Un documento oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que la caída de la demanda y la volatilidad financiera redujo la capacidad del gobierno de Macri para promulgar las reformas necesarias y ha sofocado la inversión internacional en la Argentina. El informe está publicado en la página oficial del Departamento de Estado, lleva fecha del 11 de julio pasado y es consultado por todas las empresas estadounidenses con intereses en la Argentina, como referencia para la decisión de inversiones.

“En 2018, la economía argentina sufrió el estancamiento de su crecimiento, alto desempleo y elevada inflación: el nivel de actividad económica se retrajo en un 2,6 por ciento y la inflación anual alcanzó al 47,6 por ciento hacia fin de año. Esta situación de deterioro económico le impidió a la administración Macri implementar las reformas estructurales que podrían haber orientado el manejo de variables constitutivas de la estanflación: altas tasas de interés, altos costos laborales, acceso al financiamiento, agobiante burocracia e infraestructura obsoleta”.

El informe también cuestiona que “en septiembre de 2018, Argentina estableció un nuevo impuesto a la exportación de bienes hasta el 31 de diciembre de 2020, y a partir de enero de 2019 empezó a aplicar un impuesto similar del 12 por ciento en muchas de sus exportaciones de servicios. Excepto por el caso del sector energético, el gobierno ha fracasado en sus intentos de quebrar el poder de los sindicatos y promulgar las reformas necesarias para atraer la inversión internacional.

El documento elogia los esfuerzos del gobierno de Macri por buscar una nueva inserción en el contexto internacional. En rigor, lo que aplaude es el alineamiento del país detrás del gobierno de Estados Unidos. Reconoce, además, la activa búsqueda del gobierno por mejorar el clima de inversiones, los cambios en la regulaciones en las áreas de energía, gas, comunicaciones, tecnología y aviación comercial “para mejorar la competitividad y proveer incentivos buscando atraer inversiones en dichos sectores”. También destaca las licitaciones en infraestructura inalámbrica, gas y petróleo, minas de litio, energía renovable, pero al mismo tiempo advierte que “muchos proyectos de asociación público privada para obra pública previstos para 2018, debieron ser demorados o cancelados debido a las mayores dificultades macroeconómicas y por el impacto de las investigaciones en curso por corrupción en contrataciones de obras públicas”.

En el capítulo dedicado al sistema bancario, el informe lo describe elogiosamente, señalando las ventajas de tener costos operativos equilibrados, ingresos diversificados y alto nivel de liquidez. Sin embargo, señala que debido a condiciones adversas local e internacionalmente, “con una economía entrando en proceso recesivo con alta inflación y muy elevada tasa de interés, el crédito al sector privado en pesos, tanto a empresas como personales, sufrió una caída en términos reales del 18 por ciento en 2018. Pese a ello, “los bancos se mantuvieron bien preparados para enfrentar el mal tiempo”, sin extenderse en explicaciones sobre cómo logran acumular más ganancias por afuera de la economía real.

Uno de los puntos en los que específicamente centra la atención el informe es en la postergación de reformas estructurales. El extenso documento de análisis, compuesto de un resumen ejecutivo y 12 títulos, que en su mayoría están dedicados a describir las condiciones regulatorias y las políticas del gobierno hacia el capital extranjero. Uno de estos capítulos, el 11, está dedicado en particular a las “políticas y prácticas laborales”. Arranca en tono elogioso, destacando que “los trabajadores argentinos están entre los mejor educados y capacitados de América latina, frecuentemente citado por inversores extranjeros como uno de los factores clave para decidir sus inversiones en el país”. Señala el alto nivel de la seguridad social y salud del que gozan, pero también las altas tasas y costos laborales que van asociados, lo cual plantea –a criterio de los capitales estadounidenses—un punto a revisar.

“Las leyes laborales son comparativamente proteccionistas en Argentina, y los litigios por trabajo son frecuentemente citados como un importante factor de incremento de costos laborales”, cita en referencia a comentario de los empresarios con actividad en el país. Hace referencia a que el nivel de conflictividad varía según el sector de que se trate, y menciona a los gremios aeronaúticos en particular como un área problemática, que “llegan a impedir la operación de las empresas” montados en el poder que le otorga la composición del sector con varios gremios conviviendo en las mismas empresas.

El informe hace una particular referencia al acuerdo de flexibilización alcanzado en Neuquén con el gremio petrolero, que “permitió reducir costos laborales en un sector clave como la extracción de hidrocarburos no convencionales”. Destaca la intención del gobierno de alentar la extensión de este tipo de acuerdos a todos los sectores, e incluso la promoción de una reforma laboral ansiada por los sectores patronales, pero admite las dificultades para alcanzar ese objetivo en un clima de creciente conflictividad, con paros y movilizaciones “que han llegado a paralizar la ciudad capital por varias horas”. “Las demostraciones callejeras suelen involucrar a decenas de miles de manifestantes”, apunta, subrayando la importancia que tendría para atraer inversiones extranjeras lograr la hasta ahora frustrada reforma laboral.