedido de juicio político que está en trámite. A Slokar también intentaron reactivarle una denuncia de tres años atrás, que abrió la puerta a su apartamiento en el caso de Dolores, y la expresiones del Procurador se suman a esa línea que, a la vez y con esa misma lógica, amaga con provocar un efecto sobre la libertad de expresión y de acción otros jueces o juezas. Lo mismo se está comprobando por estos días con las denuncias formuladas por el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, replicadas por la gobernadora María Eugenia Vidal y la corporación judicial.