Desde Madrid

En el 2012, después de que el Congreso de los diputados de España aprobara la reforma laboral impulsada por el Partido Popular (PP), el presidente del Gobierno durante aquel año, Mariano Rajoy, celebró la nueva regulación, y afirmó que era lo que necesitaba España para crecer y crear puestos de trabajo.

Siete años después de la aprobación de aquella ley, el país ibérico ha logrado reducir los altísimos niveles de desempleo pero a costa de transformarse en una de las naciones más precarizadas de la Unión Europea (UE), y con los jóvenes como sus principales víctimas. Esta semana, el Banco de España precisó que ese colectivo gana menos ahora que hace una década, quebrando una lógica de treinta años en la cual siempre la nueva generación ganaba más que la anterior.

La Oficina Europea de Estadística señaló que a junio de este año casi uno de cada tres jóvenes no encontraba trabajo en España, un nivel que dobla la media de los países del bloque de los 28, ubicada en torno al 14,3%. Por otra parte, la temporalidad, una verdadera epidemia en el país ibérico, se situó durante el 2018 en el 26,8%, muy por encima de la media de la UE, que alcanza un 14,2%.

El principal responsable de este retroceso según el Banco de España es el marco regulatorio del mercado laboral. Aquella reforma que Mariano Rajoy había propuesto como salvavidas de la economía española, pero que ha sumergido a la ciudadanía en un mar de precariedad y salarios bajos.

Guillermo Rodríguez (29) representa uno de los casos más extendidos en el mercado post reforma laboral. "Desde que ingresé a la compañía en mayo de 2018, he firmado seis contratos temporales, el más corto de un mes y el más largo de seis, y he tenido un mes de parón (sin trabajar)", explica Rodríguez, que trabaja como tester de video juegos en una multinacional norteamericana con una sede en Madrid. Esa lógica de contratación que describe este joven español se conoce como el “encadenamiento de contratos”, y es uno de los esquemas que se les permitió utilizar a las empresas tras la reforma laboral, con un límite de 24 meses.

Los datos oficiales del 2018 demuestran que esta dinámica ha sido la preferida de las compañías españolas, y se ha impuesto escandalosamente sobre los contratos indefinidos. Del total de nuevos empleos registrados el año pasado, 89,75% fueron temporales, mientras que solo el 10,25% fueron de larga duración. Días atrás, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llamó la atención sobre este panorama, y le reclamó a España que los costos para las empresas en los contratos fijos y temporales sean comparables para evitar que se haga un uso abusivo de estos últimos.

Esta precariedad que distingue el marcado de trabajo español no es el único estrago causado por la reforma laboral, también lo es la caída de los salarios. "Recientemente me han subido en cincuenta euros el sueldo, pero cobraba 1100 euros por mes”, señala Rodríguez, que como su familia reside en Cádiz, alquila un piso en Getafe, al sur de Madrid, por el que paga 675 euros, equivalentes a más del 50% de sus ingresos.

El aumento de salario que recibió Rodríguez es posible que haya estado relacionado con el pacto presupuestario que alcanzaron el Gobierno de Pedro Sánchez y la fuerza Unidas Podemos a finales del 2018, y que permitió elevar el Salario Mínimo Interprofesional un 22,3%, y situarlo en 900 euros. Un impulso que el Ejecutivo socialista destacó como la mayor suba desde 1977 y que, sin embargo, ha dejado los salarios españoles en un 80% del salario medio europeo.

Desde el máximo sindicato del país, la Unión General de Trabajadores (UGT), precisan que uno de los aspectos más lesivos de la reforma laboral ha sido la prevalencia del convenio colectivo de empresa por sobre el de sector. “El cambio introducido por la reforma empeora radicalmente las posibilidades sindicales de mejorar las condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores de un sector. Sobre todo si consideramos que la gran mayoría de las empresas españolas son pymes donde la actividad sindical es escasa y, por ende, la capacidad negociadora de los trabajadores es muy débil”, señala Jesús Gallego, Secretario de Política Internacional de UGT.

El Secretario General del mismo sindicato, Pepe Álvarez, afirmó recientemente a eldiario.es que la única fórmula que esperan discutir con el próximo Gobierno en relación a un cambio en el régimen de trabajo, es que se derogue completamente la reforma laboral. Precisamente, esa será la gran discusión política que se verá en los próximos meses (sino años), si Pedro Sánchez logra ser investido este 23 o 25 de julio en el Congreso de los diputados.

Durante las últimas semanas, la reforma laboral ha sido objeto de debate entre las dos principales fuerzas de izquierda españolas, PSOE y Unidas Podemos. Mientras que la última ha planteado sin ambivalencias la necesidad de derogar la ley actual, el partido socialista ha dado mensajes ambiguos, y no está claro si plantearán su derogación o la modificación de algunos de sus artículos.

En el interín, trabajadores como Guillermo Rodríguez saben que la precariedad de los contratos temporales puede extenderse por 24 meses, y cuando ello termine, deberá regresar a un mercado laboral en el que, como apunta el Banco de España, casi uno de cada tres jóvenes no logra encontrar un empleo.