La jueza María Servini procesó a Raúl Martins, a su esposa y a otras tres personas por explotación sexual y asociación ilícita. Al líder de la organización -ex agente de la SIDE denunciado hace siete años por su propia hija, Lorena Martins- le fue dictada la prisión preventiva y en estos momentos se encuentra en calidad de prófugo de la Justicia. El fallo de la jueza de instrucción determinó, además, un embargo millonario para el proxeneta por unos 10 millones de pesos e incluyó el pedido de extradición a México -donde reside Martins desde los años 90-, en línea con lo planteado por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría especializada en el combate de la Trata y la Explotación de Personas (Protex).

En la misma resolución también fueron procesados y embargados, pero sin prisión preventiva, Estela Noemí Percival, quien dice ser la ex esposa de Martins, Virginia Inés Solís, Mario Oscar Ozán y Guillermo Martín Soto. La investigación determinó que esas cuatro personas eran los encargados de los diferentes locales que funcionaban en Buenos Aires, donde se explotaba sexualmente a mujeres. Todos ellos permanecerán en libertad, decisión que fue criticada en duros términos por la querella, a cargo de la organización La Alameda. Su titular, Gustavo Vera, adelantó a PáginaI12 que apelarán ante la Camara Federal: “Sugestivamente a los demás integrantes de la banda, que pueden ser detenidos inmediatamente, se los deja sin prisión preventiva ante el obvio peligro de fuga. Sería bueno que el juzgado de Servini deje de jugar con las formalidades procesales y efectivamente encarcele a los delincuentes que durante todos estos años siguieron explotando sexualmente a mujeres. Es lo que pediremos en la apelación ante la Cámara”.

El fallo de 50 páginas detalla de manera pormenorizada cómo funcionaba la asociación ilícita. Mediante tareas de inteligencia, testimonios y numerosos allanamientos en los locales que operaban bajo la pantalla de bar/café/whiskería, Servini pudo determinar que “efectivamente había mujeres que ejercían la prostitución, evidenciándose también que entre ellas y los dueños del local existía algún tipo de relación laboral relacionado con la oferta de sexo a cambio de dinero” en al menos tres lugares: Av. Juan B. Justo 5302, Vicente López 2257 y Anchorena 1119, todos en CABA.

Según detalla la resolución, se pudo probar que los imputados “se embarcaron en un emprendimiento comercial ilícito que tenía por objeto principal la explotación sexual de personas mayores de edad”. En concreto, se constató que “las mujeres debían de entregarles a los dueños del bar el dinero que les pagaban los clientes que con ellas mantenían relaciones”.

El auto de procesamiento afirma que la banda de Martins no podría haber funcionado ni podría haberse sostenido en el tiempo sin la protección de los diferentes poderes del Estado. “Este conjunto de hechos sólo podría llevarse a cabo a través de la impunidad que a Raúl Martins y los restantes miembros de la organización les garantizaba la protección de funcionarios estatales, situación palmaria por las relaciones que se probaron a lo largo del dictamen con miembros del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad federales y provinciales y de la ex municipalidad de Buenos Aires”. Además, señala que “la presencia de negocios en más de un país -que estarían vinculados no sólo por integrar el mismo negocio ilegal sino porque constituyen lugares de acogimiento de víctimas de trata de personas- sumado a la existencia de activos financieros o cuentas bancarias en otros tantos países dan una dimensión transnacional a esta organización criminal”.

Para la Justicia ya está demostrado con lujo de detalles cómo operaba la banda y cómo funcionaban los prostíbulos. Con un expediente que comenzó en 2013, aún no se hizo efectiva ni una sola detención. La hija del ex agente de inteligencia hoy procesado, Lorena Martins, criticó la lentitud con que la Justicia tomó decisiones. “Da la sensación de que es una causa que va moviéndose de acuerdo a algún tipo de presión política y de los altos mandos de la vieja SIDE -dijo a PáginaI12-. Y el vínculo tan estrecho que tiene mi padre con el poder hizo que se demoraran decisiones que deberían haber estado firmes en el primer año del expediente. Sin embargo, la jueza archivó esta causa inicialmente y, si no hubiera sido por una apelación de la UIF durante el gobierno anterior, la causa estaría muerta. Pero hay tantas pruebas que ya era indecente. Y la cajonearon todo lo que pudieron.”

La jueza basó el pedido de prisión preventiva para Raúl Martins en “las características de los delitos inculpados y la pena con la cual se encuentra reprimido”, mayor a los ocho años de prisión. Servini consideró que si lo mantiene en libertad, Martins “intentará burlar la acción de la justicia y entorpecer la marcha de la investigación”. Tras varios intentos fallidos finalmente fue indagado este año en Cancún, a donde permanece prófugo. En esa oportunidad no respondió preguntas y negó todos los cargos. Ya pesaba sobre él un pedido de captura internacional, que sería efectivo sólo si pisa suelo argenitno. Mientras sigue siendo buscado por Interpol, ahora se suma el pedido de extradición de la jueza de Comodoro Py.

Lorena Martins siempre afirmó que su padre fue el gerenciador en las sombras de la campaña de Mauricio Macri para jefe de gobierno porteño. Ante la consulta sobre los tiempos de la Justicia Federal y los lazos de Martins con el macrismo, advirtió: “Creo que el resultado de esta causa depende de las elecciones. Si mi viejo cae o alguien de su banda cae, pueden empezar a hablar y a perjudicar a muchísima gente”.