Casi 9 años después, con el impulso de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Alejandro Finocchiaro, reaparece una propuesta que finge preocuparse por la situación de los jóvenes vulnerados por el propio modelo de exclusión que lidera Mauricio Macri.

En efecto, en el mes de septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto denominado Servicio Cívico Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la oposición de entonces y el pleno respaldo del vicepresidente Julio Cobos, estaba dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban, a quienes se les “proporcionarían cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. El entrenamiento “se desarrollaría en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que se afectara al Servicio”. Se puntualizaba expresamente que los participantes “deberían respetar los reglamentos de las Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”. El primer objetivo, que constaba en el artículo 2º del proyecto aprobado, era “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”.

¿Por qué a los mentores de aquella iniciativa, pensar en “espacios de contención” para adolescentes y jóvenes en “situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y desprotección, habría que precisar) los llevaba a pensar en los cuarteles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de contención? O habría que preguntarse a qué contención se refería la norma o en qué pensaron sus autores? ¿Acaso en una suerte de intento de revitalización directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio? Hasta el propio Ejército rechazó aquel proyecto, que luego no llegó a prosperar en la Cámara de Diputados.

El mismo día en que se aprobó dicho proyecto de ley en el Senado, Cobos publicó un artículo de enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires. Y un agudo lector, de esos que envían comentarios a los diarios, develó la verdadera y profunda esencia de esa iniciativa. Le escribió un mensaje de apoyo a Cobos por su nota, finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga miedo de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no sólo los vacunos necesitan bretes”.

Rápidamente se entiende el significado de brete, pero puede resultar útil repasar algunas de las acepciones que figuran en los diccionarios: “en las estancias y mataderos, sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos las bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”.

¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia los jóvenes pobres contienen estas aparentemente beatíficas propuestas?

El neoliberalismo empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores que proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles militares. La democracia debe garantizar -y tiene que estar en condiciones de hacerlo- que las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad“, como si se trataran de políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, se debería garantizar que las instituciones en las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean las que los incluyan y contengan.

Una vez más se intenta, por medio de este proyecto de claro tinte macrista, cristalizar la existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas más profundas de la pobreza.

En suma, para los jóvenes pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y las universidades privadas.

* Alayón es trabajador social; profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).