Investigadores y docentes de ocho universidades nacionales estatales denunciaron haber sido marginados sin razón fundada de una convocatoria oficial para la realización de un trabajo de investigación en el marco del programa Salud Investiga, a través del cual el exMinisterio de Salud de la Nación financia con hasta dos millones de pesos estudios de interés para el diseño de sus políticas públicas. Y más aun, dejaron planteadas sus suspicacias ya que de 25 trabajos seleccionados para la edición 2019 del programa, 8 –el 32% del total– fueron adjudicados al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) que presidió Adolfo Rubinstein hasta su designación como ministro de Salud, en el que actualmente su hermano Fernando integra el staff directivo, lo que denotaría un manifiesto conflicto de intereses. Desde la cartera de sanitaria negaron que hubiera irregularidades .
En su carácter de investigador responsable del proyecto titulado “Condiciones de elegibilidad de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia de Buenos Aires como ámbito de formación y desarrollo de los/las profesionales de la salud”, Martin Silberman pidió la revisión de la evaluación, a la que le consideró “falta de validez, de idoneidad y por lo tanto injusta”.
Por Twitter, Silberman calificó de “vergonzosa” la convocatoria de Salud Investiga a la que se presentaron en conjunto las ocho universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires (UNAJ, UNS, UNMdP, UNLP, UNICEN, UBA, UNLaM y UNR). Adujo que su propuesta contó con la participación “de 17 expertos en el tema, 5 profesores/as con maestrías, tres con doctorado en áreas de salud pública y epidemiología y en atención primaria de la salud”, y que tras ser evaluados por dos expertos fueron calificados “con 9,75 y 8,75 sobre 10, con comentarios exhaustivos y elogiosos”.
Sin embargo, “el panel final nos calificó con 5 puntos!!, lo que nos dejó afuera, con una evaluación con severos errores de conceptos. No hubo expertos evaluando, y en vez de Salud Investiga es Amigos Investiga”, denunció el docente que se desempeña como profesor asociado en la carrera de Medicina del Trabajo que se dicta en la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela, y forma parte del área de investigación del hospital “El Cruce-Néstor Kirchner”.
"No revisaron exhaustivamente"
Los investigadores de las universidades públicas manifestaron que el panel evaluador final incurrió en comentarios absolutamente erróneos acerca de cuestiones que estaban claramente explicitadas, tales como la cantidad de municipios en que se desarrollaría el estudio; la estandarización de los procesos entre las instituciones participantes y la difusión de los resultados. “Confiando en la buena fe, creemos que no revisaron el proyecto exhaustivamente”, dijeron los docentes.
Para Pablo Badr, quien es profesor adjunto del área “Salud individual y colectiva” de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur y formó parte del equipo de investigación, “en nuestro estudio buscábamos describir las condiciones laborales de los trabajadores de los CAPS, para poder identificar la capacidad formativa que tienen para los profesionales y evaluar la adecuación entre la estructura de los CAPS y la demanda poblacional, conociendo los factores políticos y administrativos con los que cuentan como para poder tomar decisiones en torno a sus necesidades”.
La realización de la investigación fue finalmente adjudicada al Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires –a la que también estuvo ligado el secretario de Salud Rubinstein–, recayendo la responsabilidad como investigadora principal en María Dolores Arceo. “Nos ganó una médica sin antecedentes en la investigación y una institución que sí sabe llegar al ex ministro”, lamentó Silberman, quien además de ser magister en Salud Pública fue uno los científicos repatriados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto que pretendían desarrollar los investigadores del consorcio de universidades preveía una duración de dos años, para lo cual recibirían una beca de dos millones de pesos. El presupuesto anual que Salud Investiga destina para becas es de unos 40 millones de pesos, y cada proyecto obtiene un máximo de 2 millones, por lo que IECS se alzará con el 40% del total. Y si bien Salud Investiga no fija un límite de cupo para las instituciones que resulten ganadoras, el financiamiento se destina hacia instituciones públicas o privadas sin fines de lucro en las que el investigador principal no puede tener relación contractual con la secretaría de Salud.
"Nuestro proyecto fue calificado con más de 9 puntos por los expertos evaluadores externos, pero cuando fue evaluado por gente del exministerio –que no son expertos en la temática del proyecto– le pusieron la mitad”, dijo Adrián Alasino, quien es decano de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
“Estamos pendientes de una nueva revisión técnica porque vemos con preocupación que varios proyectos beneficiados corresponden al sector privado, específicamente los del instituto IECS, donde podría haber un claro conflicto de intereses y esto nos preocupa sobremanera”, concluyó el docente.
Polémica
Salud negó conflicto de intereses
“Me sorprende que haya investigadores que se quejen porque fue un proceso muy competitivo y la evaluación se publicó en la Revista Argentina de Salud Pública”, dijo a PáginaI12 el director de Investigación para la Salud de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Raúl Mejía, minutos antes de la entrega de las becas a los ganadores del programa Salud Investiga, cuyos resultados fueron cuestionados por investigadores de ocho universidades nacionales.
“Se hizo con un mecanismo internacional en el cual las propuestas se dieron a dos evaluadores externos que las calificaron, después se reunieron todos los evaluadores en paneles y discutieron las propuestas y pusieron nota final por voto secreto. Con esos resultados se hizo un ranking, algunos ganaron, otros perdieron. Es un mecanismo transparente y con evaluadores ajenos al Ministerio”, detalló. “Es el mismo mecanismo que se usa en Estados Unidos y Canadá, y lo implementamos exactamente igual. Que lo critiquen de turbio es una pena”, evaluó el funcionario.
Por otra parte, Mejía negó que hubiera un sesgo en la selección de las propuestas para favorecer al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), que fundó y presidió hasta su asunción en la función pública el titular de la cartera de Salud, Adolfo Rubinstein.
“Muchos (en el Ministerio) somos investigadores de carrera y renunciamos a los institutos cuando asumimos. Cuando entré deje de trabajar en el Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), y Rubinstein renunció al IECS. Que el hermano este ahí, no es un conflicto de intereses, porque también es investigador. Si no, no puede trabajar nadie. El IECS tiene 30 años, y se dedica a eso, a investigar. Hubo doce lineamientos, y el IECS salió con ocho, con paneles diferentes, evaluadores diferentes y líneas diferentes. La verdad que acusar de favoritismo es una maldad de alguien que perdió”.
